Venezuela: Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela

La celebración por parte de Colombia de una reunión sobre Venezuela el 25 de septiembre constituye una importante oportunidad para llamar la atención sobre la gravedad de la crisis en el país, el sufrimiento de su gente y la carga que impone en sus vecinos. Es también una oportunidad para acordar las líneas generales de una respuesta política y humanitaria. La reunión debería enfocarse en alcanzar un consenso internacional sobre cómo abordar la migración masiva de venezolanos, cómo impulsar al gobierno hacia un compromiso político y cómo prepararse para los cambios repentinos producidos por la profundización de la crisis del país.

Los hechos y los números cuentan la historia. La economía venezolana se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el Presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, principalmente debido a malos manejos económicos y el posterior colapso en la producción del petróleo. A finales de 2017, la economía entró en una espiral hiperinflacionaria, con los precios aumentando actualmente en un 200 por ciento por mes. Dependiente de las importaciones y a falta de una divisa fuerte, el país enfrenta una aguda escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales. Muchos medicamentos esenciales han desaparecido de las farmacias, mientras que otros registran una escasez del 85-90 por ciento. El servicio público de salud ha colapsado, mientras que el suministro de servicios públicos como agua, electricidad y gas sufre de unas interrupciones prolongadas. Pese a que enfermedades como la malaria, sarampión, difteria y tuberculosis se encontraban prácticamente erradicadas, epidemias de éstas actualmente afectan a partes extendidas del país y amenazan con expandirse a los países vecinos.

Hasta el 90 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza y más de un tercio no tiene los medios para comer tres veces al día. Miles buscan su comida en la basura. En los últimos tres años, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional para la Migraciones, casi 1,6 millones han huido del país, desencadenando una enorme crisis humanitaria y ejerciendo una aguda presión en los servicios sociales y mercado laborales de los países receptores, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, así como en Roraima, un estado al norte de Brasil.

Mientras tanto, el gobierno venezolano se encuentra en un estado de total negación. Dice que la crisis es una invención de los medios extranjeros, culpa a las sanciones financieras impuestas por EE.UU. en agosto de 2017 por la escasez y se rehúsa a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

El país está también envuelto en una crisis política. En las elecciones de 2016, la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, pero desde entonces el gobierno ha bloqueado sus esfuerzos de alcanzar un cambio político pacífico. El gobierno ha aprovechado su control sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para reprimir las protestas y encarcelar, exiliar o vetar a los opositores. La mayoría de la oposición boicoteó las elecciones presidenciales del 20 de mayo y el resultado de éstas fue rechazado por los EE.UU. la Unión Europea y los catorce países latinoamericanos y del Caribe que pertenecen al Grupo de Lima, cuyos líderes apoyaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta enero de este año.

Medidas inmediatas para hacer frente a las crisis migratoria y humanitaria: Aquellos países que están soportando el peso de la crisis migratoria necesitan apoyo adicional y urgente de los donantes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que solamente Colombia necesita $1,6 mil millones al año para lidiar con el flujo migratorio desde Venezuela, mucho más que los cerca de $50 millones suministrados por los EE.UU. y la UE este año. Este apoyo debe ser canalizado a través de mecanismos internacionales debidamente coordinados, incluyendo las oficinas del nuevo enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, y recurrir a mecanismos de financiación mancomunada bajo la supervisión del Banco Mundial y el BID. A su vez, los países latinoamericanos que reciben venezolanos deberían asegurar que los migrantes tengan acceso a servicios públicos y a programas de integración social y económica. También deberían honrar las promesas realizadas en la reciente cumbre latinoamericana en Quito de no cerrar sus fronteras o pedir documentos de viaje imposibles de obtener a los migrantes, tal como Perú y Ecuador amenazaron con hacer en agosto. Los donantes extranjeros deberían fortalecer y apoyar a grupos de la sociedad civil que brinden ayuda humanitaria dentro de Venezuela, mientras que los países latinoamericanos y europeos, al igual que las organizaciones internacionales, deben continuar insistiendo ante el Presidente Maduro que esa ayuda no es una herramienta de influencia extranjera sino una manera de prevenir un sufrimiento humano mayor.

Presionar el progreso político: Será necesario ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para lograr cambios. Las sanciones pueden ser una de las herramientas. Mientras que EE.UU., Canadá, y la Unión Europea han impuesto algunas medidas restrictivas, sería más efectivo que los gobiernos latinoamericanos aplicarán sanciones específicas, como prohibición de viajes y congelamiento de activos, por ejemplo, a oficiales venezolanos de alto nivel. Estas sanciones deben combinarse con señales claras de que serán progresivamente levantadas en respuesta a los pasos que el gobierno realice para entablar negociaciones sustantivas con la oposición y relajar el hostigamiento a los líderes y partidos de la oposición. Las sanciones regionales casi no tienen precedentes y enviarían una señal más fuerte que las impuestas por América del Norte y la UE.

Algunos pasos que deben evitarse incluyen sanciones que puedan ocasionar un mayor daño público al afectar a sectores estratégicos de la economía como es la industria petrolera (por ejemplo, al prohibir la exportación de petróleo venezolano a los EE.UU.) o infligir mayor sufrimiento a la población por otros medios. Lo mismo aplica para medidas más extremas. Durante las últimas semanas, han circulado rumores que sugieren que el presidente de EE.UU. se habría unido a algunas figuras en la oposición venezolana al contemplar la idea de la intervención militar, una posición que también encontró un apoyo tácito en una reciente declaración pública del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La solución a la crisis de Venezuela no está ni debe pasar por ese escenario, el cual, de realizarse, ciertamente resultaría desastroso, y el cual por el solo hecho de ser sugerido, sirve para reforzar la sensación de asedio del gobierno venezolano. Con la intervención militar se corre el riesgo de sumir al país en una mayor inestabilidad y conflictos de baja intensidad debido a la abundancia de armas ilegales y la presencia de grupos armados violentos no estatales, así como a la falta de consenso sobre quién debería dirigir un supuesto gobierno de transición.

Solo una transición negociada, que probablemente implique alguna forma de garantía para altos funcionarios en el gobierno de Maduro, hacia la restauración de políticas de gobierno más inclusivas y representativas, la reintroducción de controles constitucionales y la estabilización de la economía, ofrece la esperanza de una solución viable y sostenible.

China podría jugar un papel importante, dada su considerable influencia sobre Venezuela. Aunque continúa siendo cercano al gobierno de Maduro, sus intereses estarían mejor resguardados por una transición estable que respete sus inversiones y la deuda pendiente de pago de Venezuela con Beijing, estimada en $ 20 mil millones.

Preparación para el peor de los escenarios: Aun si siguen los dos caminos anteriores, los gobiernos latinoamericanos y otros socios internacionales deben estar preparados para ajustarse a un cambio político repentino en Caracas, probablemente como resultado de las tensiones entre las facciones del gobierno, que pueden llevar a un cambio en el liderazgo. La aparición de un liderazgo más conciliador en Venezuela brindaría una oportunidad a los poderes extranjeros de reanudar su compromiso con la negociación política y la estabilización económica. Por otro lado, una división más traumática o una ruptura en la coalición gobernante podrían exacerbar la crisis económica y humanitaria. En este caso, los países de la región y los donantes deben estar preparados para incrementar su ayuda a los vecinos afectados y presionar a los aliados de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozcan la amenaza a la paz y la seguridad internacional que genera esta crisis.