CIDH insta a garantizar derechos de personas que integran la caravana de migrantes y refugiados en Honduras y Guatemala

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que integran una caravana que camina rumbo a México y Estados Unidos. La CIDH insta a los Estados de Honduras y Guatemala a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que integran la caravana, incluyendo el derecho a salir de cualquier territorio, a buscar y recibir asilo y a la no devolución.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 14 de enero de 2019 empezó a conformarse una nueva caravana de migrantes en San Pedro Sula, Honduras, rumbo a México y Estados Unidos de América. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, las personas hondureñas, en particular, enfrentaron diversos obstáculos para salir de su país, tales como el establecimiento de al menos 7 retenes, bloqueos con vallas humanas formadas por agentes de diferentes cuerpos de seguridad, y filtros implementados por la policía que solicitaba documentos de identidad en el punto fronterizo. Asimismo, se registró el uso de la fuerza por parte de la policía de Honduras, quienes habrían lanzado gases lacrimógenos hacia la caravana hiriendo a varias personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Esto habría ocurrido en el marco de una fuerte campaña por parte de medios de comunicación con la intención de disuadir a las personas de migrar. Como consecuencia, muchas personas, incluyendo familias y niños y niñas, decidieron evitar cruces regulares utilizando rutas más peligrosas por puntos ciegos. La CIDH recuerda al Estado hondureño que cualquier persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio, en términos del artículo 22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la imposibilidad de salir de su país también puede implicar una restricción al derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 de la Convención Americana.

Por otra parte, en la frontera del lado de Guatemala, la Comisión recibió información relativa al uso de la fuerza por parte de autoridades guatemaltecas, así como el uso de una barrera de policías antimotines con toletes, balas de goma y armas, que daban únicamente el paso a mujeres con niñas y niños. La Comisión recuerda que el uso de la fuerza en operativos migratorios se debe utilizar únicamente en observancia a los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad; y que las personas migrantes no representan una amenaza a la seguridad nacional. Consecuentemente, la Comisión insta al Estado guatemalteco a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, incluyendo el derecho a buscar y recibir asilo, el derecho a la no devolución, así como a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza como respuesta ante la llegada de movimientos migratorios masivos.

Desde hace varios años, la Comisión ha sostenido que la migración forzada de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala es uno de los principales desafíos de derechos humanos de la región. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitantes de asilo procedentes de estos tres países aumentó en forma significativa en los últimos cinco años: 439% aumentó el número de personas que tienen solicitudes de asilo pendientes de resolución, y 150% el número de personas a las que ya les fue otorgado.

Al respecto, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló: "Hoy más que nunca tenemos que recordar que migrar no es un delito. Los movimientos migratorios masivos que venimos observando desde hace varios años son un reflejo de la situación de violencia generalizada, discriminación, pobreza y desigualdad que enfrentan las personas en mayor situación de exclusión en los países del Triángulo Norte".

Por su parte, la Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitño, indicó: "Muchas de las personas que integran las caravanas tienen necesidades de protección internacional y muchas otras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y requieren de protección especial, como las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores, entre otras".

La Comisión insta a los Estados a abstenerse de criminalizar la migración, garantizar el respeto de la integridad y la dignidad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, permitir la salida de las personas de su territorio, y a garantizar el derecho a buscar y recibir asilo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.