Un sinnúmero de personas refugiadas y migrantes perdieron la vida en 2021 tratando de cruzar cuerpos de agua, desde el Mediterráneo al Mar de Andamán y el Canal de la Mancha. Hacia finales de noviembre, casi 1.600 personas murieron tan solo en el Mar Mediterráneo; la mayoría de ellas tratando de llegar a Italia desde Libia y Túnez. Las embarcaciones de rescate de diversas organizaciones no gubernamentales salvaron muchas vidas, y otras fueron llevadas de vuelta a Libia. ACNUR hizo un llamado para que los Estados llevaran a cabo operaciones de búsqueda y rescate.

Un equipo de rescate de Médicos sin Fronteras (MSF) evacúa una embarcación inflable en la zona de búsqueda y rescate en el Mar Mediterráneo (23 de octubre). © Espen Rasmussen

Cuatro años después de haber llegado a Bangladesh luego de salir de Myanmar, las personas rohingyas refugiadas enfrentaron desafíos sin precedentes. La inacabable pandemia de COVID-19 limitó el movimiento en los campamentos de Cox’s Bazar; además, debido a un incendio masivo en marzo, casi 10.000 se convirtieron en cenizas y once personas refugiadas perdieron la vida. Poco después, hubo grandes inundaciones debido a una temporada de monzones particularmente dura que obligó a cerca de 24.000 personas refugiadas a abandonar sus hogares y que puso de relieve que, como resultado del cambio climático, los ciclones son cada vez más frecuentes e intensos. 

Niños rohingyas refugiados juegan luego de fuertes precipitaciones en el campamento de refugiados de Nayapara, en Teknaf, al este de Bangladesh. © ACNUR/Amos Holder

Miles de personas refugiadas y migrantes han entrado a Bielorrusia desde el verano con la intención de llegar a Polonia, Lituania y Letonia. En vista de que las fuerzas fronterizas obstaculizan su avance, muchas de ellas quedaron varadas en áreas boscosas de difícil acceso. Hasta el momento, se han registrado alrededor de trece muertes a causa de las bajas temperaturas. Las autoridades de bielorrusas llevaron a cerca de 2.000 personas a un almacén en noviembre; sin embargo, se desconoce el número que se encuentra en el bosque, en ambos lados de la frontera, sin recibir asistencia, y sorteando las duras condiciones invernales y el riesgo de morir de hipotermia.

Niño en un campamento hechizo habitado por personas refugiadas y migrantes cerca del control fronterizo de Bruzgi-Kuznica, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia (18 de noviembre). © REUTERS/Kacper Pempel

Si bien se sabe que 4,2 millones de personas en el mundo son apátridas, se estima que la cifra real es mucho más alta. Al no contar con una nacionalidad, no gozan de la protección de ningún gobierno. En consecuencia, las personas apátridas quedan rezagadas en situaciones de conflicto y desplazamiento; además, se les excluye de oportunidades laborales y de los servicios gubernamentales, que incluyen la respuesta a la COVID-19. Por fortuna, son cada vez más los países que se adhieren a la Convención para reducir los casos de apatridia, que este año cumple sesenta años. La adhesión de Islandia y de Togo en 2021 elevó el número de países signatarios a 77.

Liyatu, una partera tradicional en el campamento de personas desplazadas de Durumi en Abuja, Nigeria, aplaude que las y los bebés que ayudó a traer al mundo ya cuentan con certificados de nacimiento, lo cual reduce el riesgo de apatridia. © ACNUR/Gabriel Adeyemo

A lo largo y ancho de Sudán del Sur, más de 835.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones que han golpeado a ocho de diez estados desde mayo. En vista de que algunos pueblos quedaron sumergidos bajo el agua, sus habitantes han tenido que desplazarse a tierras más altas. Muchas de las personas afectadas sigue haciendo lo posible por recuperarse de dos años de fuertes inundaciones. Al mismo tiempo, deben hacer frente a conflictos, a la hambruna y a la pandemia de COVID-19. Las impredecibles precipitaciones en Sudán del Sur y en otros puntos de África Oriental se atribuyen, en gran medida, a los efectos de la emergencia climática.

Una mujer trata de atravesar el agua cerca de Bentiu, en el condado de Rubkona, para recolectar leña. © MSF/Njiiri Karago

Luego de más de seis años de conflicto, millones de personas yemeníes desplazadas hacen lo posible por sobrevivir. Este año, el conflicto se mudó a la gubernatura de Marib, una región que durante mucho tiempo dio acogida a personas que huían de enfrentamientos en otras partes del país. Conforme el frente se acerca cada vez más a zonas densamente pobladas, con inclusión de los campamentos para personas desplazadas, decenas de miles han tenido que huir. En muchos casos, se trata del tercer o cuarto desplazamiento que sufren desde que comenzó la guerra.

Alojamiento hechizo para personas desplazadas internas en el campamento de Al-Rawdah, en la ciudad de Marib. © ACNUR/YPN/Jihad al-Nahari

Los grupos extremistas continúan alimentando el desplazamiento en la volátil región africana del Sahel, que abarca Malí, Níger y Burkina Faso. Tan solo en Burkina Faso, más de 1,4 millones de personas han sido desplazadas dentro del país en los últimos dos años; además, no han cesado los ataques contra la población civil ni contra las fuerzas de seguridad. En Malí y Níger, la violencia y el desplazamiento también crecieron sustancialmente en 2021.

