CIDH y las presencias de ONU Derechos Humanos reiteran su llamado para la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Puerto Príncipe / Santiago de Chile / Tegucigalpa / Washington, D.C. - En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) manifiestan su preocupación por la continuidad, y en algunos casos el agravamiento, de los patrones de violencia y criminalización que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en las Américas durante los meses de mayo a septiembre de 2019.

La CIDH y las presencias del Alto Comisionado alertan sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización que impactan negativamente en la actividad de las personas defensoras.

Resulta especialmente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atención el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos.

CIDH y la ONU-Derechos Humanos expresan con preocupación que Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región.

Desde enero a la fecha, la Oficina en Colombia ha documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Estos 63 casos han ocurrido en un total de 19 departamentos del país. Adicionalmente la Oficina sigue en proceso de verificación de 43 asesinatos más donde se presume que la víctima era defensor o defensora de derechos humanos. Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, fechas en las que se enmarca este comunicado, la Oficina de ONU Derechos Humanos confirmó el asesinato de 33 personas defensoras de derechos humanos (7 mujeres, una de ellas se identifica como personas LGBTI y 26 hombres). Varios de estos asesinatos se habrían producido en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/ u oponerse a economías ilícitas.

Entre algunos casos destacan el asesinato de Mauricio Fernando Lezama Rengifo, quien fue asesinado el 9 de mayo en el departamento de Arauca, mientras realizaba un cortometraje sobre la vida de la lideresa Mayo Villareal. El 20 de julio, Humberto Díaz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Guadalupe que lideraba procesos de desarrollo social y comunitario en el municipio de Gigante, Huila, habría sido sorprendido en su casa junto a su familia por un sujeto armado no identificado que le propinó varios disparos hasta causarle la muerte. Asimismo, la ONU Derechos Humanos-Colombia tuvo información sobre el asesinato de 5 personas que ejercían algún tipo de liderazgo del pueblo Nasa, tres de ellas pertenecían a la Guardia Indígena. Ambos organismos notan asimismo con preocupación los casos reportados de asesinatos a varias personas que han decidido participar como candidatos/as en las elecciones departamentales y locales de octubre 2019. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) 7 candidatos han sido asesinados en el periodo pre-electoral de 27 de julio hasta la fecha. De estos candidatos, una víctima era defensora de derechos humanos.

En Honduras, preocupan los asesinatos y otros actos de violencia cometidos contra personas defensoras que se dieron en el contexto de las manifestaciones y paros convocados por el sector salud y educación, que tuvieron lugar en diferentes partes del país en los últimos meses. Según la información recabada, fuerzas de seguridad del Estado habrían empleado un nivel excesivo en el uso de la fuerza al momento de disuadir las protestas. Cuatro personas fallecieron por heridas de arma de fuego, incluido un menor de edad.

De igual manera, ambos organismos condenan los asesinatos de al menos 10 personas defensoras de derechos humanos que ejercieron su labor fuera del contexto de protestas, como el ambientalista Roberto Antonio Argueta Tejada, el 28 de agosto de 2019. El defensor habría sufrido anteriormente, junto con 32 personas más, actos de criminalización por defender los ríos de San Pedro y Guapinol. Los organismos también condenan el asesinato de Bessy Ferrera, mujer trans y defensora de los derechos delas personas LGBTI y de personas viviendo con VIH, el 8 de julio. Ella fue atacada y asesinada por desconocidos que se conducían en un vehículo; según se reporta, en este ataque también resultó herida otra mujer trans. Ambos organismos toman nota que una investigación está en curso y que dos personas han sido arrestadas. Los días 26 y 29 de septiembre respectivamente fueron hallados muertos los defensores indígenas Tolupán, Milgen Adán Soto Ávila que formaba parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Adolfo Redondo quien se desempeñaba como Coordinador del Comité de apoyo local al Consejo Indígena Tribal de el Portillo, ambos en el departamento de Yoro. Ambos organismos lamentan los asesinatos de las personas defensoras en Tolupán e instan a la toma urgente de medidas para luchar contra la impunidad.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos mantienen su preocupación por el asesinato de personas defensoras de derechos humanos en México. Hasta septiembre de 2019 se tienen registrados 15 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país. Se destaca el asesinato del biólogo José Luis Álvarez Flores, defensor del derecho a un medio ambiente sano, que había previamente recibido amenazas debido a sus denuncias sobre la explotación de recursos naturales en la región de Chiapas y Tabasco.

En Brasil, ambos organismos expresan su especial preocupación por la violencia en contra de quienes defienden el derecho a la tierra en el país. Entre otros, el 5 de junio de 2019, Aluciano Ferreira dos Santos, agricultor y miembro del Movimiento Sin Tierra (MST), fue asesinado en Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, con cuatro tiros mientras se dirigía a una estación de radio local para una entrevista. El 11 de junio de 2019 fue asesinado en su residencia, en Río María, sur de Pará, Carlos Cabral Pereira, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Río María y miembro del directorio de la Central de Trabajadores de Brasil, por hombres armados que se transportaban en motocicleta. Asimismo, Luis Ferreira da Costa, militante del MST, fue asesinado durante una protesta el 18 de julio de 2019, cuando un hombre atropelló intencionadamente con su camión a varios manifestantes en Valinhos, São Paulo. El 22 de julio de 2019, fue asesinado el líder indígena Emyra Wajãpi. Los organismos toman nota de las investigaciones que están en curso sobre este caso

Con respecto a los hostigamientos, intimidaciones y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos en la región, ambos organismos expresan su preocupación por los casos registrados durante los últimos meses. En Brasil, en el mes de junio, el diputado federal y activista por los derechos de las personas LGBTI, David Miranda, señaló haber entregado un documento a la policía federal con nuevas amenazas de muerte en su contra. Estas últimas amenazas se suman a las recibidas por su marido, Glenn Greenwald, en el ejercicio de su labor como periodista. El 10 de agosto, el defensor de los derechos humanos Antônio Luiz Marchioni, fue amenazado de muerte por parte de extremistas religiosos después de participar en un debate sobre derechos sexuales y reproductivos y política de drogas.

En Colombia, el 14 de mayo, varios miembros de organizaciones defensoras del medioambiente de Cajamarca, recibieron amenazas por parte del grupo armado ilegal Águilas Negras. Según la información recopilada, las amenazas podrían haber estado relacionadas con la resistencia a los proyectos mineros en la región. Durante el mismo mes, circularon panfletos en redes sociales, supuestamente realizados por el mismo grupo, señalando como objetivos a siete lideresas sociales. El 25 de junio, habrían surgido nuevas amenazas en contra de líderes sociales y periodistas, esta vez a través de la difusión de panfletos amenazantes realizados supuestamente por el grupo denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según medios locales, los panfletos señalaban como objetivos a los líderes indígenas Zenu, Israel Aguilar, Andrés Betin y al periodista Rafael Morelo.

En Cuba, quienes defienden los derechos humanos continuarían siendo víctimas de actos de hostigamiento e intimidación policial. Estos actos consisten en arrestos arbitrarios y de corta duración antes, durante o después de ejercer el derecho a la libre asociación o libertad de expresión de estas personas. En mayo, el profesor universitario y activista del movimiento LGBTI+, Oscar Casanella, habría sido detenido y agredido presuntamente por participar en una marcha en defensa de los derechos de las personas LGBTI en la capital de dicho país. De acuerdo con información pública, en el contexto de su detención, el defensor fue golpeado en el pecho y el abdomen por cuatro oficiales de policía y luego trasladado al hospital. El 16 de mayo, la defensora de derechos LGBTI, Leodan Suarez, habría sido detenida antes de participar en una reunión con la Embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para discutir sobre la situación actual de la población LGBTI en Cuba. De acuerdo con información pública, durante su detención la defensora habría sido humillada por ser trans, además de habérsele negado alimentación y su medicación.

En Haití, los días 23 y 24 de julio, el defensor Gérald Guillaume, coordinador de la ONG IDETTE (Initiative Départementale Contre la Traite et le Trafic des Enfants), habría recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono. Desde principios de septiembre 2018, el defensor habría sido víctima de intimidaciones relacionadas con su trabajo con IDETTE por revelar casos de violencia sexual contra niñas y niños cometidos en el Departamento de Grand'Anse.. En agosto, dos agentes de la institución nacional de derechos humanos (Office de la Protection du Citoyen d'Haïti, OPC) también habrían sido víctimas de intimidaciones por denunciar graves irregularidades durante uno de los procesos judiciales.

