Honduras: Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo

Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Honduras por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 29 de abril al 12 de mayo de 2018. Deseo felicitar al Gobierno por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita provechosa. Agradezco la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República, los Ministros y representantes de alto nivel de diversos ministerios, autoridades judiciales y otras instituciones del Estado, tanto al nivel departamental como al nivel municipal.

Es sabido que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son los que están en mayor riesgo, y desando tener una visión global de la situación en todas las regiones del país, viajé a Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. En total, me reuní con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40% eran mujeres. Algunos de ellos incluso viajaron dos días para reunirse conmigo. Agradezco, en particular, sus testimonios, recomendaciones e ideas, así como sus esfuerzos en la preparación de mis reuniones y visitas. También quisiera agradecer a todos aquellos que ayudaron a organizar esta visita, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

El objetivo de mi visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.

Asegurar estas condiciones es una parte primordial de la responsabilidad del Estado de Honduras desde que adoptó la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 1998. Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.

También he leído detenidamente el informe de mi predecesora, Margaret Sekaggya, quien visitó Honduras en el 2012.

Para comenzar, deseo recordar que no soy funcionario de las Naciones Unidas y que mi cargo es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial e informo directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.

Hoy me limitaré a formular observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe. Una vez que haya examinado a fondo los materiales y documentos que he reunido durante la visita, presentaré mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.

Esta misión y todas las reuniones y discusiones con los defensores y defensoras, tuvieron lugar en el contexto de la crisis post electoral y la declaración del estado de emergencia durante diez días. He recibido docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.

Me han conmovido realmente todas las reuniones, testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género. Me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país.

Habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llego a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.

Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.

En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.

La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).

En virtud de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho interno desde el momento de su entrada en vigor y tienen precedencia sobre la legislación nacional . Hasta abril de 2018, Honduras ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, incluidos los nueve tratados básicos de derechos humanos. Sin embargo, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Honduras también ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los pasos iniciales, Honduras aún necesita adoptar regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con el Convenio de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Es importante que esto se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país.

Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos

Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. He recibido numerosos testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos común y corrientes, organizando o participando en protestas pacíficas en forma de plantones o concentraciones en espacios públicos (carreteras, rotondas, parques, etc.), por las que pueden ser objeto de acusaciones penales. Los testimonios recibidos en relación con las protestas contra proyectos de industrias hidroeléctricas, mineras y otras industrias extractivas; derechos sexuales y reproductivos; elecciones y asuntos relacionados con la universidad.

La criminalización suele tener lugar mediante la presentación de denuncias o denuncias infundadas basadas en delitos penales, que pueden no ajustarse al principio de legalidad o a las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores y defensoras a largos procesos legales es claramente una herramienta para intimidarlos y someter su incidencia por los derechos humanos.

En la mayoría de los casos relacionados con el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, los cargos criminales utilizados en Honduras incluyen coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal, o cargos relacionados con la usurpación de tierras. En el caso de los estudiantes, la criminalización vino a través de la acusación de sedición y usurpación de la propiedad pública. En el contexto de la participación o la organización de protestas postelectorales, la gran mayoría de los casos se referían a la detención a corto plazo de manifestantes por violar el toque de queda, pero sin cargos formales. En mi opinión, esto último también constituye una forma de criminalización de los manifestantes en el sentido más amplio del término. También he recibido testimonios de periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas.

A partir de las experiencias que recopilé, la criminalización también significó la estigmatización e intimidación de los afectados. En la mayoría de los casos, se trataba de multas financieras y la obligación de reportarse a la policía semanalmente, lo que para los campesinos e indígenas que viven en zonas remotas implica altos costos y largos viajes. Para algunos, la criminalización también implicaba la prisión y para los estudiantes, la expulsión de la universidad y otras medidas administrativas como la suspensión de las becas. Quisiera señalar que el arresto y la detención arbitraria también se utilizan para disuadir a los disidentes.

