Una refugiada de Mali rechaza un matrimonio forzado para poder seguir yendo a la escuela

Fatimata, de 12 años, consiguió escapar por los pelos después de resistirse a aceptar un matrimonio convenido pero su caso es solo uno más de un problema bastante generalizado entre los refugiados de Mali en Mauritania.


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Sentada en la tienda de su familia en el campamento de refugiados de Mbera en Mauritania, Fatimata, de 12 años de edad, se concentra con atención mientras dibuja una flor en su cuaderno escolar.


Detrás de ella se amontonan los colchones y las mantas que habrían constituido su dote, si no se hubiera resistido al intento de su familia de obligarla a contraer matrimonio con un primo suyo, pastor de ganado en Mali, su país de origen.

“Hasta que mi tío de Mali estuvo aquí yo no sabía que mis padres tenían planes para mí”, dice. “Nadie me preguntó si quería casarme. Estaba tan asustada que me escapé”.

“Ahora sé que llevaban mucho tiempo planeándolo antes de que mi tío viniera a buscarme para llevarme con él a contraer matrimonio con su hijo, un primo mío que vive en Malí dedicado al ganado”, añade. “No lo conozco y no sé cuántos años tiene pero sé que es mucho mayor que yo”.

El campamento de Mbera, donde Fatimata ha vivido desde que tenía 6 años, está situado en una zona árida de la región sudoriental de Mauritania, próxima a la frontera con Mali. Tras el estallido de violencia que se produjo en el norte del país en 2012, el campamente proporciona un refugio provisional a más de 56.000 refugiados malienses, la mayoría de ellos pastores de ganado tuareg y árabes que perdieron sus medios de vida a consecuencia del conflicto.

La inseguridad generalizada que impera en el norte de Mali sigue provocando nuevos desplazamientos. Desde el mes de enero de 2018 se han registrado en el campamento de Mbera más de 4.700 nuevos refugiados, que huyen de amenazas, extorsiones y ejecuciones sumarias por parte de grupos armados, además de las duras condiciones de vida en sus regiones de origen.

La pobreza y la vulnerabilidad entre la población del campamento han contribuido al fenómeno de los matrimonios precoces forzados. En 2017 el ACNUR, organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, registró 97 casos y es probable que esa cifra haya aumentado. El ACNUR, en colaboración con sus asociados, entre los que se encuentran el UNICEF y la ONG italiana Intersos, ha establecido una red de seguridad para la infancia con el objeto de brindar protección a los niños del campamento.

“Mi tío me ató con una soga para impedir que me escapara otra vez”.

Poco tiempo después de su huida, Fatimata fue localizada y conducida de nuevo a la tienda de sus padres. “Mi tío me ató con una soga para impedir que me escapara otra vez pero conseguí liberarme y volví a escaparme y fui a la tienda de mi primo, que estaba situada en el otro extremo del campamento”, dice.

Esperó hasta la mañana siguiente y se dirigió a la escuela más cercana para pedir ayuda.

“Cuando encontré a Fatimata, estaba angustiada y tenía contusiones en los brazos y el cuello, que se había producido al liberarse de sus ataduras”, dice la refugiada Halima Sidiwa, coordinadora comunitaria designada por Intersos para acoger a los niños en situación de riesgo y ofrecerles un lugar seguro mientras se tramitan sus casos.

Fatimata se negó a regresar con sus padres hasta que se hubiera marchado su tío y estuvo cinco días en el hogar de Halima. “Estaba aterrorizada y lloraba porque quería volver a la escuela”, recuerda Houleymata Diawara, auxiliar superior de protección del ACNUR, quien, junto con otros trabajadores responsables de la protección, comentó el caso con los dirigentes de la comunidad antes de reunirse con los familiares de la muchacha.

Las conversaciones con la familia no fueron fáciles, aunque entre los familiares que se oponían al matrimonio estaba Walet, la madre de Fatimata. “Obviamente no me gustaba la idea de entregar a mi hija a una edad tan temprana y manifesté mi descontento pero no me escucharon”, explica.

“Cuando mi padre se enteró del problema que teníamos en la familia, me advirtió que no interfiriera entre mi esposo y su hermano mayor y les dejara hacer lo que creyeran conveniente”, añadió. “En nuestra cultura, el hermano menor debe respetar las decisiones que tome el hermano mayor. El ya había decidido que se llevaría a la muchacha, así que me resigné”.

“Ahora que el matrimonio se ha suspendido ya no tengo miedo”.

Después de un largo proceso, el equipo de protección y los dirigentes de la comunidad lograron persuadir a la familia para que suspendieran el matrimonio y permitieran a Fatimata continuar su educación en el campamento.

“Ahora que el matrimonio se ha suspendido ya no tengo miedo”, dice Fatimata sonriendo. “He oído que han encontrado otra esposa para mi primo y estoy muy contenta de poder ir a la escuela”.

Nabil Othman, representante del ACNUR en Mauritania, dice que el organismo y sus asociados continuarán trabajando con las comunidades para aumentar la sensibilización sobre esta cuestión e intentar evitar otros matrimonios precoces forzados.

La existencia de un sistema fiable de remisión y protección es crucial para reforzar el empoderamiento de las niñas, dice. “La documentación también es un instrumento muy importante para proteger a los menores y nos permite intervenir en los casos de matrimonios precoces forzados”, añade Othman.

Últimamente, Mauritania ha empezado a emitir certificados de nacimiento a todos los refugiados de Malí que han nacido en el campamento, dado que la edad desempeña un papel esencial en la protección infantil porque permite a las autoridades detectar los casos de matrimonios precoces forzados y otras formas de abuso, antes de reunir pruebas contra los autores.

Gracias a la Voluntaria en Línea Luisa Merchán por el apoyo ofrecido con la traducción del inglés de este texto.