En medio de la pandemia, la comunidad jurídica internacional ofrece 165.000 horas de asistencia jurídica gratuita a personas refugiadas
![Wafa Ben Khaled, abogada tunecina, proporciona assistencia jurídica a un refugiado en su oficina en Sfax, Túnez, en julio de 2020.](/20210626121807im_/https://www.acnur.org/thumb1/60bf8f2d4.jpg)
Wafa Ben Khaled, abogada tunecina, proporciona assistencia jurídica a un refugiado en su oficina en Sfax, Túnez, en julio de 2020. © ACNUR/Peter Horton
A pesar de los retos y las restricciones que trajo consigo la pandemia de COVID-19 en 2020, también ha habido oportunidades. Los despachos jurídicos, las clínicas legales, las organizaciones de empoderamiento comunitario y los aparatos legislativos en distintas partes del mundo se han movilizado de formas nunca antes vistas para garantizar que las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y apátridas tengan acceso a la justicia.
De acuerdo con un informe publicado por PILnet, una red internacional de interés público, en colaboración con el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y los socios de la Promesa de la Comunidad Jurídica en el Foro Mundial sobre los Refugiados, en el transcurso del año pasado, se ofrecieron cerca de 165.000 horas de asistencia jurídica gratuita a personas apátridas y desplazadas por la fuerza.
Esta acción supera la generosa promesa hecha en el Foro Mundial sobre los Refugiados (FMR) en 2019 por más de 80 despachos jurídicos, barras, empresas, y organizaciones jurídicas y de empoderamiento comunitario. La promesa consistía en aumentar los recursos para quienes brindan asistencia jurídica, así como apoyar los esfuerzos para proteger y encontrar soluciones en favor de las personas apátridas y desplazadas por la fuerza, lo que incluye ofrecer más de 127.000 horas de asistencia jurídica pro bono (es decir, sin costo).
“La ley sigue siendo una de las herramientas más poderosas para proteger los derechos y garantizar la seguridad de las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, quienes se encuentran entre las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad a raíz del desplazamiento y de su situación jurídica”, señaló Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección.
“Como resultado de estos esfuerzos, las personas refugiadas se han beneficiado inmensamente de la representación y de la asesoría jurídica que han recibido. En ocasiones, reciben apoyo en las solicitudes de asilo o en los procedimientos de remoción o deportación; acceso a documentación; salvaguarda del acceso a atención médica, alojamiento, educación y oportunidades laborales; así como el acceso a la justicia y a recursos jurídicos que les permitan hacer frente a violaciones a los derechos, entre muchas otras cosas”.
Las 165.000 horas de asistencia jurídica que se brindó en 2020 supera en 30% el compromiso adquirido en el FMR. Se trata de una hazaña extraordinaria en vista de las dificultades y las restricciones causadas por la pandemia a nivel internacional, las cuales han afectado también la modalidad de trabajo de las organizaciones y equipos de asesoría jurídica al tratar de prestar servicios a las personas que han sido desplazadas por la fuerza.
Distintas organizaciones locales de asistencia jurídica, que suelen colaborar con actores del sector privado, trabajaron de manera ágil y emplearon métodos innovadores para prestar servicios jurídicos esenciales en medio de la pandemia. La creación o ampliación de sesiones de asesoría jurídica remota – en línea o por vía telefónica –, así como las clínicas móviles superaron algunos de los obstáculos derivados de las restricciones impuestas al tránsito por la COVID-19.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Sin embargo, debido a los costos, barreras lingüísticas y demás dificultades administrativas y procedimentales, muchas personas refugiadas y desplazadas internas no tienen acceso a los servicios que necesitan.
La disponibilidad y accesibilidad del apoyo jurídico para personas desplazadas sigue siendo una prioridad en materia de protección. La Promesa de la Comunidad Jurídica consiste en apoyar este tipo de esfuerzos. Gracias a esta promesa, se ha conjuntado y garantizado el apoyo de una amplia gama de actores jurídicos, con inclusión de socios del sector público y privado.
La comunidad jurídica internacional forma parte del enfoque “toda la sociedad” para ayudar a las personas refugiadas y a las comunidades de acogida, el cual yace en la esencia del Pacto Mundial sobre los Refugiados.
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- En Ginebra, Shabia Mantoo, [email protected], +41 79 337 7650