La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. La criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno

También es preocupante la aprobación por el Congreso de la reforma a los artículos 335 a y 335 b, sobre terrorismo, del nuevo Código Penal, que parece extremadamente amplio. Me preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores y defensoras de los derechos humanos y en el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto de ley sobre ciberseguridad es problemático. Amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet. Las multas oscilarían entre 50.000 y un millón de lempiras y podrían incluir el cierre y bloqueo del sitio web. La Asociación de Medios de Comunicación (AMC), ha pedido al Congreso de Honduras que no apruebe este proyecto de ley por violar los "derechos fundamentales y garantías constitucionales".

Quisiera destacar como acontecimiento positivo, el reciente ascenso de la Secretaria de Derechos Humanos a nivel ministerial. Esto incluye un mandato más amplio para promover y proteger los derechos humanos y el estado de derecho y más recursos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Hace seis años, cuando mi predecesora visitó el país, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción policial ampliamente denunciada hicieron de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo. Según datos oficiales, en menos de seis años, el Estado de Honduras redujo a la mitad la tasa de homicidios en el país. A estos resultados han contribuido una combinación de esfuerzos concertados, incluidas políticas para contrarrestar la violencia de las pandillas, la corrupción y los delitos de cuello blanco, el desmantelamiento de grandes estructuras criminales, un proceso de purga de la policía nacional y la reforma penitenciaria. Lamentablemente, la reducción de los homicidios no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años.

Además, en el 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una institución de alto nivel encabezada por el Presidente de la República, estableció la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La militarización de las funciones de aplicación de la ley es una cuestión que ha sido planteada con preocupación por diversos mecanismos de derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos.

El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.

Al final de la visita oficial a Honduras de mi predecesor, en 2012, concluyó que había habido "poco o ningún progreso en la investigación de los ataques y amenazas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos desde 2009".

Durante los últimos seis años, el Estado de Honduras ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones. Entre ellas cabe mencionar: la creación de diez Fiscalías Especiales, entre ellas una de Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores y defensoras de derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía presuntamente vinculados a faltas de conducta y corrupción; un nuevo proceso de selección competitiva para la selección de 191 jueces; nuevos tribunales en zonas rurales y un plan para reducir las demoras en los procedimientos judiciales.

Más recientemente, en marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.

La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.

El asesinato de la defensora de derechos, Berta Cáceres, en marzo de 2016, es un caso emblemático. Berta Cáceres fue asesinada -como muchas otras defensoras de derechos humanos menos conocidas en Honduras- por la defensa del medio ambiente y del derecho al agua. Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y actualmente están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, el Sr. Castillo, presidente ejecutivo de DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.

Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto.

Durante mi visita, tuve la oportunidad de conocer el importante trabajo y los retos que enfrenta la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras a principios de 2016, en respuesta a un fuerte movimiento social contra la corrupción (Los indignados) . Desde entonces, los esfuerzos iniciales se han centrado en el fortalecimiento del marco legal e institucional anticorrupción de Honduras, el establecimiento de unidades integradas por fiscales locales e internacionales y la investigación y resolución de casos de corrupción.

Los resultados de las investigaciones integradas y la adjudicación de casos representan un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. También elogio la decisión de MACCIH-OEA, en julio de 2017, de iniciar la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas . Subrayo la importancia de esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.

No obstante, la continuidad de la MACCIH podría estar en riesgo. El 6 de marzo de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados representantes de los cinco diputados vinculados a uno de los casos de corrupción bajo consideración de la MACCIH, conocido como la "Red de Diputados" . Si el Tribunal falla a favor de la apelación, la MACCIH podría tener que abandonar el país y parecería que la institución anticorrupción establecida hasta ahora y los casos investigados podrían entonces correr el riesgo de quedar desprovistos de fundamento jurídico.

Me gustaría recordar que fue un movimiento social, "Los Indignados", el que salió a las calles en 2015 exigiendo el fin de la corrupción. Para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es fundamental que la MACCIH pueda continuar su importante labor. Los responsables de la corrupción, por muy cercanos que estén al Gobierno o a sectores poderosos de la sociedad, deben rendir cuentas por sus delitos.

Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con el firme mandato de proteger y promover los derechos humanos en Honduras. En mis reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de ellos señalaron su decepción y la falta de confianza en la institución y las debilidades de sus acciones. También cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado. En 2011, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría "B" por incumplimiento de los Principios de París.

En todas y cada una de las ocasiones, recuerdo que, como parte de la arquitectura institucional del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen los Principios de París están en una posición única para orientar y asesorar a los gobiernos sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y velar por que los principios y normas internacionales se incorporen adecuadamente en la legislación nacional y se incorporen en las políticas públicas, incluida la de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La evidencia demuestra que, cuando el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos incluye la competencia para investigar denuncias individuales y proporcionar protección efectiva a los ciudadanos, estas pueden desempeñar un papel fundamental en los casos en que los sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse sobre presuntas violaciones contra los defensores y defensoras.

En el mismo sentido, es crucial que el CONADEH fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan protección. La institución debería ser más explícita y hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando los defensores y defensoras de derechos humanos estén en peligro o sean asesinados.

En el 2015, el Congreso de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Con el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, esta ley dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo.

La adopción de la ley y el mecanismo representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Ayudan a reconocer la dimensión de los riesgos y violaciones que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su papel positivo y su contribución a la sociedad. Tanto la ley, como el mecanismo, responden a una de las principales recomendaciones formuladas por mi predecesora tras su visita a Honduras en 2012. También dirigieron al menos cinco recomendaciones a Honduras durante su último Examen Periódico Universal y algunos aspectos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone contra Honduras.

Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125 corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia. En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.). Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación. Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.

El Mecanismo Nacional de Protección también ha fortalecido su estructura interna, sus procedimientos de trabajo y su funcionamiento, y ha aumentado su presupuesto anual en aproximadamente en un 60%. A pesar de los problemas actuales, ha logrado aumentar la confianza con los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo demuestra el aumento gradual de las solicitudes de protección a pesar de la constante tasa de ataques contra los defensores y defensoras (el Mecanismo Nacional de Protección tramitó 9 casos en el 2015 y 143 en el 2017).

A pesar de estos importantes logros, la realidad actual de la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los ataques contra ellos con una impunidad casi total, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo. Sobre la base de la información y los testimonios que recabe de las autoridades del Estado, los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil durante mi visita, he identificado una serie de obstáculos que deben abordarse y medidas concretas que, de aplicarse, mejorarían considerablemente la eficiencia del Mecanismo de Protección:

Existe una necesidad urgente de adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. El Estado hondureño debe cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con las obligaciones consagradas en las sentencias López Lone y Carlos Escaleras, que, con el actual Mecanismo de Protección, sólo se han cumplido parcialmente. El presupuesto actual del Mecanismo Nacional de Protección sólo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos. (0,00018%).

Existe una falta subyacente de confianza de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil hacia el Mecanismo Nacional de Protección, en particular en los departamentos y municipios: Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos con los que me reuní, han expresado una profunda desconfianza en el Mecanismo Nacional de Protección y en su principal respuesta de protección, sobre todo en las medidas de tipo policial. Esto se relaciona con una variedad de factores que se entrelazan entre sí. A pesar de los esfuerzos y logros del Estado en la depuración de la policía nacional, los defensores y defensoras siguen identificando a la Policía Nacional (y militar) como los principales autores de las violaciones a los derechos humanos, así como de los abusos y ataques contra ellos. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros del sector de la seguridad debería ser una prioridad. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, en el 2017 no se adoptaron medidas disciplinarias contra agentes de policía, ya que 52 agentes de policía estaban siendo investigados por homicidio y 39 por tortura.

El reciente y continuo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional (y militar) en la represión de las manifestaciones, el papel de la policía en los desalojos forzosos y la falta de resultados en las investigaciones policiales de los ataques contra los defensores y defensoras no hacen sino exacerbar esta falta de confianza. La lucha contra la impunidad de los delitos y abusos contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y la policía militar es fundamental para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y para el éxito del Mecanismo.

