El informe presenta un diagnóstico sobre el impacto desproporcionado de la pandemia en tres grupos de la población: personas desalojadas, pueblos indígenas y trabajadoras sexuales/ personas en situación de prostitución. 

Hallazgos principales:

• Xenofobia: La pandemia ha exacerbado las actitudes discriminatorias y xenófobas hacia personas refugiadas y migrantes de Venezuela, en especial personas desalojadas, trabajadoras sexuales/ personas en situación de prostitución y pueblos indígenas.

• Desalojo y acceso a vivienda: Por la pandemia, personas refugiadas y migrantes de Venezuela perdieron su fuente de ingreso. En muchos casos, fueron desalojadas a la fuerza a pesar de las medidas adoptadas por los gobiernos que prohibían los desalojos. En ocasiones, mujeres cabeza de hogar – en especial trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución – sufrieron acoso y abuso sexual por parte de sus arrendadores como “medida” para permanecer en su hogar. Los pueblos indígenas ubicados en asentamientos informales, como consecuencia de la ausencia de acceso al territorio, fueron desalojados de manera forzosa sin consideración de los estándares internacionales. Como consecuencia de los desalojos, personas refugiadas y migrantes de Venezuela se han visto obligadas a vivir en situación de calle, en zonas con condiciones de seguridad precarias y en hacinamiento.

• Acceso al asilo y regularización migratoria: El desconocimiento de los procesos para solicitar protección internacional o regularizar su situación migratoria se agudizaron debido a la digitalización de estos procedimientos. Esto expuso a personas refugiadas y migrantes a riesgos de estafa y a situación de extrema vulnerabilidad debido a su situación migratoria irregular. En el caso de los pueblos indígenas los procesos de diseminación de información no han sido adecuados a sus lenguas, su tradición oral y las consideraciones de tipo étnico. La ausencia de documentación elevó los riesgos de explotación laboral y violencia sexual.

• Acceso al trabajo digno: La pandemia ocasionó la precarización en las condiciones del trabajo informal. Además, tuvo un impacto en la violencia intrafamiliar y profundizó el abuso y violencia sexual contra mujeres, en especial las madres solteras y las mujeres transgénero que enfrentaron situaciones de acoso, amenaza, persecución y violencia policial.

• Acceso a salud: Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela enfrentaron barreras para acceder a atención por COVID-19 u otras enfermedades. Esto tuvo un mayor impacto en personas adultas mayores, mujeres solteras, niños, niñas y adolescentes, y trabajadoras sexuales/personas en situación de prostitución, quienes fueron percibidas como foco de infección. Los hijos e hijas de trabajadoras sexuales/ personas en situación de prostitución y pueblos indígenas sufrieron altos niveles de estigmatización y no lograron acceder a servicios de emergencia.

• Salud mental: Las medidas de confinamiento afectaron de manera particular al bienestar emocional y psicológico de niños, niñas y adolescentes venezolanos, dificultando su proceso de adaptación en las comunidades de acogida. De igual manera afectaron a la población juvenil que manifestó enfrentar riesgos de suicido, problemas de ansiedad y depresión, de manera particular quienes llevan una maternidad/paternidad temprana.

• Acceso a tierra y territorio: Pueblos indígenas enfrentaron obstáculos para acceder a tierra y territorio. La ausencia de acceso a la tierra impacta de manera directa la cosmovisión de los pueblos, así como sus sistemas de autodeterminación y gobierno propio. Este impacto eleva los riesgos de exterminio físico y cultural. Muchos de ellos se vieron obligados a asentarse en espacios públicos y enfrentaron situaciones de persecución, amenaza y violación a sus derechos fundamentales.

Metodología:

El documento se basa en testimonios de personas afectadas, recogidos a través 21 grupos focales, cinco entrevistas a profundidad y siete sesiones de devolución en nueve países de América Latina y El Caribe (Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago).

El proceso incluyó un total de 138 personas refugiadas y migrantes de Venezuela y aproximadamente 30 personas trabajadoras de organizaciones proveedoras de servicios y/o de los sectores nacionales de protección de la Plataforma R4V. Testimonios de las personas participantes se encuentran disponibles en el informe.

Betilde Muñoz-Pogossian, Directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA: “Desde la OEA, reconocemos los esfuerzos emprendidos por los Estados, en acoger a personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Sin embargo, es necesario un trabajo articulado con otros actores clave, incluyendo ONG, la cooperación internacional y el sector privado. Este informe les brinda recomendaciones para que puedan hacerlo”.

Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela: “El informe es testimonio de cómo la información puede facilitar el diseño de una respuesta con estrategias renovadas de asistencia y protección orientada a necesidades concretas. Mientras la visibilidad de la crisis aumenta y la respuesta convoca a una mayor diversidad de actores; atender las urgencias de las personas más desprotegidas seguirá siendo nuestro faro”.

Lea el informe aquí.

Contactos de prensa: 

• Ilaria Rapido Ragozzino, ACNUR, [email protected]
• Daniela Rovina, OIM, [email protected]