El Salvador: Relator recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio

Un experto de la ONU en derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por un proyecto de ley de El Salvador que puede ser la puerta para otorgar perdones a graves delitos perpetrados durante el conflicto que vivió el país. Además de ser incompatibles esas medidas de gracias con las leyes internacionales, asegura que la impunidad puede contribuir a que se repitan tales crímenes.

Fabian Salvioli, experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.

Para el experto, no hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan "considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos". "Tampoco son legales", señala. "La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos".

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional.

Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso.

El proyecto de ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.

El texto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.

También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.

Además, estipula que toda decisión judicial de este tipo se considere cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. La disposición también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.

"Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad", señala en un comunicado Salvioli, relator especial en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.

"Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros", explica Salvioli.

Además, destaca que la impunidad en relación con esos delitos puede a que se repitan y se creen círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.

Salvioli ha compartidos estas preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador que llevó a cabo del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó una opinión similar.

"Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional", aseguró el relator.

También indicó haber visto un "compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia" por lo que expresó su esperanza de que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas.

"Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de 'escoger y elegir', sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia".