A medida que aumentan los ataques en el norte de Mozambique, las familias se ven obligadas a huir más de una vez
La violencia de los grupos armados ha desarraigado a más de 250.000 personas desde 2017 en Cabo Delgado, y muchas de ellas viven en condiciones extremas mientras buscan seguridad.
Joaquina * se encuentra frente a la casa de su hermano en Montepuez después de huir de ataques violentos en el norte de Mozambique.
© ACNUR / Deiliany Souza
Joaquina*, una abuela de 41 años, estaba dormida cuando militantes armados entraron en su aldea en el norte de Mozambique alrededor de las 4 a.m. y abrieron fuego.
"Nos despertamos con el sonido de los disparos y los gritos de nuestros vecinos", explica agitada.
Las llamas tiñeron de naranja el cielo nocturno. Cuando los militantes comenzaron a incendiar casas en su aldea, ella, sus dos hijas y sus dos nietas se vistieron apresuradamente y huyeron al monte.
“Cuando regresamos a nuestro pueblo a la mañana siguiente, descubrimos que nuestra casa había sido completamente incendiada. No quedaba nada”, recuerda.
La mejor oportunidad de seguridad, razonó, estaría fuera del área inmediata. Se llevó a su familia a la casa de un amigo a unos kilómetros de distancia, pero los atacantes no se quedaron atrás. Después de unos días, los insurgentes irrumpieron en ese pueblo, quemaron casas y mataron a varios habitantes.
Por tercera vez, la familia de Joaquina huyó a otro pueblo donde nuevamente presenciaron un nuevo ataque y decidieron esta vez buscar seguridad más al sur de la provincia. Dependieron de las personas que conocieron en el camino para encontrar un lugar para dormir una o dos noches y para obtener la poca comida o agua que pudieran ofrecerles.
“Caminamos durante dos días, sin comer nada, pidiendo ayuda donde nos detuviéramos”, recuerda Joaquina. “A veces teníamos que correr porque teníamos demasiado miedo de quedar atrapados en nuevos ataques. Mis piernas estaban hinchadas de tanto caminar y correr".
“Quedaron muy traumatizados por lo que vieron durante los ataques. La gente fue asesinada frente a sus ojos".
Los múltiples ataques fueron particularmente duros para los niños.
“Quedaron muy traumatizados por lo que vieron durante los ataques. La gente fue asesinada frente a sus ojos”, agrega.
ACNUR está alarmado por los ataques en la provincia de Cabo Delgado, donde civiles como Joaquina y su familia han sido desplazados y otros han sido asesinados. Se han atacado y saqueado aldeas, se han quemado y destruido casas y cultivos y se ha dañado la infraestructura.
La región norte ha estado enfrentando ataques de este tipo por parte de grupos armados desde 2017 que, hasta la fecha, han desarraigado a más de 250.000 civiles, según cifras de OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. La mayoría permanece dentro de la propia provincia.
Familias como la de Issa * huyeron sin nada y ahora dependen de la generosidad de las comunidades locales que lo acogen a él y a miles más.
“Después de lo que vi en mi tierra natal, no quiero volver”, dice. "Si puedo encontrar una casa y tener un trabajo para mantener a mi familia, podremos vivir una vida normal".
Uno de los locales en la comunidad de acogida está de acuerdo, instando a las autoridades locales y agencias de ayuda a brindar más apoyo.
“No solo deberían ofrecer alimentos, sino también proporcionar empleo, tierras agrícolas y viviendas. De esta forma, habrá más producción”, dice.
Hasta ahora, la mayoría de los desplazados son acogidos por familiares o amigos en zonas más estables. El alojamiento es escaso, a veces entre 20 y 30 personas viven bajo el mismo techo. La situación puede empeorar debido a que las personas desplazadas han huido a las provincias vecinas de Nampula y Niassa.
Es probable que los requerimientos financieros para la operación de desplazados internos aumenten a medida que evolucione la situación en Cabo Delgado.
La provincia aún se está recuperando del impacto del ciclón Kenneth que tocó tierra en abril pasado y afectó a cientos de miles de personas. También se vio afectada por las fuertes lluvias en diciembre pasado y este enero, ya que varios puentes se derrumbaron y las casas resultaron dañadas o destruidas. La próxima temporada de lluvias de noviembre a abril puede reducir aún más el acceso a algunas áreas afectadas y la situación de la COVID-19 está obstaculizando seriamente las actividades en el terreno y el despliegue de trabajadores humanitarios.
"Tenemos que permanecer y cumplir por los más vulnerables, a pesar de la volátil situación de seguridad".
ACNUR ha estado trabajando con agencias socias desde el año pasado para brindar asistencia básica a los desplazados, incluyendo la distribución de artículos para el hogar como colchonetas, utensilios de cocina, bidones y mantas.
“Hemos ayudado a 6.500 personas desplazadas, incluyendo a quienes les acogen. Tenemos que permanecer y cumplir por los más vulnerables, a pesar de la inestable situación de seguridad”, dice Samuel Chakwera, Representante del ACNUR en Mozambique.
Agrega que ACNUR y otras agencias de protección se están enfocando en los más vulnerables, identificando necesidades críticas y asegurando el acceso a los derechos básicos. A través de una red de agencias socias, los desplazados son remitidos a los servicios disponibles para recibir asistencia mientras ACNUR trabaja para abordar las posibles brechas identificadas durante las interacciones con los desplazados internos.
Joaquina y su familia se encuentran ahora en la casa de su hermano en Montepuez, después de que este huyó de su aldea luego de los ataques, hace algunos meses. Por el momento, tiene sueños simples.
“Solía cultivar sésamo, maíz y mandioca, así que me gustaría tener un terreno para trabajar”, dice. “Pero lo que es más importante, mi deseo es que el conflicto termine pronto. Quiero volver a mi pueblo. Si todos regresan, yo puedo regresar ".
El desplazamiento interno está aumentando en todo el mundo. El año pasado, 45,7 millones de personas habían huido a otras zonas dentro de sus propios países, según cifras del ACNUR.
* Los nombres se han cambiado por motivos de protección.