Brasil: ¿Qué implica la inmigración de los indígenas?

Durante seis meses, la OIM realizó una investigación sobre los derechos y el estatus legal de los migrantes indígenas en Brasil, en particular de los venezolanos Warao. Como resultado, la Organización publicó un documento destinado a profundizar en el estudio de la migración internacional de estos grupos y mejorar la capacidad del país sudamericano para lidiar con los flujos.

A principios de 2016, diversos miembros del pueblo venezolano autóctono de Warao comenzaron a llegar al estado brasileño de Roraima, aumentando la demanda de servicios públicos y creando dudas acerca de su estatus legal en el país.

"Los migrantes indígenas trajeron un desafío adicional a las autoridades encargadas de manejar el nuevo flujo [migratorio]", indicaba entonces Stephane Rostiaux, jefe de la Misión de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) en Brasil, al mismo tiempo que explicaba que las ciudades de tránsito a las que llegaban estos venezolanos no estaban habituadas a tal volumen de migrantes.

Ante esta situación, la OIM, en colaboración con los líderes indígenas y las autoridades de Brasil, realizó un informe sobre cómo la condición de "indígena" influencia los derechos de los migrantes y afecta los deberes del Estado estipulados en las leyes nacional e internacional.

"En el contexto de la migración, la invisibilidad de la identidad cultural de los pueblos indígenas constituye un desafío global a la hora de proteger los derechos humanos", señaló la investigadora Erika Yamada, miembro independiente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los investigadores determinaron que estos migrantes se encuentran protegidos en tres ámbitos legislativos: los derechos universales, reconocidos en la legislación brasileña o en documentos internacionales; sus derechos como migrantes, garantizados por la ley nacional o internacional; y sus derechos como indígenas garantizados por la ley nacional o internacional y, en concreto, por las herramientas disponibles desde la adopción de la nueva ley migratoria.

A partir de estas normas, el estudio proporciona 35 recomendaciones sobre como diseñar las políticas públicas, concretamente en lo referido al reconocimiento de la condición de indígena y protección, los aspectos institucionales, la documentación, la acogida, la educación y la sanidad.

Con ellas, se pretende que los indígenas tengan acceso a los servicios que requieran para asegurarles una vida digna y que se les garanticen los medios necesarios para proteger y preservar su riqueza cultural y lingüística.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se establece que las autoridades deben garantizar servicios sanitarios a los migrantes indígenas, ya se encuentren en las zonas urbanas o rurales, y deben hacerlo respetando sus prácticas tradicionales y teniendo en cuenta la relación intercultural, que en ciertos casos implica el empleo de intérpretes para asegurar entendimiento mutuo.

En el caso del alojamiento, se prevé, a corto plazo, convertir los refugios en centro de referencia donde los migrantes puedan aprender las costumbres locales e informarse sobre cómo obtener documentación o acceder a los servicios sociales. A largo plazo, se busca colaborar con los pueblos indígenas para poder ofrecerles viviendas colectivas donde se asegure su sostenibilidad y su autonomía.

Este estudio, así como sus recomendaciones, podrán utilizarse como marco de referencia a la hora de proteger los derechos de los migrantes indígenas en otros países. "En Brasil, las especificidades de los migrantes Warao de Venezuela han mostrado que, para ser adecuadas, las políticas públicas deben tener en cuenta las características de un movimiento continuo de migrantes a través de las fronteras, que difiriere de los flujos migratorios tradicionales. Los países que lidien con migrantes indígenas pueden aprender de la experiencia brasileña", concluyó Erika Yamada.