La falta de conocimiento y conciencia del Mecanismo por parte de las autoridades del Estado y los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en los departamentos y municipios, requiere una mayor difusión fuera de Tegucigalpa de la Ley de Protección y del Mecanismo. Es necesario hacer más para que las instituciones del Estado en todas las partes del país identifiquen y comprendan el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, su importante función y la labor del mecanismo nacional.

La falta de coordinación efectiva y de participación regular entre los actores estatales de alto nivel involucrados en la implementación de las medidas de protección y la escasa participación de la sociedad civil en el Mecanismo, explican a menudo la inexactitud e ineficiencia de las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras. La ausencia y frecuente rotación de los funcionarios que participan en el Sistema Nacional de Protección dificulta la coordinación efectiva en detrimento de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye a perpetuar aún más la desconfianza mutua existente entre las autoridades del Estado y la sociedad civil y los beneficiarios. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia necesitan una representación regular y de alto nivel en las reuniones del Comité Nacional de Protección y en el Comité Técnico. También es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mecanismo, limitado ahora a dos de los 14 escaños del Consejo Nacional de Protección.

La adopción de un protocolo para investigar los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las personas responsables de la administración de justicia, que sirva de apoyo a la labor de la nueva Fiscalía de Defensores de los Derechos Humanos.

La consolidación de un análisis de riesgos individuales y colectivos que evalúe los riesgos diferenciados de las distintas categorías y géneros de los defensores y defensoras y, en consecuencia, que identifique las respuestas diferenciadas. Para las defensoras de los derechos humanos, las personas y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y agrupa la necesidad de evaluaciones de riesgos y medidas de protección diferenciadas.

La identificación y adopción de medidas de protección colectiva en consulta con las comunidades en situación de riesgo, en particular en las zonas rurales; y la necesidad de aumentar la oferta de medidas de protección de tipo no policial, como el apoyo psicosocial.

La necesidad de abordar los retrasos indebidos y los largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia y el análisis de riesgos, hasta la aplicación efectiva de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo

La creación de la Unidad de Prevención y Análisis del Contexto.

El mayor papel y seguimiento sistemático del Mecanismo Nacional de Protección en la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la Fiscalía General de la Nación.

7. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en riesgo agravado

Algunos grupos de defensores son particularmente vulnerables debido a la naturaleza misma de los derechos que defienden, a su propia identidad o a las especificidades de su trabajo. Entre ellas se encuentran defensoras de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos LGBTI, blogueras, juezas y abogados, periodistas, líderes comunitarios e indígenas, así como profesionales. La lista es larga y no exhaustiva.

Me conmovieron las docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país contra los ciudadanos de a pie y los defensores y defensoras de derechos humanos, que habían decidido salir a las calles para expresar su profundo descontento y manifestarse a favor de sus derechos civiles y políticos para participar en elecciones libres y justas. No olvidaré el testimonio de los padres, madres, hermanas y esposas que compartieron conmigo cómo perdieron a sus seres queridos o su propia experiencia de haber sido golpeados por los agentes del orden.

En el mismo período, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos había verificado la muerte de por lo menos 23 personas en el contexto de protestas, de las cuales una era un oficial de policía, por lo menos y 16 se consideraban asesinados por las fuerzas de seguridad. Encontré particularmente preocupantes las conclusiones de la OACDH de que "mientras algunos de los manifestantes se volvieron violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso letal intencional de armas de fuego".

Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.

También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados.

Me complació saber que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió que los procedimientos administrativos de la UNAH y la decisión sobre la expulsión de estudiantes violaban el principio de legalidad. Espero que a estos estudiantes se les permita regresar pronto y que la decisión de la UNAH se reoriente en consecuencia.

Estoy consternado por el número de conflictos relacionados con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. Según informes internacionales Honduras se ha convertido tristemente en uno de los países más mortíferos del mundo para los ambientalistas.

Todos tenemos en mente el asesinato de Bertha Cáceres y el hostigamiento contra los miembros de COPINH, pero se pueden encontrar múltiples ejemplos en muchas zonas del país, particularmente en aquellas ricas en recursos naturales.

Durante mi visita a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con muchas personas y comunidades que se dedican a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo. No he visto en estas personas a los terroristas, delincuentes o al anti desarrollo que a menudo aparecen en los medios de comunicación. En cambio, vi a humildes campesinos, comunidades indígenas y pacíficas que están genuinamente preocupados por el futuro de sus hijos porque los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo o el agua que beben está envenenada. En muchas situaciones, estas personas se convirtieron en defensores y defensoras de derechos humanos por necesidad porque no tenían otra opción que hablar para defender sus propios medios de vida.

Escuché testimonios preocupantes sobre situaciones en el Bajo Aguán, Santa Bárbara, la Aurora, Pajuiles, la isla de la Exposición, entre otros. No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. Organizaciones como el CNTC, el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, la MILPAH o el MAS se encuentran entre los movimientos cuyos miembros son regularmente blanco tanto de actores estatales como no estatales. Según algunos informes, aproximadamente 5.000 agricultores enfrentan actualmente acciones judiciales. El despliegue de fuerzas militares también se presenta como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores privados como las empresas de seguridad. Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local.

También aliento al Estado a que elabore evaluaciones independientes de los efectos ambientales, de conformidad con las normas internacionales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas evaluaciones deberían realizarse con la participación activa de las comunidades locales y los defensores y defensoras de derechos humanos.

En un gran número de casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquitos que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial y a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase. La falta o el uso indebido de una consulta significativa, como se establece en el Convenio núm. 169 de la OIT, son también un gran factor de riesgo, ya que comunidades enteras están siendo privadas de sus tierras y recursos naturales. Es el caso de las comunidades Garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, ubicadas en la costa del Caribe y cuya situación sigue siendo precaria debido al desarrollo de ciudades modelo (Ley de la ZEDE).

Una vez más, muchos líderes indígenas que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares, lo que demuestra la falta de implementación y seguimiento adecuado por parte de las autoridades del Estado, incluyendo el Mecanismo de Protección y CONADEH.

Me sorprendió escuchar los innumerables obstáculos que enfrenta la comunidad indígena para acceder a la información sobre los llamados proyectos de desarrollo. También debo mencionar los numerosos testimonios que ponen de relieve las estrategias establecidas por las empresas en connivencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de los miembros de la comunidad, lo que puede conducir a la destrucción de su tejido social y su desplazamiento a otras zonas del país. También me preocupa la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular a los dirigentes Garífunas que se oponen a los proyectos de desarrollo.

Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBTI.

Así mismo, fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. Me gustaría tomar un momento para honrar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI: María Lourdes Madariaga, Marco Tulio Montoya Sánchez, René Antoni Martínez, Williams Afif Hernández y Wilmer Alvarado.

También quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar, como lo he hecho en mis comunicaciones al Estado de Honduras, que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, y que Honduras es Estado Parte en todos los tratados de derechos humanos pertinentes. En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que "cualquier otra condición social", tal como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, incluye la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos también subrayó la obligación legal de los Estados Partes de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin distinción basada en la orientación sexual o la identidad de género, y estableció que "los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género.

Quisiera celebrar el papel desempeñado por miles de defensoras de los derechos humanos en la promoción de la democracia, la justicia y la seguridad en Honduras. En consonancia con mi compromiso de desarrollar un enfoque específico de género de la situación de los defensores de los derechos humanos, lleve a cabo una serie de reuniones privadas con defensoras de los derechos humanos en todo el país. Me impresionó su fuerza, determinación y resistencia. Pero también me impactó profundamente la diversidad y la magnitud de las amenazas, los ataques y la "revictimización" a la que se enfrentan las mujeres cuando buscan la protección y acceso a la justicia.

