Burundi necesita más apoyo para que las personas refugiadas y retornadas tengan un nuevo comienzo
Es necesario aumentar la financiación para apoyar a las más de 200.000 personas exrefugiadas de Burundi que han regresado a su país en los últimos cinco años, así como a las casi 90.000 personas refugiadas acogidas en el país.
Las mujeres congoleñas que viven en el campamento de refugiados de Nayakanda, en Burundi, bordan telas que venden y se dividen las ganancias. © ACNUR/Samuel Otieno
“Desde mi regreso, tengo un techo”, señala Helena Ntakirabutimana, quien volvió a Burundi en 2020. “Pero sin tierra para cultivar, tengo dificultades para encontrar comida cada día”.
Esta abuela de 72 años se refugió por primera vez en Tanzania hace medio siglo, cuando la violencia interétnica asolaba el país. Permaneció fuera durante décadas, antes de regresar en 2008, momento en el que se había convertido en madre de 12 hijos.
Sin embargo, Ntakirabutimana se vio forzada a huir de nuevo en 2015, cuando los disturbios políticos provocaron violentos enfrentamientos generalizados.
Hace dos años regresó por segunda vez y, espera, que sea la última, para vivir en Musenyi, en las colinas situadas a 150 kilómetros al sur de la capital, Buyumbura. La paz y la estabilidad actuales de Burundi hicieron posible el regreso de Ntakirabutimana, pero la vida sigue siendo una lucha, con escasez de empleos y una economía débil.
Los vecinos de Ntakirabutimana comparten de buena gana sus escasos recursos con ella, y aunque está agradecida por el alojamiento y la seguridad de los que ahora disfruta, le falta mucho más.
“Lo que más necesito ahora es una pequeña parcela de tierra para cultivar, o algo de capital para iniciar un pequeño negocio”, explica. La inseguridad económica a la que se enfrentan las personas retornadas ha hecho que sus hijos permanezcan en el exilio en Tanzania.
Ramadhani Chongera, de 40 años, se alegró mucho cuando regresó recientemente a Burundi tras años viviendo como refugiado en Tanzania con su esposa y sus tres hijos. Dispuesto y con ganas de trabajar, él también se ha enfrentado a las difíciles realidades económicas de la vida en Burundi, y de la integración.
“Regresamos con las manos vacías, pero con la esperanza de poder tener un hogar y las oportunidades que nos permitan reconstruir nuestras vidas en nuestro país”, asegura. Pero la dificultad para encontrar trabajo hace que le cueste sentirse parte de la sociedad y de la comunidad a la que ha vuelto.
“Tener la oportunidad de trabajar para ganarnos el pan de cada día ayudaría sin duda a nuestra reintegración, y nos permitiría sentirnos como burundeses normales”, comenta Chongera.
Además de acoger a sus ciudadanos retornados, Burundi también acoge a más de 87.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de otros países, la mayoría procedentes de la vecina República Democrática del Congo (RDC).
El campamento de refugiados de Nyankanda, al este del país, alberga a unas 10.000 personas refugiadas congoleñas que trabajan junto a sus vecinos burundeses, fomentando la solidaridad a través de actividades compartidas como la panadería, la piscicultura y la carpintería.
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Pascaline Sango Ngena, de 49 años, vive con sus seis hijos en el campamento de refugiados de Nyakanda después de huir de la violencia en la República Democrática del Congo en 2019. © ACNUR/Samuel Otieno -
Ngena (al centro, con vestido azul) y sus compañeras cantan juntas durante un descanso de su trabajo. © ACNUR/Samuel Otieno -
Helena Ntakirabutimana, de 72 años, huyó por primera vez de Burundi en 1972 y de nuevo en 2015, antes de regresar en 2020. © ACNUR/Samuel Otieno -
Cuatro de los nietos de Ntakirutimana afuera de su casa en Makamba. Cuida de 14 nietos, cuyos padres están buscando asilo en los países vecinos. © ACNUR/Samuel Otieno -
La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, Kelly T. Clements (la segunda desde la izquierda) se reúne con familias congoleñas durante su visita al campamento de refugiados de Nyakanda en Ruyigi, Burundi. © ACNUR/Samuel Otieno
Pascaline Sango Ngena, de 49 años, huyó de la violencia en su pueblo de Kafulo, en la provincia de Kivu del Sur de la RDC, en 2019, antes de instalarse en el campamento de Nyankanda con sus seis hijos.
A pesar de los retos diarios de la vida como refugiada, Ngena se ha sumergido en la comunidad del campamento supervisando un equipo de costura que comparte las ganancias de la venta de telas entre sus miembros, además de contribuir a mejorar la cohesión social entre las personas refugiadas congoleñas y su comunidad de acogida, a través de proyectos que benefician a ambas, como la plantación de árboles.
“Plantamos árboles para reverdecer nuestro entorno y reducir el impacto de la deforestación en los alrededores del campamento”, explica Ngena. “Los árboles también producen frutos que ayudan a mejorar la nutrición de los niños”.
“Mientras esperamos que la situación de seguridad mejore y podamos volver a casa, hacemos todo lo posible por vivir en armonía con las comunidades que nos han acogido tan generosamente”, señala Ngena.
Durante una reciente visita al campamento de Nyankanda, la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Refugiados, Kelly T. Clements, quedó impresionada por el dinamismo y la colaboración entre las personas refugiadas congoleñas y sus anfitriones burundeses.
“Las personas refugiadas congoleñas son muy creativas”, destacó, y añadió que “la colaboración fue ejemplar”.
Pero Clements apuntó que había que hacer más, tanto por las personas refugiadas acogidas en Burundi como por la comunidad local, como Ntakirabutimana y Chongera, quienes han regresado recientemente a su país de origen. Será fundamental ampliar las alianzas con los socios de desarrollo, las instituciones financieras internacionales y el sector privado.
Sin embargo, aún no se ha conseguido la financiación necesaria para mejorar las perspectivas de integración y encontrar soluciones duraderas tanto para las personas retornadas como para las refugiadas. Hasta ahora, ACNUR solo ha recaudado un tercio de los 80,5 millones de dólares (USD) necesarios para financiar sus actividades en Burundi este año.
“Necesitamos un amplio apoyo para que todas estas familias puedan reintegrarse de forma sostenible”, señaló Clements. “Esto incluye el acceso a los servicios básicos, como la escuela para la niñez. También es esencial garantizar un mayor acceso a las oportunidades económicas”.