Venezuela: Primera remisión interestatal a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela es un precedente importante pero insuficiente

El 26 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú remitieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI o la Corte) pidiendo a la Corte que investigue la comisión de crímenes lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Esta medida marca la primera remisión estatal de la situación de otro Estado Parte en la historia de la CPI, y la primera remisión colectiva adoptada por seis Estados Partes en el Estatuto de la CPI. Nuestras organizaciones alientan a los Estados remitentes a apoyar y cooperar con la Oficina de la Fiscalía de la CPI y a unir esfuerzos utilizando todas las vías posibles para que los responsables rindan cuentas, pero también para aportar soluciones durables que disminuyan la grave crisis humanitaria en Venezuela.

"Esta remisión interestatal no cambia el examen preliminar en curso que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional tiene bajo su revisión desde febrero, en el que se encuentra analizando si los crímenes internacionales cometidos en Venezuela están bajo su jurisdicción. Sin embargo, sí envía la señal de que los países de la región deben involucrarse activamente para apoyar los esfuerzos regionales hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela pero también en otros países de la región."

La Fiscalía de la CPI anunció el 8 de febrero de 2018 que su Oficina había abierto un examen preliminar sobre la situación de Venezuela en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados, y que analizará los delitos presuntamente cometidos en este Estado Parte desde al menos abril de 2017. Entre estos crímenes se encuentran el presunto uso de fuerza excesiva contra los manifestantes, así como el arresto y la detención de miles de personas, que a menudo fueron sometidas a serios abusos y malos tratos. También se incluyen lesiones o asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad por parte de algunos grupos de manifestantes. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 124 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas: presuntamente 46 homicidios fueron cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por grupos armados progubernamentales.

Del mismo modo, en Venezuela existe una situación dramática en cuanto al acceso al derecho de alimentación, salud, agua, vivienda adecuada, condiciones adecuadas de vida, situaciones que han llevado a que aproximadamente 1,6 millones de personas hayan salido de Venezuela, hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile en los últimos meses, como lo informó la Organización Internacional para las Migraciones.

"Los pasos dados hacia la responsabilidad de crímenes graves son loables, sin embargo estos pasos también deben acompañarse por respuestas concretas para resolver la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. La comunidad internacional y en particular los estados de las Américas, deben dar una respuesta adecuada a los miles de venezolanos y venezolanas que huyen de la represión del gobierno de Maduro y del colapso económico en el país."

Si bien la remisión interestatal no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, permite a la Fiscal abrir una investigación, si decide hacerlo, una vez que concluye el examen preliminar de la situación y sin solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte.

Finalmente, nuestras organizaciones recuerdan a Venezuela y a todos los Estados Partes su obligación de cooperar con la CPI, y les piden que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la Corte cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su mandato.