Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, sobre la necesidad de poner fin a las restricciones al asilo por COVID-19 de EE.UU.
Una familia hondureña alojada en un albergue en México tras ser retornada de la frontera entre EE.UU. y México bajo el Título 42. © ACNUR/Jeoffrey Guillemard
Hago un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
Saludo con beneplácito los planes del Gobierno de EE.UU. para una reforma muy necesaria y el fortalecimiento de las capacidades para gestionar los procesos en la frontera y las medidas positivas que se han tomado para eximir a la niñez no acompañada y a algunas familias en situaciones de vulnerabilidad aguda de estas severas restricciones. Sin embargo, un sistema que permite que solo un pequeño número de personas solicitantes de asilo sean admitidas diariamente conlleva algunos riesgos y no es una respuesta adecuada. Existe una necesidad urgente de tomar medidas adicionales para proporcionar acceso en los puertos de entrada que permanecen cerrados a la mayoría de las personas solicitantes de asilo debido a la orden de salud pública dispuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. con base en el Título 42, vigentes desde marzo del año pasado.
La orden dispuesta bajo el Título 42 ha resultado en la expulsión de cientos de miles de personas a México o a sus países de origen, impidiéndoles el acceso a los procedimientos de asilo. El acceso garantizado a un territorio seguro y la prohibición de la devolución de las personas solicitantes de asilo son preceptos fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el derecho de los refugiados, que los gobiernos deben respetar para proteger los derechos y las vidas de las personas refugiadas. Las expulsiones también han tenido graves consecuencias humanitarias en el norte de México.
Desde el inicio de la pandemia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha reiterado que la tutela de la salud pública y la protección del acceso al asilo, un derecho humano fundamental, son plenamente compatibles. En el punto crítico de la emergencia de salud pública, muchos países implementaron protocolos como exámenes de salud, pruebas y medidas de cuarentena, para proteger simultáneamente tanto la salud pública como el derecho a solicitar asilo.
Aliento a la administración de EE.UU. a continuar su trabajo para fortalecer su sistema de asilo y diversificar las vías seguras para que las personas solicitantes de asilo no se vean obligadas a recurrir a cruces peligrosos facilitados por traficantes.
Por nuestra parte, ACNUR está dispuesto a apoyar la implementación de tal decisión.