Américas

Actualmente, una de cada cuatro personas de interés de ACNUR vive en las Américas (en 2018, era una de cada seis). Mientras prevalezcan las causas del desplazamiento, se espera que las cifras se mantengan al alza en 2022. El éxodo provocado por el deterioro de la situación en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en todo el mundo. En Centroamérica, el desplazamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras se debe a la incesante violencia y a devastadores eventos climáticos; al mismo tiempo, la situación política en Nicaragua continúa forzando a la población a salir del país, sobre todo en dirección a Costa Rica. Desde que se firmó el acuerdo de paz de 2016 en Colombia, miles de personas han sido desplazadas por la fuerza en zonas afectadas por la violencia armada. El impacto de todos estos factores se ha agravado con la pandemia de COVID-19 y con otros fenómenos naturales y meteorológicos extremos, como el terremoto que golpeó a Haití.

La pandemia acentuó aún más las marcadas desigualdades que prevalecen en las Américas, hecho que afectó desproporcionadamente a las poblaciones desplazadas. Las restricciones en las fronteras limitaron el acceso al asilo y al territorio. Al no tener más opción, las personas siguieron recorriendo rutas peligrosas e irregulares, lo que aumentó el riesgo de que sufrieran explotación o violencia de género. Quienes no contaban con permisos de estadía regular tenían poco o nulo acceso a servicios esenciales, como educación, atención médica y vacunas contra la COVID-19. Además, la grave desaceleración económica socavó los esfuerzos por alcanzar la inclusión socioeconómica. En 2021, la inestabilidad regional, combinada con servicios públicos llevados al límite, alimentó la propagación de la xenofobia. Sin importar que las restricciones al movimiento y al tránsito se eliminen, se espera que el efecto socioeconómico de la desaceleración persista en 2022. En el mismo tenor, el acceso desigual a las vacunas podría impedir una recuperación rápida.

En respuesta al desafiante panorama que se asoma en 2022, ACNUR busca mejorar las respuestas sensibles a la protección empleando recursos y capacidades colectivas del Estado, de las autoridades locales, de los socios, de las comunidades y del sector privado. ACNUR se centrará en brindar asistencia vital, sobre todo en las zonas fronterizas y en otras comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, donde los recursos han llegado al límite o las personas han estado expuestas a fenómenos climáticos extremos. Las comunidades participarán activamente en el diseño y la implementación de los programas para impulsar la protección y la inclusión, sobre todo de niñas y niños, sobrevivientes de violencia de género y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo.

Para alcanzar soluciones a largo plazo, ACNUR reforzará los esfuerzos nacionales por ampliar el acceso a procedimientos de asilo y estadía regular, documentación, servicios públicos, vacunas y recuperación económica postpandemia, que juegan un papel esencial para garantizar que las personas desplazadas puedan cubrir necesidades básicas y alcanzar la autosuficiencia. En colaboración con los sectores público y privado, actores de desarrollo y otras partes interesadas, ACNUR ampliará el alcance de los programas de integración que promueven la inclusión y el emprendimiento, así como una mayor eficacia en el acceso a la educación.

ACNUR respaldará los esfuerzos por garantizar el reasentamiento de personas en mayor riesgo, al tiempo que apoyará la reunificación familiar y otras vías complementarias. La cooperación regional seguirá siendo esencial para coordinar acciones para prevenir y dar respuesta al desplazamiento forzado en la región. Al coliderar la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial conocida como R4V y el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes, ACNUR y OIM garantizarán que la respuesta interagencial a la situación de Venezuela en 17 países sea consistente. Al mismo tiempo, apoyarán el Proceso de Quito – una iniciativa de diversos países latinoamericanos que busca armonizar las políticas nacionales de los países de acogida – como el principal foro de coordinación intergubernamental. En Centroamérica y México, en cooperación con otras agencias de la ONU, actores de desarrollo, instituciones financieras internacionales y el sector privado, se fortalecerá la colaboración con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que es dirigido por los Estados.

