Las dificultades en materia de educación se han agravado de manera severa por el impacto de la pandemia de la COVID-19 en toda la región. Desde marzo de 2020, a medida que la COVID-19 se fue extendiendo por la región de América Latina y el Caribe, los ministerios de educación cerraron progresivamente las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Se estima que más de 159 millones de niños y niñas (69,5 millones de niñas) fueron afectados en América Latina y el Caribe, representando en el momento más complejo de la crisis a más del 97 % del alumnado matriculado. El alumnado de refugiados y migrantes de Venezuela se ha visto particularmente afectado. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Perú (GTRM) estima que a finales de agosto 2020 más del 50 % de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes permanecían fuera del sistema educativo peruano, mientras que la Plataforma de Colombia (GIFMM,) informa que durante la emergencia de la COVID-19, el 27 % de los hogares con niños y niñas de Venezuela de entre 6 y 11 años con intención de permanencia, y el 37 % de los hogares con niños y niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años no tuvieron acceso a actividades formales de aprendizaje. En otros países de la región se han extraído conclusiones similares. Entre las razones por las que niños, niñas y adolescentes venezolanos no asisten a la escuela se encuentran los recursos financieros reducidos de los hogares de personas refugiadas y migrantes, la falta de acceso a dispositivos informáticos y de conectividad a Internet, la discriminación y la xenofobia, y la falta de documentación.

En toda la región, existe una necesidad urgente de incluir plenamente a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes en los sistemas y políticas de educación. Esta necesidad urgente se agrava en el caso de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela que llegan sin documentación.  Existe también una ausencia significativa de marcos o mecanismos para el reconocimiento, la convalidación y la acreditación de los resultados del aprendizaje no formal e informal de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes indocumentados. Esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el acceso a la educación en los países de acogida. En algunos casos, las niñas, niños y adolescentes pueden asistir a las escuelas, pero sin la posibilidad de certificar sus calificaciones debido a la falta de dicha documentación. Por último, las niñas y las adolescentes se enfrentan a vulnerabilidades y barreras adicionales para volver a la escuela debido a las responsabilidades en el hogar, el trabajo infantil, la violencia basada en género (VBG) y los embarazos en edad temprana.  

1. Alcance de la respuesta sectorial:
El Sector de Educación regional promueve a nivel regional la coherencia en  la respuesta educativa mediante la generación de pruebas y la gestión de conocimientos para la incidencia y el diálogo sobre políticas, el desarrollo de capacidades, el monitoreo y la presentación de informes y la movilización de recursos integrando los enfoques de género, edad y diversidad. La respuesta regional se centrará predominantemente en los países que acogen a un mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela (Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Brasil), pero procurará ampliar su apoyo al Cono Sur, el Caribe y a América Central y México (CAM) en 2021.

2. Prioridades de respuesta:
Como complemento de los esfuerzos nacionales, el sector de Educación regional tiene como objetivos:

Generar diálogos de políticas e incidencia: aplicar políticas y marcos normativos basados en pruebas para aumentar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes refugiados, migrantes y de la comunidad de acogida en la educación con calidad y dignidad, y que garantice la equidad, la no discriminación y la inclusión. 
Desarrollo de capacidades: mejorar la capacidad de las partes interesadas del ámbito educativo regional y nacional para velar por el acceso, la permanencia y los resultados del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes refugiados, migrantes y de las comunidades de acogida afectadas, 
y para aumentar la resiliencia del sistema educativo.
Generación de evidencia: procurar que los ministerios de educación tengan acceso a datos fiables, 
exactos, pertinentes y oportunos, desglosados por género y edad, sobre el acceso y el aprendizaje 
de las niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes para fortalecer la capacidad de planificación educativa de los países de acogida.

3. Enfoques de respuesta integrada:
En el caso del sector de Educación, se mantendrá la promoción de medidas con un enfoque multisectorial y que tenga en cuenta el género y la edad, dentro de su ámbito de coordinación e incidencia. En el caso de los sectores subregionales de educación (CAM, Caribe, Cono Sur) y nacional (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú), las intervenciones continuarán en coordinación con otros sectores, en particular con el de Protección a la Infancia, tanto en los procesos de aprendizaje a distancia como en el retorno a las clases presenciales. Como tal, el sector colaborará con los sectores, grupos de trabajo y puntos focales pertinentes en cuestiones relacionadas con la protección a la infancia, género, violencia basada en género (VBG) y la protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS). El sector de Educación se seguirá coordinando estrechamente con el sector de Salud (en salud mental y atención psicosocial (SMAPS) y salud sexual y reproductiva), para contribuir conjuntamente a la elaboración de estrategias e instrumentos que contribuyan a un regreso seguro a las escuelas mediante la prevención y detección de los casos de la COVID-19 y otras enfermedades prevalentes y la mitigación de los riesgos de protección. Por último, el sector elaborará y aplicará estrategias conjuntas con el sector de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) para mejorar las medidas relativas a agua potable e higiene en las escuelas (reparaciones de instalaciones sanitarias, puntos de agua potable y suministros para el lavado de manos) y trabajará con los sectores de Nutrición y Seguridad Alimentaria para mejorar el suministro de comidas escolares a niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela.

4. Modalidades de respuesta:
Las medidas del sector de Educación se orientarán a la incidencia, la articulación y la coordinación, para abordar las necesidades educativas comunes entre países o a través de las fronteras, centrándose en una mejor respuesta a las repercusiones de la crisis. Se desarrollarán acciones para la articulación y vinculación entre las estrategias subregionales y nacionales en los sectores regional, subregional y nacional, que proponen acciones directas con la población meta como la entrega en especie (kits educativos, comidas escolares, kits de lavado de manos y agua potable), asistencia en efectivo y cupones (CVA, para transporte, alimentos u otros), apoyo a los servicios públicos (capacitación, desarrollo de herramientas, equipos y otros), incidencia y comunicación. El sector de Educación, en coordinación con otros sectores, también integrará las perspectivas de edad, género y diversidad, tanto en ámbito político como técnico, en las comunidades de personas refugiadas y migrantes y las de acogida.
 

5. Consideraciones sobre buena programación y responsabilidad colectiva:
Se promoverá la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas (AAP) mediante diferentes mecanismos a lo largo de las actividades del sector, asegurando las consultas durante todas las etapas del ciclo de programa (mediante talleres, grupos de discusión, mecanismos de retroalimentación digital, etc.), así como la retroalimentación al personal del programa, y la transparencia en los procesos y en la inversión de fondos. Las estrategias garantizarán que todas las medidas sean sensibles a las cuestiones de género e incluyentes, asegurando la igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes, los niños y niñas con discapacidad u otras condiciones vulnerables, y las estrategias para valorar la igualdad de género y la inclusión en todas las estrategias, como las de Protección, nutrición escolar, agua, saneamiento e higiene (WASH) y Salud. Esas estrategias se incluirán mediante diálogos de políticas y medidas de incidencia, el fortalecimiento de la capacidad del sector público y la generación de evidencias mediante estudios, monitoreo y evaluación de las medidas.These strategies will be included through policy dialogues and advocacy actions, strengthening public sector capacities and generation of evidence through studies, monitoring and evaluation of actions.