Se necesita "voluntad política" para salvaguardar a 82,4 millones de personas desplazadas, destaca la responsable de protección de ACNUR
Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, afirmó en una reunión de alto nivel que se requiere una "colaboración mundial urgente" para poner en práctica los principios de protección establecidos.
Una madre etíope desplazada y sus dos hijos se alojan en una escuela de la capital regional de Tigray, Mekelle, después de que hombres armados asaltaran su casa. © ACNUR/Olga Sarrado Mur
GINEBRA, Suiza – Para encontrar soluciones para los millones de personas desplazadas por el conflicto y la persecución en todo el mundo, los gobiernos deben impulsar la cooperación y redoblar esfuerzos, señaló hoy la responsable de protección de ACNUR, Gillian Triggs.
“La crisis de protección internacional exige una colaboración mundial urgente y, sobre todo, voluntad política”, expresó la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de la Agencia de la OU para los Refugiados, Gillian Triggs, en la reunión anual del Comité Ejecutivo de ACNUR (ExCom) en Ginebra.
“No nos faltan leyes ni políticas para proteger a las personas desplazadas [y] tenemos amplias declaraciones de principios; el reto es ponerlas en práctica”, comentó a los participantes.
A finales del año pasado, una cifra récord de 82,4 millones de mujeres, niñas, niños y hombres permanecían fuera de sus hogares a causa del conflicto, la violencia y las violaciones a los derechos – el doble que una década antes –, 48 millones dentro de las fronteras de sus propios países y 24,6 millones en el extranjero como refugiados.
Además, Triggs mencionó que los conflictos armados en Afganistán, Siria, Myanmar y Yemen siguen sin resolverse, y que se produjeron nuevos desplazamientos en Mozambique y Etiopía. Otros millones de personas se desplazaron de Venezuela y Sudán del Sur.
“No nos faltan leyes ni políticas para proteger a las personas desplazadas: el reto es ponerlas en práctica”.
La crisis de protección resultante se ha visto “exacerbada por la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la mala gobernanza y los efectos del cambio climático”, destacó, señalando que los efectos han sido especialmente perjudiciales para mujeres, niñas, niños y los 12 millones de personas con discapacidad desplazadas por la fuerza.
A pesar de la aceptación casi universal de las normas de protección de las personas refugiadas consagradas en la Convención de 1951, Triggs señaló que 195 países cerraron total o parcialmente sus fronteras por motivos de salud durante la pandemia, y que 64 de ellos no hicieron ninguna excepción con las personas solicitantes de asilo. Mientras tanto, en 39 países hubo retorno forzado hacia países donde se enfrentan a la violencia y la persecución.
Triggs resaltó que, mientras las necesidades de protección crecían el año pasado, algunas naciones que disponían de recursos abundantes intentaron trasladar la responsabilidad hacia las personas solicitantes de asilo a países pobres y en desarrollo, que ya acogen al 90 por ciento de las personas desplazadas por la fuerza del mundo.
“En lugar de un reparto equitativo de responsabilidades, vemos cómo la responsabilidad se traslada hacia quienes tienen menos recursos para soportarla. Esto es moral, ética y jurídicamente inaceptable e instamos a todas las naciones a que cumplan con sus obligaciones”, declaró en la 72a sesión del Comité Ejecutivo, que se celebra hasta el viernes.
En medio de un desplazamiento récord, las vías tradicionales para encontrar soluciones disminuyeron el año pasado. Solo un cuarto de millón de personas refugiadas regresó a su país de origen en condiciones de seguridad en 2020. Además los retornos han resultado imposibles también para los millones de personas desplazadas dentro de sus países, donde la violencia continúa.
Otra de las soluciones tradicionales, el reasentamiento, alcanzó su nivel más bajo en 20 años el año pasado, con sólo 23.000 personas que tendrán una nueva vida en terceros países a través de ACNUR en 2020. Sin embargo, Triggs se mostró optimista acerca de una recuperación del reasentamiento en los próximos meses, a medida que la pandemia disminuya y los países restablezcan sus capacidades.
A pesar de los continuos desafíos, Triggs resaltó algunos avances claros para mantener a salvo a millones de personas desplazadas, sobre todo a través de la inclusión de las personas refugiadas en los países de acogida, desde Colombia hasta el Líbano, Tanzania y Turquía, que les permitieron de diversas maneras el acceso a la salud, vivienda, educación y el derecho al trabajo.
“En lugar de un reparto equitativo de responsabilidades, vemos cómo la responsabilidad se traslada hacia quienes tienen menos recursos para soportarla".
“Cuando una persona desplazada puede trabajar, puede contribuir de forma significativa a sus comunidades de acogida, a cubrir la escasez de mano de obra, a cuidar a las personas mayores, a trabajar en la agricultura, en los servicios de salud y en la construcción, y a enriquecer todas nuestras vidas, como hemos visto en el deporte con el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, y en el arte y la cultura”, apuntó.
Además, los esfuerzos de ACNUR junto con sus socios, entre quienes se encuentran agentes de paz y de desarrollo, el Banco Mundial y el sector privado, también han contribuido a apoyar a las poblaciones desplazadas y a los países de acogida.
Aunque las restricciones por la COVID han limitado el acceso al reasentamiento, Triggs señaló que han surgido soluciones alternativas prometedoras a través de “la movilidad laboral, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de otro tipo, la educación y el apadrinamiento comunitario”.
La campaña #IBelong de ACNUR para erradicar la apatridia antes de 2024 también ha progresado. Esto incluye avances en la adhesión de los Estados a las dos convenciones sobre apatridia y esfuerzos para garantizar que el registro de nacimientos esté disponible en hospitales y comunidades locales. “Pero a pesar de estos avances en muchos países”, expresó Triggs, “queda mucho por hacer, especialmente porque algunos han suspendido los registros civiles y de nacimiento durante la pandemia, creando retrasos y aumentando el riesgo de apatridia en lugar de reducirlo”.
Triggs también destacó los logros derivados del Pacto Mundial sobre Refugiados y el Foro Mundial sobre Refugiados, que le dio seguimiento en diciembre de 2019, donde se asumieron más de 1.400 compromisos que han dado lugar a políticas e inversiones públicas y privadas que tienen “un valor duradero al proporcionar vías prácticas para las soluciones”.
“En los dos años transcurridos desde el Foro Mundial sobre Refugiados, se han hecho verdaderos progresos”, mencionó, concluyendo: “No cabe duda de que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para dar un significado práctico al principio de reparto equitativo de las responsabilidades que se encuentra en el corazón del Pacto Mundial sobre Refugiados. Se trata de una de las principales prioridades de la Agencia de la ONU para los Refugiados y que encarna el principio internacional de solidaridad”.