La COVID-19 amenaza la vida y el bienestar de las personas refugiadas en Uganda
Toman la temperatura a refugiada de Sudán del Sur previo a su ingreso a un centro de salud en el asentamiento de refugiados de Bidibidi, en Uganda. © ACNUR/Esther Ruth Mbabaziher Ruth Mbabazi
Una encuesta telefónica que llevaron a cabo recientemente ACNUR y el Banco Mundial revela los estragos que ha causado la COVID-19 en las condiciones de vida de las personas refugiadas en Uganda; además, los resultados obtenidos enfatizan la necesidad de fortalecer el apoyo que reciben las comunidades refugiadas para mitigar el dolor provocado por la pandemia.
La encuesta muestra que las dificultades que enfrentaban las personas refugiadas en Uganda eran aún peores que aquellas que enfrentaba la comunidad de acogida en distintos aspectos clave para el bienestar, como el empleo, la seguridad alimentaria y la salud mental. La encuesta nutre los registros del ACNUR, que muestran un incremento alarmante en el número de suicidios en las poblaciones refugiadas, los cuales se relacionan con el desastroso impacto socioeconómico de la pandemia.
“Si bien la pandemia ha afectado a todas las comunidades, la situación ha sido particularmente difícil para las personas refugiadas. Mientras una segunda ola de COVID-19 golpea a Uganda, me preocupa que las condiciones de vida de las personas refugiadas no solo se deterioren, sino que se tornen insostenibles”, señaló Joel Boutroue, Representante de ACNUR en Uganda.
Uganda ha dado acogida a la población refugiada de mayor tamaño en África: cerca de 1,5 millones de personas provienen, principalmente, de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. En marzo de 2021, las tasas de desempleo de estas comunidades cayeron 32%; y, en comparación con la situación previa al confinamiento, la caída fue de 24 puntos porcentuales. En contraste, después de la caída inicial, las tasas de empleo de la comunidad de acogida volvieron al punto en el que se encontraban antes de la pandemia.
Se estima que, en comparación con el 40% previo a la pandemia de COVID-19, la mitad de las personas refugiadas que participó en la encuesta vive por debajo de la línea de la pobreza. Alrededor de 36% no tenía acceso a medicinas cuando las requería ni tenía acceso a cantidades suficientes de agua.
La inseguridad alimentaria en las poblaciones refugiadas, que se mide con base en la porción de hogares que se quedó sin alimentos, era mucho más alta en comparación con las comunidades de acogida (64% versus 9%). Las personas refugiadas se vieron obligadas a reducir la cantidad y la frecuencia de los alimentos que ingerían cada día. De acuerdo con los datos recabados por ACNUR, durante la pandemia se recurrió a mecanismos negativos —como el sexo por supervivencia y el matrimonio infantil— debido a las dificultades económicas y la limitada asistencia alimentaria.
En comparación con la comunidad de acogida, casi el doble de las familias refugiadas tuvo que solicitar préstamos para hacer frente a la emergencia causada por la COVID-19. Al mismo tiempo, el número de familias refugiadas que no recibió ningún tipo de asistencia social —como transferencias en efectivo, alimentos o de otro tipo— casi se triplicó en Kampala, la capital.
Mientras tanto, la depresión afectó desproporcionadamente a las personas refugiadas: diez veces más que a la comunidad de acogida (54% versus 5%).
En general, la desesperación aumentó a raíz de las consecuencias de la pandemia. Un análisis que ACNUR llevó a cabo de manera independiente reveló que, en 2020, el número total de suicidios y de intentos de suicidio en las comunidades refugiadas incrementó 129% en relación con 2019; en total, hubo 347 incidentes de suicidio el año pasado. Son igual de preocupantes los datos con respecto a los suicidios ocurridos en el primer trimestre del año 2021: 76 incidentes registrados, mientras que, en el mismo periodo en 2020, se registraron 68 incidentes. La mayor parte de los casos se relacionan con mujeres jóvenes que han sufrido violencia de género. De hecho, los incidentes de violencia de género registrados suman 1.394, cifra que casi duplica los datos del primer trimestre. La falta de ingresos y la inseguridad alimentaria en las familias refugiadas han sido un factor determinante en estos incidentes.
En colaboración con el gobierno, ACNUR y sus socios continúan brindando protección y asistencia humanitaria a las personas refugiadas en Uganda; del mismo modo, siguen apoyando los esfuerzos para dar una respuesta integral en favor de las poblaciones refugiadas. Para dar respuesta a la pandemia, los socios de respuesta en favor de las personas refugiadas han redoblado esfuerzos para mitigar el impacto de la COVID-19, así como garantizar la continuidad en la prestación de servicios vitales.
“Aplaudo el enfoque inclusivo que Uganda ha adoptado hacia las personas refugiadas; en ese sentido, hago un llamado para que la comunidad internacional preste más atención a las brechas que existen para satisfacer las necesidades básicas de poblaciones que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”, dijo Boutroue. “Se requieren más recursos para cubrir no solo las necesidades básicas de las personas refugiadas —como alimentos y acceso al agua—, sino también para mejorar el apoyo que se brinda en materia educativa, sanitaria y medios de vida”.
En tres rondas de encuestas telefónicas, ACNUR, el Banco Mundial y la Oficina de Estadística de Uganda analizaron el impacto socioeconómico que la crisis causada por la COVID-19 ha tenido en las personas refugiadas. Los datos mencionados se obtuvieron en la tercera ronda, la cual tuvo lugar en febrero y marzo de 2021.
Para obtener más información, favor de contactar a:
- En Kampala, Rocco Nuri, [email protected], +256 779 663 793
- En Nairobi, Faith Kasina, [email protected], +254 113 427 094
- En Ginebra, Aikaterini Kitidi, [email protected], +41 79 580 8334
- En Ginebra, Boris Cheshirkov, [email protected], +41 79 433 7682
- En Nueva York, Kathryn Mahoney, [email protected], +1 347 443 7646