Tráfico de personas
© ACNUR/Oualid Khelifi
El tráfico ilícito de migrantes, tal como se define en el Artículo 3 (a) del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, implica la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Aunque es un crimen contra un Estado, los traficantes también pueden violar los derechos humanos de quienes trafican, desde abusos físicos hasta la retención de alimentos y agua.
Sin embargo, dado los crecientes obstáculos para acceder a la seguridad, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional a menudo se ven obligadas a utilizar a los traficantes como su único medio para huir de la persecución, el conflicto y la violencia.
En vista de este dilema, ACNUR tiene un papel particular que desempeñar para ayudar a los gobiernos a conciliar las medidas para abordar el tráfico de refugiados con el fin de garantizar que se satisfagan las necesidades de protección internacional de quienes se desplazan. Por ejemplo, ACNUR está directamente preocupado por garantizar que las leyes nacionales sobre tráfico no penalicen a las personas objeto de tráfico ilícito ni a las personas que apoyan a los refugiados que cruzan las fronteras estatales por razones humanitarias.
ACNUR también apoya el desarrollo de las mejores prácticas internacionales y aboga regularmente por vías más seguras, regulares y legales para la migración y la admisión. Por ejemplo, ACNUR hizo extensos comentarios sobre el desarrollo de la Ley Modelo de la UNODC contra el tráfico ilícito de migrantes y el kit de herramientas de la UNODC para combatir el tráfico ilícito de migrantes.