Un estudio de ACNUR destaca los riesgos que enfrentan las personas venezolanas vulnerables en movimiento
El siguiente contenido corresponde a las declaraciones formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.
Venezolanos cruzando un punto de entrada informal para llegar a Cúcuta, en Colombia, abril de 2019. © ACNUR/UNHCR/Vincent Tremeau
GINEBRA (Suiza), 19 de julio 2019 - Un estudio sobre personas venezolanas que huyeron de su país ha revelado que la mitad (50,2 %) de las familias entrevistadas enfrentó o continúa enfrentando riesgos específicos durante su viaje, debido a su edad, género, estado de salud u otras necesidades, o porque tuvieron que tomar decisiones drásticas para salir adelante, como la mendicidad, enviar a sus hijos a trabajar o incluso recurrir al sexo de supervivencia.
Estos son algunos de los hallazgos del estudio publicado hoy por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Los resultados se basan en 7.846 entrevistas realizadas en varios países de América Latina y el Caribe entre enero y junio de 2019, en las cuales contestaron preguntas sobre sus experiencias y las de sus familias.
Si bien los gobiernos de la región han otorgado permisos temporales de diferentes tipos a los venezolanos, el 34 % de las personas entrevistadas afirmó no tener ningún tipo de documentación, ya sea porque habían ingresado a un país de manera irregular o porque sus permisos habían expirado. El resto tenía visas de turista o temporales, y solo el 4 % tenía residencia permanente.
El 15% de los entrevistados había solicitado asilo, y otro 26 % indicó que tenía intención de hacerlo. Entre las personas que no manifestaron tener la intención de presentar una solicitud, la mayoría desconocía sus derechos y los procedimientos existentes, y algunos creían erróneamente que solicitar asilo les impediría volver algún día a sus hogares. Es importante señalar que, a pesar del número relativamente bajo de las solicitudes presentadas hasta ahora, los sistemas de asilo en la región están desbordados.
Alrededor del 66 % de los entrevistados declaró que se encontraba sin empleo o que estaba trabajando de manera informal, y el 43 % afirmó tener dificultades para encontrar alojamiento, principalmente debido a la falta de dinero y documentos, así como a la discriminación por su nacionalidad.
Las entrevistas realizadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, son parte de los esfuerzos coordinados de la Agencia de la ONU para los Refugiados, municipios, ONG socias y ministerios públicos, para tener un panorama integral de los riesgos de protección y de la falta de acceso a derechos a los que se enfrentan los venezolanos en los países de tránsito o destino, así como sus necesidades. La recopilación de información de protección detallada es fundamental para garantizar que el análisis y las respuestas sean coherentes, oportunos y basados en la evidencia, así como para identificar vacíos en la atención y la prestación de servicios.
El estudio, que se ha realizado utilizando una herramienta de monitoreo de protección estandarizada, ya ha dado lugar a acciones concretas, puesto que los entrevistadores pudieron realizar derivaciones de quienes identificaron como personas en situación riesgo para que recibieran ayuda y seguimiento. De esta manera, entre enero y junio, más de 1.500 personas fueron referidas para asesoramiento u otros servicios.
El monitoreo de protección sigue llevándose a cabo para ofrecer un panorama y un análisis más detallados de la situación de los aproximadamente 3,3 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en otros países de América Latina y el Caribe.
Debido a los riesgos asociados con la falta de documentos, ACNUR acoge con beneplácito la hoja de ruta acordada por los gobiernos de la región el pasado 5 de julio en Buenos Aires para facilitar la integración de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluso mediante el refuerzo de los procedimientos de registro y documentación. La hoja de ruta forma parte del Proceso de Quito, una iniciativa liderada por los gobiernos con el objetivo de armonizar las políticas y prácticas estatales, coordinar la respuesta humanitaria, y mejorar el acceso a los servicios y derechos para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
Para complementar los esfuerzos realizados por los Estados y para responder a las necesidades de protección, asistencia e integración de los refugiados y migrantes de Venezuela, en abril de 2018 se creó la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, y en diciembre del mismo año se lanzó el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP).
Puede acceder al informe pinchando en este enlace.
Para más información sobre este tema, por favor contactar:
- En la Ciudad de Panamá, William Spindler, [email protected], + 507 638 278 15
- En Ginebra, Liz Throssell, [email protected], +41 79 337 7591