En Guatemala, el 4 de septiembre fue declarado un estado de sitio que suspende el ejercicio de varios derechos, incluyendo derechos de reunión y manifestación pacífica, en 22 municipios del país, que duró 60 días. Dos organizaciones de derechos humanos, la Defensoría Q'eqchi' y la Fundación Guillermo Torriello en el Estor, Izabal, tuvieron que suspender sus actividades durante el periodo de estado de sitio, por temores de represalias por sus actividades en defensa de los derechos humanos. El 27 de septiembre, en el marco del estado de sitio, la radio comunitaria q'eqchi' Xyaab' Tzuultaq'a, que publicaba información sobre los derechos humanos en la región, fue allanada y cerrada por autoridades del Estado. La declaración del estado de sitio se dio unas semanas después del otorgamiento de un amparo provisional el 19 de julio por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que suspende temporalmente la licencia de explotación de la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la cual también se encuentra en el municipio de El Estor, Izabal. El amparo, que fue presentado a título personal por más de 60 pobladores de El Estor, en su mayoría integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, alega que la licencia fue otorgada sin consultar con el pueblo indígena q'eqchi' afectado y que tiene impactos negativos sobre el medioambiente.

En el contexto de las manifestaciones convocadas en el marco del paro de los sectores de salud y educación en Honduras, ambos organismos recibieron información que indica que manifestantes e integrantes de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública sufrieron campañas de intimidación y hostigamiento laboral, con motivo de su organización y participación en dichas manifestaciones. Entre otros, se recibió información sobre el despido del señor Marco Garay Caballero, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) en el mes agosto, por un alegado conflicto de intereses al pertenecer a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública. Asimismo, el 14 de junio, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los miembros de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH). La solicitud de medidas cautelares alega que las lideresas y líderes jóvenes se encontrarían en una situación de riesgo tras supuestos actos de violencia, intimidaciones y hostigamientos en su contra, presuntamente relacionados con su labor como defensores y defensoras de derechos humanos. En cuanto a personas defensoras del medioambiente, los ataques, amenazas y agresiones, como la quema de cosechas, siguen contra las y los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y especialmente su lideresa Rosalina Domínguez y la Comunidad de Río Blanco.

Ambos organismos expresan su profunda preocupación por los constantes actos de hostigamiento, y amedrentamiento en contra de personas defensoras de personas migrantes y refugiadas en México. Según información pública, el 20 y el 23 de julio, efectivos de la Policía Federal, Policía Municipal, Policía Militar y Guardia Nacional habrían realizado acciones de inspección de migrantes en las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, pese a que ello estaría prohibido por la Ley de Migración de México. Asimismo, frente a los reclamos por la supuesta arbitrariedad de esta operación, efectivos de las fuerzas de seguridad habrían procedido a tomar fotos y grabar con sus dispositivos a personal de la Casa.

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han documentado casos de hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados en el país dedicados/as a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad. Dichos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado, o con su tolerancia en un contexto adverso para desempeñar su labor. Entre otros, destaca la situación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana. Respecto de la CPDH, el 1 de junio, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a 24 integrantes de la organización. Asimismo, El 14 de septiembre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Freddy Alberto Navas López, líder del movimiento campesino que estuvo privado de libertad por más de seis meses, supuestamente en razón de su involucramiento con el movimiento campesino y su rol de liderazgo en acciones de oposición al actual gobierno. Tras ser liberado el 11 de junio, habría vuelto a ser blanco de seguimientos y hostigamientos.

En Perú, la CIDH conoció que el 29 de julio tres personas armadas habrían disparado cinco tiros a la vivienda de Germán López, Presidente de la Comunidad Ashaninka Nueva Austría en Huánuco. Este acto de intimidación habría ocurrido como represalia por parte de grupos que intentan apropiarse de los territorios indígenas.

En Venezuela, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre supuestos actos de intimidación y amenazas por parte de grupos civiles armados y fuerzas de seguridad del Estado. En agosto, el defensor Manuel Mir, líder comunitario de la Parroquia 23 de Enero en Caracas, habría sufrido amenazas por parte de personas integrantes de un grupo civil armado que opera en esta localidad. El 15 de julio, la periodista y defensora de derechos humanos Violeta Santiago, habría sido víctima de amenazas e intimidaciones por parte de un agente de la Guardia Nacional Bolivariana cuando acudía a una estación de servicio a constatar la falta de combustible en la ciudad de Mérida. El 1 de julio, el abogado Alonso Medina Roza, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue acosado, en el Palacio de Justicia por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los cuales intentaron despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar su contenido. El 6 de septiembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) habrían allanado la residencia de la abogada Tamara Suju, defensora de derechos humanos que se encuentra fuera del país. Esa misma semana también fue allanada la residencia de la profesora Carmen Alguindigue, defensora de estudiantes universitarios del centro de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Metropolitana (UNIMET).