Según los informes, entre 2016 y 2017, se han reportado más de 1232 ataques contra defensoras de derechos humanos, sus familias y sus organizaciones. Las defensoras de derechos humanos enfrentan los mismos riesgos que sus contrapartes masculinas, pero también están expuestas a amenazas y ataques específicos de género. Las mujeres que promueven y defienden los derechos humanos a menudo son objeto de difamación pública, ataques contra su credibilidad e integridad, agresiones físicas y acoso judicial. Este es el caso, en particular, de las mujeres que participan activamente en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos indígenas y de las minorías, los movimientos en pro de los derechos sobre la tierra, las movilizaciones de estudiantes y la lucha contra la violencia doméstica. Escuché muchos testimonios preocupantes de mujeres que destacaban el papel de la policía, el ejército y actores privados, como empresas nacionales e internacionales, en los ataques a los que se enfrentan, particularmente en La Paz, Santa Bárbara, La Esperanza o el Bajo Aguán. También me sorprendió mucho saber que muchas trabajadoras agrícolas embarazadas, como Ana Mirian Romero, enfrentaron violencia física durante los desalojos de sus tierras.

Las mujeres han destacado a menudo la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.

Quiero reconocer y apoyar públicamente el gran trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres. En muchos casos, estas redes han proporcionado una valiosa respuesta al riesgo inmediato para las mujeres activistas, desarrollando refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.

Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Berta Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos.

Las medidas de protección deberían incluir un enfoque específico de género, tanto en el análisis de riesgos, como en la determinación de las medidas de protección.

También insto a las autoridades del Estado a desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos para los servidores públicos, particularmente aquellas que están en contacto regular con mujeres activistas.

En Honduras, los periodistas siguen siendo asesinados por su análisis crítico del contexto político y por exponer las violaciones de derechos humanos y sus autores. Según el informe anual del CONADEH, de 2001 a 2017: 75 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y en el 91% de los casos no ha habido ninguna condena y ningún autor ha sido llevado ante la justicia.

Durante mis reuniones con periodistas y comunicadores sociales, he escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes. Los periodistas también han compartido su experiencia de haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte, muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes. Llamaron mi atención a la Ley de Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso a la información oficial.

También tuve la oportunidad de conocer el costoso y oneroso proceso al que deben someterse las radios comunitarias para poder obtener una licencia de radiodifusión. Según la información recibida, de las 442 frecuencias de radios comunitarias, sólo 25 fueron otorgadas por el Estado. Los comunicadores comunitarios denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de otro tipo por parte de alcaldes o políticos, a menudo a través de mensajes telefónicos o mientras estaban en línea desempeñando su crítico trabajo. Me impresionaron las historias personales de los trabajadores de los medios de comunicación que se beneficiaron de las medidas de protección y su continuo compromiso con su trabajo y con los derechos humanos.

En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Un gran número de ONGs y defensores y defensoras con los que me reuní durante la misión, se quejaron de la falta de apoyo de la comunidad internacional. Muchos de ellos, en su mayoría fuera de la capital, explicaron que nunca se habían reunido con embajadas o representantes de la comunidad internacional, ni habían sido invitados a compartir sus preocupaciones con las embajadas. Casi todos ellos se quejaron de la falta de financiación cuando trataban de crear nuevas actividades o nuevas organizaciones, sin haber sido informados de ninguna convocatoria de financiación. También se refirieron a la falta de presencia de observadores internacionales cuando son llevados ante los tribunales.

Recomiendo encarecidamente que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para aplicar plenamente las disposiciones de las directrices internacionales o nacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluso mediante la observación de los juicios y el apoyo político y financiero a los defensores y defensoras en situación de riesgo. Las embajadas deben viajar a las regiones para tratar de llegar a los defensores y defensoras, así como a comunidades remotas.

También escuché muchos testimonies de defensores y defensoras que pedían mayor protección de la comunidad internacional. Apoyo encarecidamente el establecimiento de oficinas locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los departamentos. (OACNUDH).

También me preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con su participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

Quisiera concluir diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional. Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo.