ACNUR acoge con beneplácito la adopción de una nueva ley en El Salvador para ayudar a las personas desplazadas por la violencia

El siguiente contenido corresponde a las declaraciones formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

José* es un joven desplazado que vive en las afueras de San Salvador (*nombre cambiado por motivos de protección).   © ACNUR/Diana Díaz

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acoge con beneplácito la aprobación por parte de El Salvador de una ley para proteger, ayudar y ofrecer soluciones duraderas a las personas desplazadas internamente o en riesgo de desplazamiento en la nación centroamericana debido a la violencia ejercida por el crimen organizado y las pandillas criminales.

La ley, aprobada por una contundente mayoría en la Asamblea Nacional de El Salvador el 9 de enero, permitirá que decenas de miles de víctimas del desplazamiento forzado en el país tengan acceso a asistencia humanitaria vital y puedan recobrar el goce de sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso efectivo a la justicia. Además, la ley prevé que se establezca, por primera vez, un sistema nacional integral que reúne a una amplia gama de instituciones del Estado para colaborar en la prevención y respuesta al desplazamiento forzado.

Una vez firmada por el presidente Nayib Bukele, la ley podrá tener un impacto positivo y duradero en las vidas de los 71.500 salvadoreños que, según estimaciones, se vieron forzados a desplazarse dentro de las fronteras de su país entre 2006 y 2016, así como en las decenas de miles de personas que se encuentran en riesgo desplazamiento.

El texto de la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, redactado con el apoyo técnico de ACNUR, se alinea a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y a otras normas internacionales para la protección de los derechos de las personas desplazadas internas, incluyendo el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, la tutela de la unidad familiar, el derecho a un nivel de vida adecuado y a soluciones duraderas. La ley también establece mecanismos para permitir que las personas afectadas por el desplazamiento interno puedan proteger y recuperar los bienes muebles e inmuebles que se vieron obligados a abandonar en su huida.

La ley refleja el creciente impulso que se está dando en Centroamérica y en otros lugares para reconocer y responder al fenómeno del desplazamiento interno. En Honduras, donde se estima que 247.000 personas se vieron obligadas a desplazadas dentro de su país por causa de la violencia, el Congreso Nacional está considerando una legislación similar a la ley aprobada en El Salvador. México también reconoce el grave impacto del desplazamiento interno y ha expresado su compromiso de aprobar medidas legislativas en la materia a nivel federal.

ACNUR reitera su disposición a continuar ofreciendo asistencia técnica y operativa a los gobiernos de Centroamérica y México para ayudarles a mitigar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado, de acuerdo con los compromisos asumidos por los países de la región como parte del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

En octubre, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, estableció un Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno para aumentar la atención mundial sobre el tema y avanzar en la búsqueda de soluciones para este problema que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo, por causa de los conflictos y la violencia.

 

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