Centroamérica: CIDH presenta Informe sobre Desplazamiento Interno en países del Triángulo Norte de Centroamérica

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su Informe sobre "Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica - Lineamientos para la formulación de Políticas Públicas". En este informe, la Comisión contextualiza y define los derechos de las personas desplazadas internas y una serie de estándares interamericanos en la materia. Como un aporte novedoso, el informe incluye lineamientos dirigidos a la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la atención del fenómeno del desplazamiento interno, elaborados a partir los estándares interamericanos relacionados con las obligaciones estatales de prevenir, proteger, brindar asistencia humanitaria a las víctimas y garantizar el retorno a sus lugares de origen.

La CIDH reconoce que el desplazamiento interno es un fenómeno complejo y multicausal en dicha región. En su labor de monitoreo de derechos humanos ha identificado a lo largo de los últimos años, de conformidad con la información recibida a través de sus distintos mecanismos, un gran número de personas desplazadas internas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En particular, la CIDH ha tomado conocimiento de un crecimiento gradual de la movilidad humana interna provocada por los altos niveles de violencia que están experimentando esos países; en gran parte, consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad. Asimismo, la CIDH también ha venido observando cómo se viene generando una práctica de desalojos forzosos que conllevan al desplazamiento interno en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas, con un impacto devastador en los derechos de estos grupos.

El objetivo del Informe es brindar una herramienta práctica a los funcionarios y funcionarias en la materia que tienen a su cargo el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, así como a las organizaciones sociales que trabajan en la promoción y protección de los derechos de las personas desplazadas internas y que demandan al Estado la adopción de medidas y de políticas públicas para dar respuesta efectiva a esta preocupante situación.

El informe cuenta con recomendaciones específicas, dirigidas a cada sector de la administración estatal, de manera que puedan ser implementadas como medidas de fortalecimiento de la protección emanada del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entre estas medidas específicas se encuentran asegurar el presupuesto para la sostenibilidad del esquema institucional y capacitar a todo el personal respecto de la promoción y protección de los derechos humanos y su rol como operadores públicos.

Asimismo, el informe contiene recomendaciones destinadas a asegurar la participación de la sociedad civil y de las personas desplazadas internas en todo el proceso de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas para asegurar que su ejecución resulte integral, participativa e inclusiva. Esta recomendación es extensiva a los distintos niveles de la gestión gubernamental que participan en el diseño y formulación de las políticas públicas destinadas a la prevención del desplazamiento interno forzado y a la protección de los derechos de las personas desplazadas internas.

En el informe también se resalta, entre otros, la importancia de incluir la perspectiva de género y diversidad en torno a las situaciones de desplazamiento interno. En particular, la CIDH ha identificado que debido a situaciones de discriminación, las mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI sufren un impacto diferenciado, como otras personas y grupos viviendo en situación de discriminación histórica.

Con ocasión a la publicación del presente informe, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH instó a las instituciones públicas de los países del Triángulo Norte "a que trabajen mancomunadamente sobre la problemática del desplazamiento interno con el objetivo de brindar respuestas conjuntas y articuladas para proteger y asistir a las personas en la situación previa al desplazamiento, durante y luego del desplazamiento". Por su parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y Personas Desplazadas, resaltó la importancia de un "abordaje integral de este problema de derechos humanos por parte de los Estados en su posición de garantes, con la adopción de medidas efectivas que van desde el reconocimiento oficial del desplazamiento interno forzado hasta medidas para prevenir las causas y dar respuestas a las necesidades protección de las personas desplazadas internas". El Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão destacó que "la Comisión Interamericana reitera su disposición para acompañar las iniciativas estatales a través del mecanismo de cooperación técnica con el objetivo de asistir la implementación de los lineamientos de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos que se encuentran recomendados en este informe."

Este informe se acompaña de una Guía Práctica que contiene lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno, dirigidos a orientar la actuación de los Estados, así como brindar herramientas a la sociedad civil y a las personas desplazadas para demandar, acompañar, incidir y controlar la actuación estatal.

El informe se realizó como parte de las actividades del "Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia", que se ejecuta conjuntamente con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y que busca fortalecer los conocimientos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus estándares de los actores locales clave encargados de proteger y defender los derechos humanos en los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.