Apoyando la implementación del Plan de Acción de Brasil

La Declaración de Brasil de 2014  contiene compromisos para mantener los más altos estándares de protección para las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas en América Latina y el Caribe. Esta reconoce los principales desafíos humanitarios que afectan a la región y contiene innovadoras propuestas sobre cómo abordarlos. El Plan de Acción de Brasil destaca 11 programas estratégicos en concreto a ser implementados por los gobiernos participantes en la década siguiente. La implementación del Plan de Acción de Brasil para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resulta crítica, incluso a través de acciones específicas en temas de equidad de género, protección infantil  y educación. La región constituye un terreno fértil para lograrlo, ya que los estados lideran la inclusión de personas de interés en los programas nacionales para la reducción de la pobreza, programas de empleo y emprendedurismo. En febrero de 2018, 35 estados y territorios renovaron el compromiso adquirido en Brasilia y acordaron una compilación regional de buenas prácticas, que se conoce como los 100 Puntos de Brasilia, destacando la importancia del intercambio de conocimientos entre América Latina y el Caribe, así como la solidaridad y las responsabilidades compartidas a nivel regional.

Apoyando el Pacto Mundial sobre Refugiados: CRRF Regional

Sobre la base del Plan de Acción de Brasil 2014 y la Declaración de Acción de San José 2016, la Declaración de San Pedro Sula fue adoptada en una conferencia regional de alto nivel en Honduras en octubre de 2017. La conferencia lanzó la iteración regional del marco integral de respuesta de refugiados para América y México. El Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) incluye planes de acción nacionales para cada país participante, desarrollados a través de consultas dirigidas por el gobierno con todas las partes interesadas, como personas de interés del ACNUR, equipos de las Naciones Unidas en los países y representantes de la sociedad civil, el sector privado y la academia como parte de un enfoque “integral”. Las redes y organizaciones regionales apoyan estos planes de acción nacionales y están estableciendo mecanismos de responsabilidades compartidas.

El MIRPS también se centra en las diversas dimensiones del desplazamiento forzado en los países de origen, tránsito y destino, incluso para ayudar a abordar las causas raíz, mejorar las soluciones de protección en los países de tránsito y destino; y ampliar el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a un tercer país. El ACNUR participa activamente en el lanzamiento del MIRPS en la región para garantizar la cohesión entre los procesos que se llevan a cabo a nivel regional y mundial.

Las prioridades para 2019 incluyen mejorar de la alianza con los actores del desarrollo, las instituciones financieras internacionales y otras agencias de la ONU; impulsar el monitoreo fronterizo, la recepción y las admisiones y el acceso a las actividades de asilo, y aportar visibilidad y operacionalizar los compromisos asumidos por los países parte del MIRPS.

Dando respuesta al desplazamiento forzado

La cifra de personas de interés provenientes del Norte de Centroamérica continúa en crecimiento. Las solicitudes de asilo en Estados Unidos, México y Costa Rica aumentaron en un 56% en 2017, mientras que un número aún mayor de personas desplazadas internas y retornadas (deportadas) con necesidades de protección luchan por encontrar protección y soluciones en sus países de origen. El crimen transnacional y la violencia de las pandillas, aunado con la impunidad y la incapacidad estatal de proteger a sus propios ciudadanos, significarán que más personas huyan de sus países de origen en búsqueda de protección. Al mismo tiempo, las políticas cada vez más restrictivas en los países de asilo y las peligrosas rutas migratorias, provocarán que las inversiones en las intervenciones preventivas y en el fortalecimiento de las instituciones de protección en los países de origen sean más cruciales que en cualquier otro momento. Las oficinas nacionales continuarán asistiendo a las personas obligadas a huir por medio de redes de espacios seguros, desarrollando mecanismos comunales y redes de protección, particularmente para los niños separados y no acompañados, así como el fortaleciendo las actividades de divulgación para comprender mejor el perfil y los patrones de desplazamiento de las personas en movimiento.

