Respuesta inclusiva a la COVID-19 beneficia a personas refugiadas rohingyas y a las comunidades de acogida en Bangladesh

Cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 en Bangladesh (en marzo de 2020), surgió la preocupación sobre la posible propagación del virus en los asentamientos de refugiados que acogen a más de 860.000 personas rohingyas al sur del país.

Poco más de un año después, de las casi 30.000 pruebas que se realizaron en los campamentos rohingyas, solo se han confirmado 400 contagios y diez muertes. Aún se desconocen las causas detrás de estas cifras, que están por debajo de lo esperado; no obstante, desde que inició la pandemia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y otros agencias de ayuda han estado colaborando estrechamente con el gobierno y las autoridades locales para preparar una respuesta que incluya tanto a las personas refugiadas como a las comunidades locales en Bangladesh.

“La colaboración y coordinación interagencial es de suma importancia; del mismo modo, el involucramiento de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida ha jugado un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19 en Cox’s Bazar”, señaló el Dr. Allen Gidraf Kahindo Maina, funcionario de salud pública senior de ACNUR en el distrito. 

Al inicio, para compartir información sobre la manera en que las personas podían protegerse del virus, se utilizaron la radio, videos y posters en los idiomas rohingya, birmano y bengalí. La campaña de sensibilización incluye también a personal sanitario en la comunidad que presta servicios de manera voluntaria. Muchas de estas personas son refugiadas, y van de puerta en puerta para proporcionar información y para brindar apoyo en la detección y tratamiento de casos de COVID-19 en las instalaciones para el cuidado de la salud. 

Desde el inicio de la respuesta, la comunidad humanitaria ha apoyado en el creación de catorce centros de tratamiento y aislamiento (CTA) dentro de los campamentos y en las comunidades de acogida circundantes en Cox’s Bazar. A finales de 2020 había más de 1.200 camas disponibles en esos centros. Los CTA cuentan con el equipo necesario para brindar atención médica a pacientes bengalíes y rohingyas que presentan síntomas leves y graves a causa de la COVID-19. 

En mayo de 2020, apenas un par de días antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 en la población refugiada rohingya, ACNUR y Relief International, su socio, abrieron el primer centro de tratamiento y aislamiento en el pueblo de Ukhiya.

“Cuando estuve enferma de COVID, el resto de los pacientes se convirtió en mi familia”.

Sokina, de 35 años, vive en un pueblo cerca de Kutupalong, el asentamiento de refugiados más grande en Cox’s Bazar y en el mundo. Al ser el sostén de sus tres hijos y de su esposo enfermo, Sokina era la trabajadora del hogar de una familia local cuando empezó a tener síntomas de COVID-19 hace dos meses. Su empleador le sugirió ir al CTA en el pueblo de Ukhiya para someterse a una prueba. 

A pesar de vivir tan cerca del campamento, antes de ser admitida al centro de tratamiento, Sokina había interactuado muy poco con la población rohingya. Estuvo internada en el centro durante diecisiete días, junto con cinco mujeres (tres de ellas eran bengalíes y dos eran refugiadas rohingyas). Crearon vínculos estrechos y se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. 

“Mi familia no estaba conmigo cuando estuve enferma de COVID, así que el resto de las pacientes se convirtió en una familia para mí”, recordó. “Charlábamos y compartíamos nuestras historias”.

Sokina conoció detalles de la vida que llevaban las mujeres rohingyas en Birmania y sobre cómo se convirtieron en refugiadas.

“Vivían bien en Birmania, pero ahora están sufriendo y necesitan nuestra ayuda. Son seres humanos: no merecen recibir ningún tipo de maltrato. Somos pacientes; ellas también lo son; el trato debería ser igualitario”, dijo. 

En noviembre del año pasado, Shokiba, refugiada rohingya de 35 años, pasó veinte días en las mismas instalaciones junto a su hija de siete años de edad, Jainak Bibi. Aunque Shokiba no tenía COVID-19, se le permitió permanecer a lado de Jainak durante el tratamiento. Shokiba había escuchado que había gente muriendo a causa del virus en todo el mundo, pero lo que vio en el CTA la tranquilizó. 

“El personal médico es excelente y siempre ha tratado bien a los pacientes. También había pacientes bengalíes, pero nadie recibió nunca un trato distinto”, comentó. 

Además de los CTA, se necesitaba con urgencia una unidad de cuidados intensivos (UC) con ventiladores para la mayor parte de casos graves de COVID-19. En junio de 2020, ACNUR asistió al Hospital Nacional de Sadar en Cox’s Bazar en la apertura de unidades de cuidados intensivos con 38 camas. Además, se creó una Unidad de Alta Dependencia (UAD) para brindar atención a las personas que se estuvieran recuperando del virus. De igual forma, ACNUR proporcionó fondos para sostener a 110 integrantes del personal, y para sufragar gastos relacionados con medicamentos y otras necesidades. 

El Dr. Kafil Uddin Abbas, jefe de la UCI, hizo hincapié en cuán importante ha sido la UCI para salvar la vida de la mayoría de pacientes con síntomas graves. 

“Esta infraestructura ha sido de gran ayuda no solo para la gente de Cox’s Bazar, sino también para toda la región”, indicó. “Esta es la única UCI con la que cuenta todo el distrito, no solo para casos de COVID-19, sino para tratar cualquier otra emergencia médica”.

“Consideramos que esta UCI es un ejemplo de solidaridad y atención en todo el país e, incluso, en el mundo”, señaló.

A principios de 2021, el Gobierno de Bangladesh arrancó el plan nacional de vacunación contra la COVID-19; las primeras vacunas se aplicaron en la capital a finales del mes de enero.  En el transcurso del mes siguiente, más de tres millones de bengalíes recibieron la primera dosis de la vacuna.

Después del diálogo que sostuvieron ACNUR, las autoridades nacionales de salud y representantes de ese sector, el gobierno confirmó que se incluirá a las personas refugiadas rohingyas en los esfuerzos de vacunación a nivel nacional; para ello, se utilizarán los mismos criterios de priorización de poblaciones en situación de vulnerabilidad que se aplican a la ciudadanía bengalí, lo que incluye, entre otros, grupos de personas mayores, docentes y personas que se dedican a la prestación de servicios esenciales. Se prevé que las personas refugiadas empezarán a recibir las vacunas en las próximas semanas.

“Han sido extraordinarias la solidaridad y la previsión que Bangladesh ha mostrado con la inclusión de las personas refugiadas rohingyas en su planeación desde el inicio de la pandemia, incluso en las campañas permanentes de vacunación”, mencionó el Dr. Maina.

“La protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad en cualquier sociedad es vital para derrotar al virus”. 

• Ver también: Las primeras personas refugiadas reciben la vacuna contra la COVID-19 en Ruanda

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