Mujeres afganas afectadas por las prohibiciones talibanes de trabajar y estudiar temen por su futuro

En una reciente mañana nevada de invierno, con temperaturas que rondan los -10° Celsius, un grupo de mujeres preocupadas se ha reunido en un centro comunitario en las afueras orientales de la capital de Afganistán, Kabul.

Muchas de ellas acaban de terminar un proyecto de capacitación en medios de vida dirigido por la ONG local Amputee Bicyclists for Rehabilitation and Recreation (AABRAR), socia de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. 

En el marco del proyecto, 10 mujeres recibieron capacitación el año pasado en sastrería y costura, aunque muchas otras mujeres deseosas de aprender nuevas habilidades también asistieron a las sesiones como voluntarias. Al final de la capacitación, las mujeres recibieron máquinas de coser y otros equipos, y se les puso en contacto con empresas y compradores locales.

Se trata de una iniciativa importante para una comunidad donde el paisaje es árido y el acceso a servicios y oportunidades es limitado. Varios cientos de familias desplazadas viven aquí, así como unas 1.100 familias que son ‘kuchis’, nómadas tradicionalmente pastores que regresaron a Afganistán en 2016 tras pasar décadas en Pakistán debido a la inseguridad en su país. 

La aldea se encuentra en una de las 80 zonas de Afganistán a las que las personas desplazadas internas y refugiadas han optado más a menudo por regresar. ACNUR y sus socios han designado estas Áreas Prioritarias de Retorno e Integración (PARR, por sus siglas en inglés) y el proyecto de medios de vida es una de las diversas iniciativas comunitarias destinadas a mejorar servicios esenciales como educación, salud y empleo en estas partes del país.

“Por la noche, la preocupación no me deja dormir”.

Pero el futuro del proyecto y de las mujeres cuelga de un hilo. Los últimos decretos promulgados por las autoridades de facto de Afganistán han impuesto nuevas restricciones a los movimientos y la participación de las mujeres en la vida pública, incluida una orden de finales de diciembre que prohíbe a todas las empleadas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales ir a trabajar. Queda por ver si las autoridades de facto modificarán este decreto, tras las críticas generalizadas. Si se mantiene, proyectos como éste, en el que personal femenino de ONG capacita a otras mujeres, no podrán continuar.

Sanam*, de 18 años, quien se graduó en el programa de capacitación el año pasado, cuenta que lloró cuando se enteró del último decreto.

“Me sentí muy, muy triste y decepcionada”, señaló. “Por la noche, la preocupación no me deja dormir”.

Sanam es la única de su familia que tiene ingresos desde que murió su padre. “Estaba muy orgullosa de poder mantener a mi familia como un hombre. Y mi familia también está muy orgullosa de mí, de que pueda mantenerlos siendo una chica”, afirmó.

Sus ingresos mensuales ya se han reducido en dos tercios desde que se introdujeron las nuevas restricciones y se endurecieron las ya existentes. “Es difícil ir al bazar. Ahora no puedo ir todos los días, y además necesito que me acompañe un Mahram (tutor masculino, que es un pariente de la familia). Es más difícil comprar materiales para trabajar y vender mis productos. Antes podía ganar unos 7.000 afganis al mes (78 dólares USD), pero ahora solo puedo ganar unos 2.000 (22 dólares USD)”.

Otra mujer, Shakoko, asiente con la cabeza. Esta mujer de 26 años, madre de dos hijos, es también el principal sostén de su familia después de que su esposo se marchara a Pakistán en busca de trabajo. “Vine aquí para aprender corte y confección, que me da algunos ingresos”.

“El dinero que gano lo uso para mis tratamientos médicos. Si no tuviera trabajo, ¿qué podría hacer? No podría mantener a mi familia”, comentó.

“Si no tuviera trabajo, ¿qué podría hacer?”.

Zinab, capacitadora del proyecto, lo describió como un salvavidas para las mujeres locales, muchas de las cuales son ahora el sostén de sus familias. Zinab, una viuda que aprendió a coser con su madre y que depende de sus ingresos como capacitadora para mantener a sus hijos, afirma que el proyecto ofrece un espacio seguro a las mujeres y también les ha ayudado a entablar amistades y a ganar confianza.

“Muchas mujeres de esta comunidad no tienen educación [formal]. No tienen otras oportunidades para poder mantenerse"”

“Tengo mucho miedo de las consecuencias que esto pueda tener para toda la comunidad”, añade. “Si no tienes trabajo, no tienes dinero y no habrá sustento para tu familia. ¿Cuál será el futuro de sus hijos?”.

Desde que las autoridades de facto asumieron el poder en agosto de 2021, se ha excluido a las niñas de la educación secundaria, y en diciembre se anunció la prohibición de que las mujeres asistan a la universidad.

Se estima que la última directiva que impide a las mujeres trabajar para ONG tendrá importantes repercusiones en el suministro de ayuda humanitaria crítica en un momento en que la mitad de la población afgana se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria y más de 3 millones de personas siguen desplazadas de sus hogares.

• Ver también: Cinco cosas que debes saber sobre Afganistán

ACNUR se ha unido a otras agencias de la ONU y ONG para pedir que se revoque la directiva.

“Impedir a las mujeres el trabajo humanitario es una grave negación de su humanidad”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi. “Solo provocará más sufrimiento y penurias a toda la población afgana, especialmente a las mujeres, las niñas y los niños”.

Mientras las mujeres abandonan el centro, un hombre mayor, líder de la comunidad, habla con el personal de ACNUR, instándoles a continuar con el proyecto, a pesar de los nuevos retos. “Estamos muy contentos con el proyecto. En el futuro, esperamos que ACNUR pueda capacitar no solo a 10 mujeres, sino a 100”, señaló.

*Nombres cambiados por motivos de protección.

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