Desplazamiento en Centroamérica

La difícil decisión que deben tomar miles de familias y jóvenes en Centroamérica es huir o morir. Ellos se ven obligados a dejar sus hogares y poner sus vidas en riesgo al realizar peligrosos recorridos, solo para poder encontrar a un lugar seguro para vivir. A menudo llevan solamente la ropa que tienen puesta, cargando serios traumas y con urgente necesidad de recibir apoyo.

“Teníamos nuestra propia panadería en El Salvador, hasta que llegaron las pandillas, y ya no pudimos seguir vendiendo nuestro pan. Nos amenazaron hasta que salimos del país”.

Raúl*, de 65 años, huyó con su familia desde El Salvador al vecino país de Guatemala

Un creciente número de personas de Centroamérica se están viendo obligadas a dejar sus hogares. En todo el mundo, hay actualmente alrededor de 580.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala - una cifra que registró un incremento de más de 30% en comparación con el 2018. Ellas huyen de la violencia, las amenazas, la extorsión, el reclutamiento de las pandillas o la prostitución, así como de la violencia sexual y de género (VSG), agravados por la inestabilidad socio económica y la pobreza. Las personas lesbianas, gays, transgénero, e intersex, conocidas colectivamente como LGBTI, también están huyendo de la persecución. Muchas otras personas se desplazan dentro de su propio país o han sido deportadas de vuelta a sus países, a menudo llegando a situaciones de peligro.

Mientras tanto, la crisis política en Nicaragua desde abril de 2018 ha llevado a decenas de miles de personas a huir de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, la mayoría a la vecina Costa Rica. Después de cuatro años del inicio de la crisis, más de 108.000 nicaragüenses habían abandonado su país en busca de un lugar seguro.

En general, más de 890.000 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido desarraigadas de sus hogares. Los países y comunidades de acogida en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá han estado haciendo todo lo posible para acoger a quienes se ven obligados a huir. Con nuevas políticas para regularizar su estadía y permitir su rápida integración, miles de personas han podido comenzar de nuevo sus vidas. Sin embargo, el creciente número de personas en busca de un lugar seguro está sobrepasando la capacidad de las comunidades de acogida, lo que limita los servicios, ya sobrecargados, que también sirven a la población local.

La creciente situación de violencia e inseguridad crónicas, junto a restricciones relacionadas al COVID19, están exacerbando las dificultades y la persecución para decenas de miles de personas en América Central, quienes ahora tienen limitadas oportunidades de encontrar protección y cubrir sus necesidades básicas.

“Este proyecto para mí significa esperanza. A pesar de que tuvimos que dejar nuestro país, tenemos la oportunidad de hacer realidad un sueño en nuestras vidas”.

Isabel, hondureña de 56 años, que se está volviendo autosuficiente gracias a un proyecto de empleabilidad gubernamental y del sector privado en Guatemala.

¿Qué está haciendo ACNUR para ayudar?

Toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de seguridad. Nadie debe ser obligado a dejar todo atrás, a enfrentar tragedias insondables o incluso a perder su vida, para encontrar un lugar seguro. Quienes temen la violencia y la persecución en su país de origen tienen derecho a buscar asilo, y trabajamos incansablemente en Centroamérica para que puedan hacerlo.

ACNUR trabaja con los siete gobiernos que lideran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un enfoque nuevo y pionero para ayudar a las personas desplazadas a prosperar, no solo a sobrevivir, en el espíritu del Pacto Mundial sobre los Refugiados y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trabajamos estrechamente con socios, incluyendo la sociedad civil y las parroquias, en comunidades desplazadas y de alto riesgo para aumentar su capacidad de recuperación y apoyar a quienes no tuvieron otra opción más que huir. También estamos alentando soluciones para las personas desplazadas internas, refugiadas, solicitantes de asilo y deportadas con necesidades de protección de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Con este fin, nos esforzamos por ayudar a mejorar la capacidad de los países que reciben refugiados para brindar acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado justos y eficientes. Estamos brindando apoyo a las redes y albergues seguros en Centroamérica y México para que la asistencia inmediata esté disponible para las personas que se desplazan y para que se identifique a las personas que necesitan protección internacional.

También trabajamos con otras agencias humanitarias y de desarrollo para asegurarnos de llegar a todas las personas en los países de origen, incluso a través de programas que buscan capacitar a las personas desplazadas internas, niños, mujeres, deportados con necesidades de protección, personas LGTBI y otras personas afectadas por la violencia. Brindamos apoyo vital y subsidios en efectivo para ayudar a las personas desplazadas a sobrellevar la situación.

Además, promovemos la integración local de los refugiados y solicitantes de asilo en sus países de acogida y les ayudamos a utilizar sus habilidades o aprender otras nuevas. También estamos invirtiendo en esfuerzos para frenar la xenofobia y promover la convivencia pacífica entre los desplazados y quienes les acogen.

“Siempre he sido una luchadora. No me quedaré quieta y ver cómo pasa mi vida frente a mí ”.

Sara *, una madre de 29 años y profesional en producción y distribución de alimentos, huyó a Guatemala con su esposo y su bebé. Se había unido a las protestas en Nicaragua y temía por la seguridad de su familia.

Durante la pandemia, ACNUR en Centroamérica y México sigue trabajando, concentrándose en las intervenciones humanitarias más críticas en la medida en que lo permiten las restricciones de movimiento, coordinando intervenciones de protección para personas en riesgo, fortaleciendo programas de asistencia humanitaria y apoyando la respuesta de los gobiernos a COVID19, entre otras acciones.

Para llevar a cabo este trabajo, ACNUR necesita un total de 165.5 millones de dólares en 2020 para continuar respondiendo a las necesidades inmediatas y persistentes de los desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados y deportados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estas actividades abarcan a los siete países más afectados, a saber, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México.