La Ley Brasileña de Refugio considera como refugiado todo individuo que deja su país de origen debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política imputada, o debido a una situación de grave y generalizada violación de derechos humanos en su país de origen. Una persona es considerada perseguida cuando sus derechos humanos hayan sido gravemente violados o estén en riesgo de serlo. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando la vida, libertad o integridad física de la persona esté en serio riesgo en su país. En Brasil, el mecanismo del refugio es regulado por la Ley 9.474 de 1997, que establece el procedimiento para la determinación, cesación y pérdida de la condición de refugiado, los derechos y deberes de los solicitantes de asilo y refugiados y las soluciones duraderas para aquella población.

Para ser reconocido como refugiado por el gobierno brasileño, es necesario solicitar refugio. Los solicitantes de refugio tienen derecho a un documento de identidad (Protocolo Provisional), a trabajar (Carteira de Trabalho), y a permanecer en el país hasta que se alcance una decisión final sobre su procedimiento.

Otras opciones de regularización migratoria son los diferentes tipos de residencia y la naturalización.