El reclutamiento de niños atravesó fronteras en 2018

La creciente dimensión transfronteriza de los conflictos se ha convertido en una amenaza adicional para la protección de niñas y niños y requiere de esfuerzos concertados, asegura un nuevo informe de la representante especial del Secretario General sobre estas cuestiones.

Virginia Gamba afirma que el reclutamiento y el uso de los pequeños por parte de grupos armados no estatales que utilizan tácticas extremistas violentas plantea nuevos desafíos desde una perspectiva de protección infantil.

"La situación se ve agravada por la naturaleza global del extremismo violento que ha favorecido el surgimiento del reclutamiento transnacional y la participación de los niños en el fenómeno de convertirse en "combatientes extranjeros"", dice Gamba.

Se estima que desde 2011, entre 30.000 y 42.000 combatientes extranjeros de unos 120 países han viajado al Iraq y a la República Árabe Siria para unirse a grupos afiliados al ISIS o a Al-Qaeda. Se cree que, para noviembre de 2017, casi 7000 combatientes extranjeros habían muerto en el campo de batalla y al menos 14.910 habían abandonado las zonas de conflicto, mientras que unos 6800 habían regresado a sus países de origen.

Esas cifras incluyen una proporción significativa de niños. Dados el alcance y la propaganda cada vez mayores de esos grupos, el reclutamiento y la utilización de niños no se han limitado a las regiones asoladas por los conflictos. Un número cada vez mayor de niños cruzan las fronteras, ya sea solos o con sus familias, hacia zonas controladas por grupos que utilizan la violencia extrema. Esos grupos también secuestraron a niños y los obligaron a cruzar las fronteras mientras estuvieron vinculados a ellos.

Estos niños son considerados a menudo como amenazas de seguridad, arrestados y detenidos, lo que los expone a nuevas violaciones, como su reclutamiento o uso como informantes, la tortura, la violencia sexual y el tráfico o la ejecución bajo sospecha de asociación.

¨Los hijos de combatientes extranjeros o los niños reclutados como combatientes extranjeros no solo son víctimas de utilización, asesinato, mutilación, esclavitud, explotación sexual, miedo constante, adoctrinamiento y presión psicológica, sino que también son testigos o presuntos autores de vulneraciones¨, asegura Gamba, quien resalta que la violencia tiene graves repercusiones para el bienestar físico y mental de esos niños y no se limita a los que se encuentran en las zonas de conflicto, sino que también se aplica a los que regresan de esas zonas, tanto si viajaron solos como si los llevaron allí los adultos, ya fuera voluntariamente o no.

El informe hace un llamado a los Estados para que recuerden que todos los niños asociados con partes del conflicto deben considerarse principalmente como víctimas y su rehabilitación y reintegración deben ser la respuesta primaria.

Además, si son acusados ​​de un delito durante su asociación con grupos armados, los niños deben ser procesados ​​por el sistema de justicia juvenil. La detención siempre debe ser un último recurso, durante el menor tiempo posible y guiada por los mejores intereses del niño.

El informe, que abarca el periodo entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, también alerta sobre un aumento significativo de ataques contra escuelas y su uso militar.

Cada vez más niños son privados de la educación porque las escuelas son atacadas, destruidas, dañadas u ocupadas o porque los niños y sus familias tienen miedo de asistir a clases por los riesgos a los que pueden estar expuestos en la carretera o en la propia escuela, como el secuestro, el reclutamiento o la violencia sexual por las partes en conflicto

En 2018 también se observó un aumento de los secuestros de niños afectados por conflictos armados, incluso a través de las fronteras. El secuestro es una de las seis violaciones graves contra los niños y con frecuencia está vinculado a una o más de las otras violaciones graves, como el reclutamiento.

La representante especial expresa en su informe su voluntad de proporcionar claridad conceptual sobre el secuestro a los profesionales de la protección infantil en el campo y de proporcionar a las autoridades, los actores humanitarios y las comunidades, medidas que puedan ayudar a mitigar o reducir la vulnerabilidad de los niños ante esta grave violación.

Pero no todas son malas noticias, Gamba asegura que un compromiso mejorado y sostenible con las partes de conflicto trajo progresos significativos en 2018, a pesar de que la violencia haya seguido afectando de manera desproporcionada a los niños de todo el mundo.

Por ejemplo, en Afganistán, entraron en vigor las enmiendas al código penal que castigan el reclutamiento y uso de niños por parte de las fuerzas armadas; en Nigeria, 833 niños han sido liberados de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), en cumplimiento del Plan de Acción firmado con las Naciones Unidas y este actor no estatal; en Colombia, tras la transformación de las FARC-EP en partido político, el grupo puso fin a todo reclutamiento de niños, liberó a 135; en Sudán del Sur, un Plan de Acción revisado que cubre las seis violaciones graves a los derechos de los niños se desarrolla actualmente con el Gobierno; además, hay discusiones para la adopción de nuevas iniciativas con otras partes en conflicto en África, Oriente Medio y Asia.

El informe aboga además por un renovado impulso para liberar a los niños de las filas, y un mayor apoyo disponible para ellos y para abordar su vulnerabilidad al reclutamiento.

Gamba pide programas de reintegración sostenibles y financiados de manera segura para los niños que anteriormente estaban asociados con fuerzas y grupos armados, y resalta la creación de una Coalición Mundial para la Reintegración, copresidida por UNICEF, que se lanzó en septiembre de 2018.

La Coalición explorará el alcance, los parámetros y la estructura de un mecanismo integral y sostenible para apoyar a todos los niños que salen de los grupos y fuerzas armadas y cómo las agendas de construcción de paz y desarrollo se pueden aprovechar mejor para ese fin.

Para la representante, un enfoque colaborativo y complementario que incluya a los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales pertinentes, así como la sociedad civil, es esencial para garantizar recursos suficientes y sostenibles para la protección y reintegración de los niños que sufren los efectos de la guerra, y también para prevenir violaciones graves contra ellos.

"A los niños y niñas afectados por el conflicto se les debe permitir no solo vivir en paz sin temor ni amenazas, sino también soñar con un futuro lleno de oportunidades. Asegurar su protección es esencial para romper los ciclos de violencia y prevenir futuros conflictos ", expresa.

Gamba también insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y a que promulguen leyes y políticas nacionales para tipificar como delito el reclutamiento y la utilización de niños por fuerzas y grupos armados.