Nicaragua debe poner fin a la represión de los derechos humanos

Un grupo de relatores denunció que varios defensores nicaraguenses han sido víctimas de campañas de intimidación, difamación y represalias por cooperar con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en el contexto de la crisis actual.

Varios expertos en Derechos Humanos de la ONU instaron al Gobierno de Nicaragua a que ponga fin de inmediato a la represión y las represalias contra quienes se muestran en contra de las acciones del Gobierno y cooperan con la ONU, entre ellos los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los manifestantes pacíficos.

Los relatores aseguraron en un comunicado publicado este jueves que, desde abril del 2018, la represión y la violencia han causado la muerte de más de 300 personas en Nicaragua, mientras que otras 2.000 han resultado heridas.

Según los expertos la crisis comenzó con la represión policial de las protestas sociales, y para mediados de junio ya había comenzado un período de "limpieza", con grupos armados progubernamentales actuando con impunidad contra quienes expresaban su desacuerdo.

"Los manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos y otras personas que han criticado al Gobierno han sido perseguidos, amenazados y criminalizados", dijeron los expertos, que señalaron haber recibido testimonios de manifestantes y defensores y defensoras de derechos humanos de que habían sido víctimas de represalias por cooperar con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en el contexto de la crisis actual.

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles la supuesta detención arbitraria de decenas de personas y el hecho de que algunas de ellas parecen enfrentarse a falsas acusaciones de terrorismo. Nos preocupa enormemente que muchos de ellos y ellas denuncien haber sido sometidos a torturas y tratos degradantes durante su detención", declararon los relatores y también instaron a las autoridades nicaragüenses a que velen por que los detenidos sean juzgados con las debidas garantías, de conformidad con las normas internacionales.

Los relatores expresaron también su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas contra las defensoras de los derechos humanos. "Las defensoras se enfrentan a riesgos específicos, tales como actos de violencia sexual. Hemos recibido una denuncia de una defensora de los derechos humanos que fue golpeada y violada por un policía mientras estaba recluida en la prisión de El Chipote, pero tememos que éste sea sólo uno de los muchos casos de ese tipo", dijeron.

Agregaron que están preocupados por las informaciones sobre campañas de intimidación y difamación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. "Nos preocupa seriamente que algunos defensores y defensoras de derechos humanos estén bajo continua vigilancia policial y paramilitar y que algunos hayan recibido amenazas de muerte anónimas contra ellos y sus familias".

Según el comunicado, algunos de los nombres y direcciones de los defensores y defensoras de derechos humanos han sido publicados en Internet, donde han sido acusados de ser enemigos de la patria, del Gobierno o de ser responsables de financiar un golpe de Estado. "Se trata de un flagrante intento de disuadir a la gente de defender los derechos humanos, y atemorizar a quienes hablan en contra del Gobierno y someterlos en silencio".

Los relatores piden al Gobierno de Nicaragua que inicie urgentemente conversaciones inclusivas con todas las partes interesadas y que respete plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.