Nicaragua: La crisis de derechos humanos exige acción y rendición de cuentas, señala informe de Naciones Unidas

Es preciso tomar medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde el grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en las protestas iniciadas en abril, defendieron los derechos de los manifestantes o simplemente expresaron opiniones disidentes se han visto obligadas a esconderse, a salir del país o a intentar hacerlo, según expone un informe* publicado el miércoles por la Oficina del ACNUDH.

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista. La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

"Insto al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves. Cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad", declaró el Alto Comisionado.

El informe abarca el periodo comprendido entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el proyecto de reforma de la seguridad social, y el 18 de agosto. Entre las violaciones y los abusos del derecho internacional de los derechos humanos documentados en el informe figuran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.

El informe señala que en la primera fase de la crisis la policía y algunos elementos armados progubernamentales reprimieron las protestas. En la segunda fase de "limpieza", de mediados de junio a mediados de julio, la policía y los elementos armados progubernamentales, entre otros las denominadas "fuerzas de choque" y las turbas, desmontaron violentamente las barricadas y los tranques.

La información compilada por la Oficina del ACNUDH indica claramente que esos elementos armados actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada. "Aunque el Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad", señala el informe.

Según diversas fuentes, durante la crisis han muerto unas 300 personas y otras 2.000 han resultado heridas. La mayor parte de esta violencia ocurrió de mediados de abril a mediados de julio. El análisis de la información disponible confirma que la mayoría de las víctimas fueron hombres menores de 30 años, lo que refleja el perfil medio de los manifestantes, entre los había estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.

El informe señala además que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y que murieron 22 agentes de policía. "El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis", reza el informe. Es preciso que se investiguen estos abusos, que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado que no se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos.

Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno. Según la información de que dispone la Oficina del ACNUDH, hasta el 18 de agosto al menos 300 personas habían sido imputadas, incluso con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado. Estos juicios adolecen de graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales, según expone el informe.

Numerosos funcionarios, entre los que figuran docentes y médicos, han sido cesados en sus cargos y a quienes se les considera críticos del Gobierno se les acosa, intimida y hasta se les agrede. Las autoridades, incluso las de máximo nivel, estigmatizan y desprestigian cada vez más a los manifestantes y a quienes defienden los derechos humanos, al calificarles de "terroristas", "golpistas" o "plagas".

"En vez de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos durante la crisis, el Gobierno culpa a los dirigentes sociales y de la oposición por lo que denomina "violencia golpista", así como por la repercusión negativa que la crisis política ejerce sobre el país", señala el informe.

En el informe se hace un llamado al Gobierno a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas. También se le pide que disuelva y desarme a los elementos progubernamentales, suspenda los arrestos ilícitos y ponga en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.

Asimismo, el informe insta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura y a que reanude de manera positiva el diálogo nacional entre funcionarios gubernamentales y representantes de los diversos sectores, con miras a lograr acuerdos basados en los principios de la democracia y los derechos humanos.