El primer año de la implementación de los acuerdos de paz de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estuvo lleno de desafíos. Las comunidades en varias regiones continuaron viéndose afectadas por la presencia de grupos armados. La desmovilización de las FACR ha dejado vacíos de poder en áreas que posteriormente han sido disputadas por actores armados y otros disidentes. La incertidumbre incrementó en un ambiente en el que la presencia estatal en la mayoría de las regiones afectadas continúa siendo débil, en particular a lo largo de la costa pacífica y en áreas fronterizas. Se espera que esta tendencia continúe en el futuro. ACNUR busca mantener su presencia actual en Colombia para monitorear y dar respuesta a los nuevos desplazamientos internos, así como para crear conciencia sobre el tema.

También se hace hincapié en la respuesta de emergencia a la situación de Venezuela, particularmente en la preservación del espacio de asilo, prestando especial atención a las áreas fronterizas en los países vecinos a Venezuela y más allá, en la región andina y el Caribe. Las intervenciones operacionales también toman en cuenta la edad, el género y la diversidad como prioridades políticas para implementar respuestas de acuerdo con las necesidades de protección diferenciadas. La implementación de soluciones duraderas, en particular la integración de los refugiados, la promoción de la admisión a través de vías legales alternativas, así como la reducción y la erradicación de la apatridia en las Américas siguen siendo las principales prioridades. Fortalecer las alianzas y la comunicación, así como promover la cooperación regional también son características operativas clave para la región.

En busca de soluciones

En el marco del Plan de Acción de Brasil y el CRRF, se continuará haciendo hincapié en la promoción del desarrollo de políticas públicas inclusivas, en particular en la inclusión social, económica y cultural. Para lograr este objetivo, continúa siendo esencial trabajar estrechamente con las autoridades del gobierno local y las ciudades, particularmente en el desarrollo y la promoción de la aplicación de los criterios integrados en el concepto de Ciudades Solidarias, para dar el debido reconocimiento y apoyo a los municipios locales, como actores clave en la primera línea, cuando se trata de la inclusión cultural y las soluciones para las personas refugiadas y migrantes por igual. Esto contribuye a la implementación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que integran el principio programático de no dejar a nadie atrás.

La Región también continuará apoyando un enfoque integral para desarrollar e implementar programas progresivos de patrocinio y reasentamiento basados ​​en la comunidad, así como vías complementarias, a fin de proporcionar soluciones duraderas, en línea con los compromisos de la Declaración de Nueva York. Los países también continuarán promoviendo la integración local, haciéndose especial hincapié en dar respuesta a los refugiados con necesidades especiales y casos complejos; mantener y fortalecer el Acuerdos de Traslado por motivos de Protección (PTA), una herramienta innovadora para salvar vidas que brinda acceso legal y seguro a soluciones duraderas para personas con mayor riesgo en los países de origen; y abogar por lugares de reasentamiento particularmente para personas LGBTI y otros grupos en especial riesgo, así como la ampliación de vías complementarias que sigue siendo una parte central de nuestras actividades. Para abordar la discriminación y la xenofobia, se implementarán campañas para promover una mayor tolerancia y respeto por las personas de interés del ACNUR en toda la región.

Erradicando la apatridia

Progreso hacia el objetivo de ser la primera región en erradicar la apatridia. De conformidad con la Campaña Mundial para Acabar con la Apatridia y el marco regional de 10 años establecido por el Plan de Acción de Brasil, así como el período previo a la reunión de alto nivel de 2019 que marcará la mitad de la Campaña Mundial, las Américas será la primera región en celebrar una reunión preparatoria regional y lanzar una herramienta regional de monitoreo y planificación "Hacia cero apatridia" que se extenderá hasta el 2024. Esta herramienta identificará claramente las áreas de acción para alcanzar los objetivos de la Campaña Mundial, incluso a través de proyectos de bajo costo y alto impacto que efectivamente resuelven situaciones de apatridia, como los exitosos proyectos "Chile Reconoce" y "Chiriticos".

• Actualización sobre las operaciones de ACNUR en las Américas.
• Portal de Datos de ACNUR.