Por Milton Moreno, Representante de ACNUR en Costa Rica, Craig Loschmann, Economista, ACNUR Américas, y Theresa Beltramo, Economista Sénior, ACNUR
En Costa Rica, los efectos negativos de la pandemia continúan repercutiendo en la economía, incluso mientras se recupera parcialmente del 2020, cuando el país experimentó su mayor contracción económica en décadas, lo que provocó un elevado desempleo y un aumento de la pobreza (Banco Mundial, 2021). No obstante, a pesar de la pandemia, el país sigue brindando asilo a quienes necesitan protección internacional, acogiendo el mayor número de personas solicitantes de asilo, refugiadas y otras desplazadas, de los últimos 30 años (gráfico 1).
Gráfico 1: Personas de Interés de ACNUR en Costa Rica
El rápido aumento del número de personas de interés del ACNUR en Costa Rica –que hoy equivale al 3% de la población nacional– tiene un costo. Ha puesto a prueba la capacidad del Estado para recibir y procesar casos, y ha retrasado la entrega de documentación y permisos de trabajo para las personas solicitantes de asilo, especialmente en la zona norte, fronteriza con Nicaragua. Los sistemas nacionales de educación, salud, protección social y asistencia jurídica también están al límite. El resultado es que las personas desplazadas se enfrentan a más dificultades que nunca para integrarse plenamente al mercado laboral, mantenerse para satisfacer las necesidades básicas y contribuir a la economía local.
Aunque ACNUR ha incrementado su asistencia y respuesta a la pandemia en el corto plazo, con perspectivas de brindar soluciones a mediano plazo, estos retos ponen de relieve la importancia de adoptar un enfoque de desarrollo por zonas en Costa Rica, fundado en vínculos más profundos entre la respuesta humanitaria y de desarrollo. De este modo, se mejorará la vida de las poblaciones desplazadas y de las comunidades de acogida mediante el fomento de la resiliencia individual y de las capacidades institucionales. Un enfoque por zona es particularmente necesario en el norte, donde la mayoría de las personas nicaragüenses siguen entrando a Costa Rica en un número cada vez mayor y se requiere invertir en la infraestructura local de salud y de educación. Asimismo, es necesario realizar intervenciones en materia de empleo y medios de vida, así como desarrollar el sector privado, para crear un entorno propicio y nuevas oportunidades.
¿Qué tipo de ayuda se necesita exactamente?
ACNUR se asoció con Innovations for Poverty Action (Innovaciones para la Acción contra la Pobreza) para llevar a cabo dos rondas de una encuesta telefónica entre marzo y agosto de 2021 para estudiar el impacto de la COVID-19 en las personas desplazadas en Costa Rica. La encuesta se formuló con base en la Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia del Banco Mundial realizada en Costa Rica y en más de 70 países a nivel mundial (Banco Mundial, 2021). Aunque no son exhaustivos, los resultados de la encuesta confirman los diagnósticos operacionales y proporcionan evidencia crítica sobre las áreas en las que se debe incrementar el enfoque programático: medios de vida, eliminación de la inseguridad alimentaria y fortalecimiento del acceso a los servicios esenciales.
En la encuesta estuvieron representados los tres principales grupos de población desplazada en Costa Rica, a saber, nicaragüenses, venezolanos y cubanos. En la medida de lo posible, los resultados de la encuesta de ACNUR se compararon con los de las encuestas de nacionales costarricenses realizadas por el Banco Mundial en 2020 (disponible en inglés). La comparación con los hogares nacionales es importante cuando se considera un enfoque por zonas que hace hincapié tanto en las poblaciones desplazadas como en las comunidades de acogida.
Según la encuesta de ACNUR, el impacto económico de la pandemia ha sido grave para las poblaciones desplazadas. Aunque una parte considerable de las personas encuestadas dice tener empleo, el 75% también reporta que un miembro del hogar ha perdido su trabajo desde que se aplicaron las restricciones relacionadas con la pandemia en marzo de 2020. Esto refleja la frágil situación de los medios de vida de la mayoría de los hogares durante la crisis y subraya la fragilidad inherente de las poblaciones desplazadas ante las crisis económicas. Además, cerca del 75% de las personas encuestadas desplazadas reporta tener menos ingresos familiares en comparación con la época anterior a la COVID-19. Y a pesar de los signos de recuperación, la inseguridad financiera siguió siendo pronunciada en agosto de 2021, ya que el 70% de las personas encuestadas dijo que se vio obligada a agotar sus recursos o depender de otros para satisfacer las necesidades diarias.