Por otra parte, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han expresado reiteradamente su preocupación por los actos de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la región, mediante los cuales se les somete a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas.

Según información recibida, personas defensoras de migrantes han sido indebidamente investigadas por supuestos delitos, incluyendo el de tráfico de personas. La CIDH, durante su visita de trabajo a la frontera sur de Estados Unidos (19 - 23 de agosto) recibió información sobre las situaciones a las que se enfrentan personas defensoras de derechos de los migrantes tales como: i) restricciones para reunirse con las personas a las que asisten, especialmente si se encuentran en detención; ii) amenazas y hostigamientos, incluso en ocasiones a través de acusaciones formales que invocan trasgresiones a la ley; y, iii) la imposibilidad de establecer contacto telefónico y restricciones a la movilidad.

Tanto los procedimientos especiales de la ONU (5 de junio de 2019) como la CIDH (23 de julio de 2019) manifestaron su preocupación por la criminalización de Scott Warren, profesor universitario y miembro de la organización de la sociedad civil "No More Deaths", al enfrentar tres cargos de delitos graves por ofrecer agua, comida, ropa limpia y una cama para dormir a personas migrantes en el Ajo, Arizona.

En México, a pesar de una trayectoria de décadas defendiendo los derechos de los pueblos indígenas habiendo conquistado importantes precedentes judiciales en materia de restitución de tierras a comunidades indígenas que habían sido despojadas, la defensora Estela Ángeles Mondragón se ha vuelto el blanco de una campaña de desprestigio y de criminalización.

En Brasil, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de defensa de la tierra, fueron hostigadas judicial y policialmente mediante desalojos forzosos de campamentos. El 7 de agosto, residentes de la Comuna Marisa Letícia, organizada por el Movimiento sin Tierra (MST) en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte, fueron desalojados/as por la fuerza por la Policía Militar sin previo aviso. La Comuna Marisa Letícia se creó el 21 de junio por 140 familias y, de acuerdo con la información pública, el desalojo se habría llevado a cabo con violencia, utilizando tractores para destruir las pertenencias de quienes vivían allí.

En Guatemala, en el contexto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país el 3 de septiembre, existen preocupaciones sobre el riesgo de represalias hacia personas defensoras de derechos humanos de la lucha contra la impunidad y la corrupción, incluyendo ex funcionarios de la CICIG. Esto se suma a patrones de ataques y represalias, incluyendo estigmatización, criminalización y hostigamiento en contra de fiscales, jueces y juezas y magistrados y magistradas independientes, especialmente aquellos que conocen casos relacionados con delitos de corrupción y justicia de transición.

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han denunciado repetidamente el uso indebido del derecho penal, con el fin de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Ambos organismos recibieron información de la criminalización de la defensora de derechos humanos e integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Maria Oviedo, quien fue declarada culpable el 29 de agosto de obstrucción de funciones en perjuicio de un teniente de la policía, quien la habría agredido verbal y físicamente en la delegación de Masaya, el pasado 26 de julio, mientras este interrogaba a su defendido.

En Cuba, la CIDH ha recibido información sobre actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos mediante la imputación de tipos penales como el de peligrosidad social pre-delictiva, desacato y atentado. El 7 de agosto de 2O19 el Tribunal Provincial de Guantánamo, notificó al comunicador social Roberto Quiñones sobre la sentencia a un año de prisión por el delito de resistencia y desobediencia, por un proceso iniciado luego de haber sido detenido por cinco días en el mes de abril. Al respecto, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH expresó su preocupación por la persistencia de la criminalización y hostigamiento contra comunicadores y defensores de derechos humanos en dicho país.