Un grupo de niños juega en un centro familiar para personas desplazadas internas en Ouahigouya, Burkina Faso. © ACNUR/Benjamin Loyseau

Mientras el mundo se enfrenta a nuevas variantes de COVID-19 y a nuevas olas de contagios, el impacto de la pandemia en las personas desplazadas por la fuerza ha sido particularmente devastador. En los países de bajos ingresos que han dado acogida a la mayor parte de las personas refugiadas, estas corren el riesgo de enfermar o de morir debido a la fragilidad de los sistemas de salud y debido a la desigualdad en el acceso a las vacunas. Más allá de los riesgos sanitarios, las personas desplazadas que se desenvolvían en el sector informal fueron las primeras en perder su empleo y su hogar, lo cual aumentó su sufrimiento y el riesgo de explotación.

Carlos y Rosiris, una pareja venezolana que vive en Trinidad y Tobago, luego de haber recibido la vacuna contra la COVID-19 el 1 de agosto. © ACNUR/Carla Bridglal

Este año se cumplió una década desde que inició la crisis que obligó a millones de personas sirias a abandonar sus hogares en lo que sigue siendo la crisis de refugiados de mayor escala en el mundo. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica en Líbano y otros países en la región eliminaron empleos y medios de vida, lo cual sumió en la pobreza a un gran número de personas sirias refugiadas y a sus comunidades de acogida. Dentro de Siria, más de 6,7 millones de personas han sido desplazadas, y millones más requieren asistencia humanitaria.

Una niña atraviesa el campamento de personas desplazadas de Al-Rahma, al noroeste de Siria, durante una fuerte tormenta de viento que golpeó el área el 1 de diciembre. © DPA/Anas Alkharboutli

En 2021, en todas las regiones del mundo, el cambio climático provocó desplazamiento y precariza aún más la vida de las personas que se ven obligadas a huir. Con la sequía en Afganistán, las inundaciones en Sudán del Sur y los enfrentamientos intercomunitarios por los recursos hídricos en Camerún, el cambio climático ha contribuido al aumento de la pobreza, la inestabilidad, el conflicto y la movilidad humana. En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26), que tuvo lugar en Glasgow en noviembre, el desplazamiento relacionado con el cambio climático formaba parte del orden del día; sin embargo, fueron pocos los acuerdos alcanzados para emprender acciones que protejan a las personas desplazadas del cambio climático. 

Un pastor Fulani da de beber a sus animales en el Lago Mahmouda, Mauritania. El cambio climático amenaza los medios de vida de las comunidades que viven alrededor del lago, con inclusión de pescadores malienses que llegaron al lugar escapando del impacto del cambio climático en su propio país. © ACNUR/Colin Delfosse

Alrededor de 700.000 personas fueron desplazadas en marzo luego de que un grupo armado atacara brutalmente la ciudad costeña de Palma, al norte de Mozambique; en consecuencia, el número total de personas desplazadas en la provincia de Cabo Delgado está por llegar a 800.000. Miles huyeron a Pemba, la capital de la provincia, mientras que otras personas trataron de cruzar la frontera con Tanzania para solicitar asilo. Por desgracia, se les impidió el paso.

Teresa, de 82 años, huyó de la violencia en Mocimboa da Praia junto con su familia. Se escondieron en el bosque durante un mes; luego, encontraron protección en un sitio para personas desplazadas internas en Cabo Delgado, al norte de Mozambique. © ACNUR/Martim Gray Pereira

Cuando la milicia tomó el poder el primero de febrero, surgieron protestas y se dieron enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Myanmar y organizaciones étnicas armadas. En diciembre, alrededor de 284.000 habían sido desplazadas al interior del país. Sin embargo, cerca de 22.000 personas cruzaron las fronteras en dirección a India y Tailandia. Por desgracia, las fuertes inundaciones que afectaron gran parte de Myanmar en julio, alimentaron el sufrimiento de quienes tuvieron que abandonar sus hogares.

Personas desplazadas internas en un campamento propenso a inundarse en el estado de Kayin, en Myanmar, reciben artículos de primera necesidad. © ACNUR/Sa Nyein Chan

En 2021, cuando estallaron la violencia y los conflictos en distintas partes de la República Democrática del Congo, miles de personas tuvieron que huir en un país donde hay 5,6 millones de personas desplazadas internas. La volatilidad en las provincias orientales de Ituri y Kivu del Sur y del Norte era particular, y docenas de grupos armados que competían por el poder atacaban de forma atroz a la población civil. Además, cuando el volcán Monte Nyiragongo –cerca de la ciudad de Goma – hizo erupción en mayo, miles de personas perdieron su hogar.

Niña pequeña junto a albergues de emergencia para personas desplazadas recientemente en un sitio en Masisi, Kivu del Norte. © ACNUR/Sanne Biesmans

Para recibir educación y cumplir su sueño (estudiar medicina), Seleema Rehman tuvo que superar diversas barreras como refugiada afgana en Pakistán. Luego de obtener una beca universitaria y de recibir la cédula como ginecóloga en 2020, Seleema formó parte de la respuesta a la COVID-19 brindando tratamiento a mujeres parturientas que se habían contagiado. Este año, materializó un sueño de larga data: abrió su propia clínica en Attock; en ella brinda atención a mujeres locales y refugiadas a costos asequibles. Por su compromiso hacia la comunidad, Seleema fue seleccionada como ganadora regional en Asia del Premio Nansen para los Refugiados de 2021.

La doctora Seleema Rehman en la escuela en Attock a la que asistió cuando era niña. © ACNUR/Amsal Naeem