La inseguridad alimentaria es alta, ya que el 61% de las personas desplazadas encuestadas declaró en agosto de 2021 que un adulto de su familia se había saltado una comida en la última semana. Esta tasa es mucho más alta que el 12% reportado por la población costarricense en la encuesta del Banco Mundial en 2020. La población nicaragüense, en particular, se enfrenta a altos niveles de vulnerabilidad relacionada con la alimentación: el 40% de las personas encuestadas nicaragüenses reportan que un niño o niña pasó hambre en los últimos 30 días. A pesar de estas necesidades prevalecientes, la ayuda alimentaria y en efectivo a las poblaciones desplazadas se redujo entre marzo y agosto de 2021.
Gráfico 2: Inseguridad alimentaria reportada por los hogares de la población desplazada en Costa Rica a agosto de 2021
Fuente: ACNUR y Innovations for Poverty Action, Socioeconómico de la COVID-19 en las Poblaciones Desplazadas por la Fuerza. Resumen Temático Núm. 4: el caso de Costa Rica
En el ámbito de los servicios de salud, el 45% de las personas encuestadas desplazadas afirma que su hogar necesitaba una cita médica durante el periodo comprendido entre las rondas de la encuesta, y de ellas, el 13% tuvo que retrasar o cancelar la cita. Esta cifra es ligeramente superior al 5% de los hogares nacionales que no pudo conseguir una cita en 2020. Aunque no hay diferencias claras en el acceso a la atención médica entre los tres principales grupos de población desplazada, las personas encuestadas de Venezuela son menos proclives que las cubanas y las nicaragüenses a creer que el Estado proporciona atención médica sin discriminación.
El cierre de las escuelas ha significado un gran trastorno para los hogares con niñas y niños en edad escolar, aunque hay pocos indicios de que haya habido mucha deserción escolar. Casi todas las niñas y niños de los hogares de la población desplazada seguían matriculados en la escuela en agosto de 2021, y de los que no han regresado físicamente, la expectativa es que lo hagan en el próximo año. Sin embargo, se percibe que la calidad de la escuela ha empeorado desde que comenzó la pandemia. Cerca de la mitad de la población encuestada evalúa la calidad de la escuela como mala o muy mala en agosto de 2021, en comparación con sólo el 15% antes de marzo de 2020. Los desafíos en torno al aprendizaje a distancia son probablemente la razón principal, especialmente para los hogares nicaragüenses que reportan un menor acceso a Internet y a otros recursos informáticos como las computadoras portátiles.
Continuar el enfoque en la promoción de la autosuficiencia
Lograr la autosuficiencia de la población de interés es la base del trabajo de la estrategia de medios de vida e inclusión económica de ACNUR en Costa Rica. La clave de la autosuficiencia radica en la colaboración entre el sector público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. La oficina de ACNUR en Costa Rica prioriza su papel de facilitación en la promoción de colaboraciones entre estos diversos actores.
No se puede subestimar la importancia de describir el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en las poblaciones desplazadas. La capacidad de cuantificar el impacto nos permite adaptar los programas actuales y futuros, y ser más eficaces a la hora de cerrar las brechas de acceso a la salud, la educación, el empleo y la alimentación. Y lo que es más importante, como ha ocurrido en otras situaciones, estos datos son una base sólida para la labor de promoción ante los gobiernos. En el caso de los socios de desarrollo, los datos proporcionan las pruebas necesarias para financiar y dirigir programas que mejoren los resultados de desarrollo tanto para las poblaciones desplazadas como para las comunidades de acogida.
Sobre la base de este ejercicio de encuesta colaborativo, esperamos que el Gobierno de Costa Rica considere incluir a la población desplazada por la fuerza en las estadísticas nacionales en el futuro, a fin de garantizar que nadie se quede atrás en nuestra alianza mundial para monitorear y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de la ONU, 2017).
