Guatemala: Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad. Resumen Ejecutivo

En el marco de sus mandatos, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) han desarrollado este informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, que abarca el período entre 1 de enero de 2017 y 30 de abril de 2019. En Guatemala, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho. Su trabajo comprende una amplia gama de acciones, desde la denuncia de violaciones de los derechos humanos hasta el desarrollo de propuestas para fortalecer la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas.

Sin embargo, las personas y organizaciones defensoras continúan enfrentando múltiples riesgos, sea en función de las diversas cuestiones de derechos humanos que defienden o de su identidad (pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTIQ, por ejemplo). Los ataques contra personas defensoras pueden provenir de actores estatales y no estatales e incorporar diversas modalidades, a menudo utilizadas en combinación, para limitar su labor. El informe describe los riesgos específicos y múltiples que enfrentan ciertos grupos de personas incluyendo: (1) pueblos indígenas; (2) mujeres defensoras; (3) personas defensoras LGBTIQ; (4) periodistas; (5) juezas/ces y abogadas/os independientes; y (6) personas defensoras que defienden los derechos de víctimas del conflicto armado interno.

La criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, que consiste en el uso indebido del derecho penal en su contra, es una preocupación central del informe. PDH y OACNUDH señalan varios patrones observados en estos casos.

Existen varios factores estructurales que perpetúan un entorno inseguro y adverso para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Estos incluyen la estigmatización y las percepciones prejuiciosas contra las personas defensoras y los derechos humanos en general; la falta de seguridad en la tenencia/ propiedad de las tierras, los territorios y los recursos naturales; la corrupción e impunidad; y la violencia, incluyendo la de carácter político en el contexto electoral. Las debilidades institucionales representan un factor transversal que limita la superación de los problemas estructurales e impide garantizar una respuesta efectiva del Estado.

Los ataques contra personas defensoras tienen impactos negativos en varios niveles, incluidas las esferas individual, familiar y colectiva/comunitaria (especialmente en el caso de los pueblos indígenas), y generan, como resultado, efectos silenciadores y de paralización de su labor.

A lo largo de los años, Guatemala ha logrado algunos avances en el desarrollo de medidas para la prevención, protección y acceso a la justicia en casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, estos avances resultan incipientes para superar los desafíos pendientes que permitan una respuesta efectiva. En consecuencia, el informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones formuladas por PDH y OACNUDH para contribuir a garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en el país