En materia de discursos de difamación y deslegitimación, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre declaraciones deslegitimizantes en contra de activistas ambientales en el marco de los incendios que han afectado durante los últimos meses los territorios de Brasil y Bolivia. En Brasil, el 21 de agosto el Ejecutivo insinuó que detrás de los recientes incendios en el Amazonas, los mayores registrados en los últimos años, podrían estar las organizaciones de la sociedad civil. En Bolivia, los manifestantes y activistas que acudieron a la movilización del 24 de agosto en defensa del ambiente y el Amazonas, fueron señalados en un pronunciamiento público del Ejecutivo de ser también contaminadores.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos también han continuado recibiendo información sobre actos de deslegitimación y restricción del trabajo de defensoras y defensores en Venezuela. El 4 de mayo, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa de televisión volvió a desacreditar el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y señaló que éstas conspiran contra Venezuela por el hecho de "aceptar dinero" del "imperialismo" y advirtió que aprobarán una ley que les sancione severamente. Asimismo, el 3 de julio, publicó un video en el cual se acusaba a los abogados defensores Joel García y Naremi Silva, de participar en supuestos planes de conspiración para la planificación de la supuesta fuga del diputado Juan Requesens.

Ambos organismos expresan su preocupación por los altos niveles de impunidad que rodean los asesinatos de personas defensoras en la región.

La Comisión y la ONU-Derechos Humanos recuerdan que los Estados deben garantizar que las personas defensoras de derechos humanos ejerzan su labor de defensa en un ambiente adecuado y libre de obstáculos. Los Estados deben implementar políticas integrales de protección destinadas a personas defensoras de derechos humanos, con un especial énfasis en la prevención, protección e investigación de agresiones en su contra; teniendo en cuenta los enfoques diferenciados de quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente, los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas campesinas, al igual que de las personas LGBTI.

En este contexto, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran que los Estados deben tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y sancionar a los/las responsables materiales e intelectuales. Ello debe incluir el desarrollo de líneas de investigación que incluya o no descarte a priori la hipótesis de que la violencia pudo haber sido cometida en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones además deben ser emprendidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión y la ONU-Derechos Humanos urgen a los Estados a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto a los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

Ambos organismos reconocen avances como la firma del "Pacto por la Garantía de los Derechos de las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos" el 11 de julio en Colombia. Este pacto contiene seis puntos fundamentales, entre los que se resalta el reconocimiento del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos; y el compromiso para trabajar desde las entidades del Gobierno Nacional para la garantía y promoción de los derechos humanos de las lideresas y defensoras, garantizando la protección a su vida y labor con un enfoque de género.

En Colombia, ambos organismos destacan el espacio de confluencia conformado por las plataformas de derechos humanos de la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, impulsado por el Ministerio del Interior, con el apoyo técnico de ONU Derechos Humanos y PNUD, que se encuentra trabajando en el diseño y elaboración de la Política Integral de Respeto y Garantía para la Defensa de los Derechos Humanos.

En México, la ONU Derechos Humanos y la CIDH reconocen la gran apertura mostrada por el Gobierno para la realización por la ONU Derechos Humanos-México de un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la plena la aceptación de las 104 recomendaciones formuladas en dicho Diagnóstico. Se destaca también la liberación de seis defensores indígenas del agua de Tlanixco, víctimas de criminalización que habían pasado injustamente entre 12 y 15 años en la cárcel. La sentencia condenatoria en el caso del homicidio del defensor indígena Isidro Baldenegro, la primera vez que en Chihuahua se condena un asesino de defensores de derechos humanos, es también un avance.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos celebran que el 26 de septiembre, el Estado Plurinacional de Bolivia, Saint Kitts and Nevis, Uruguay, Saint Vincent and Granadines hayan depositado el instrumento de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer tratado internacional de carácter vinculante que reconoce la obligación de protección a las personas defensoras de derechos humanos, en concreto de quienes defienden el medio ambiente. Estos países se juntan a Guyana, que ya había ratificado el Acuerdo el 18 de abril de 2019. En el mismo sentido, reconocen la decisión de otros 21 Estados de la región de firmar el Acuerdo, y confían que los mismos reforzarán su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos por medio de la ratificación del mismo.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran su llamado a los Estados y a la sociedad en su conjunto para que redoblen sus esfuerzos en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región. Los Estados deben seguir avanzando para desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y políticas públicas de prevención y protección a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos humanos.

La CIDH y la ONU- Derechos Humanos destacan su reconocimiento a quienes desempeñan tan importante labor en la región y aprovechan la oportunidad para exhortar a los Estados de región a reconocer el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.