Experto de la ONU publica nuevos principios rectores sobre reformas económicas y derechos humanos

Los derechos humanos deben ser un componente integral en la formulación de políticas para garantizar que las reformas económicas ayuden a las sociedades a avanzar, en lugar de perjudicar la vida de las personas, señaló hoy un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos.

Juan Pablo Bohoslavsky, el Experto Independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos, publicó los Principios Rectores sobre las Evaluaciones de los Efectos de las Reformas Económicas en los Derechos Humanos para ayudar a los Estados, las instituciones financieras internacionales, los acreedores, la sociedad civil y otras partes interesadas a garantizar que las políticas económicas están arraigadas en los derechos humanos. Se presentarán al Consejo de Derechos Humanos el 28 de febrero de 2019.

"La idea central de los Principios Rectores es que los Estados no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos en la formulación de políticas económicas en ningún momento, aún en tiempos de crisis económicas", dijo Bohoslavsky.

"Cualquier medida de política económica -ya sea austeridad fiscal, reformas de ajuste estructural, privatización de los servicios públicos, desregulación de los mercados financieros y laborales o cambios en los impuestos- tiene consecuencias para los derechos humanos.

"Los gobiernos en todos los niveles -incluidos los gobiernos locales y subnacionales- deben tomar debidamente en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos al diseñar y formular reformas económicas. Las evaluaciones del impacto en los derechos humanos son clave para este proceso", señaló.

"En particular, dichas evaluaciones deben prestar especial atención a las repercusiones potenciales y acumulativas de las medidas económicas sobre individuos y grupos específicos, como las mujeres y las personas con discapacidad", subrayó.

Bohoslavsky añadió que los nuevos Principios Rectores dejan claro que las instituciones financieras internacionales, los acreedores y los donantes no deben mirar para otro lado ante el impacto de sus préstamos y donaciones sobre los derechos humanos.

"En particular, las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tienen la obligación de garantizar que las condiciones de sus préstamos, el asesoramiento y las propuestas de reformas económicas no socaven las obligaciones del Estado prestatario en materia de derechos humanos", dijo Bohoslavsky, quien ya había instado al FMI a que realizara evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos.