Una campaña de registro saca a las familias indígenas de las sombras

Teresa estaba cada vez más débil a medida que su embarazo avanzaba, en su hogar entre los indígenas de las tierras altas de Costa Rica.

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"Tenía dos meses de embarazo cuando empecé a sentirme mal, no podía caminar ni nada", recuerda la joven de 23 años, que según supo después, tenía una leucemia no diagnosticada que ponía su vida en grave peligro.

"De un día a otro . . . ya no podía comer, me estaba desmayando . . . estaba muy delgada".

Teresa es miembro de la comunidad Ngäbe-Buglé, un pueblo indígena tradicional cuyas tierras se encuentran en Costa Rica y Panamá, en América Central.

Ella nació en Panamá, donde su nacimiento no fue registrado, y ha vivido en Costa Rica sin documentos desde que su familia cruzó la frontera para la cosecha de café, cuando ella tenía 14 años. Cada vez más débil, ella no tenía acceso a la atención médica que necesitaba con tanta urgencia, hasta que afortunadamente encontró una ayuda.

Un equipo de servicios comunitarios que trabaja para garantizar que las familias indígenas que cruzan la frontera no queden fuera de la red de asistencia social se puso en contacto con Teresa. Establecieron que necesitaba que se verificara su nacionalidad panameña y un asistente social la ayudó a obtener la documentación.

"Me estaba desmayando y ni siquiera podía caminar . . . Vinieron a la casa y me ayudaron con la documentación."

"Vinieron a la casa y me ayudaron con la documentación", dice. Le otorgaron la residencia permanente en Costa Rica, se inscribió rápidamente en el sistema nacional de atención médica y recibió tratamiento en un hospital de la capital de Costa Rica, San José.

Después de un trasplante de médula ósea y varias sesiones de quimioterapia, Teresa está de vuelta en casa con su familia y su hijo, que ahora tiene dos años.

Cerca de 250.000 miembros de la comunidad Ngäbe-Buglé viven en el noroeste de Panamá, de los cuales aproximadamente 15.000 cruzan la frontera de manera informal para trabajar durante la cosecha de café en el sur de Costa Rica.

Teresa es una de los miles de indígenas asistidos por la campaña de la Oficina del Registro Civil de Costa Rica y su contraparte panameña, con el apoyo del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

El equipo de servicios comunitarios de la campaña, conocida localmente como el "Proyecto Chiriticos", parten en motocicletas, en automóviles y, a veces, a pie hasta las zonas remotas a ambos lados de la frontera donde las familias Ngäbe-Buglé trabajan como recolectores de café en las ricas tierras agrícolas.

Desde sus inicios en 2014, los trabajadores del proyecto han contactado a más de 19.370 personas. Si bien se descubrió que la mayoría de ellos tenían ciudadanía panameña o costarricense, identificaron y asistieron a más de 3.600 personas en riesgo de apatridia porque no estaban registradas en ninguno de los dos países.

"Había tantos niños sin derecho a atención médica, educación o identidad", dice Eduardo Salazar, un funcionario costarricense que encabeza el registro civil del Tribunal Supremo de Elecciones en San Vito, que realizó su séptima promoción a finales de 2017.

El proyecto tenía la intención de otorgarles un estatus legal al registrarlos en Costa Rica o Panamá, de modo que tuvieran acceso a los servicios en un lado u otro de la frontera, agrega.

Los indígenas han sufrido pobreza generacional y altas tasas de mortalidad infantil y enfermedades como el VIH y la tuberculosis, según funcionarios de salud.

"Si no reciben los documentos, no pueden obtener documentación escolar o subvenciones para continuar su educación."

Para hacerlos parte de la vida nacional, los dos gobiernos emiten certificados de nacimiento después del hecho, a veces utilizando documentación como certificados de vacunación, para establecer la identidad de un individuo.

"En el caso de Teresa, el registro le salvó la vida", dice el Dr. Pablo Ortiz, ex director de salud de la región, que ha trabajado con grupos indígenas durante más de tres décadas.

El programa también es de vital importancia para permitir que los niños se registren en las escuelas, progresen a través del sistema educativo, disfruten de los derechos laborales una vez que comiencen a trabajar y ejerzan su derecho al voto, dicen Salazar y Ortiz.

"Si no obtienen estos documentos, no pueden obtener la documentación escolar y, más tarde, las subvenciones para continuar su educación. También se quedan fuera de un programa que ayuda a personas con recursos limitados a obtener un depósito para una casa. Ellos se quedan al margen".

El proceso de registro, en su cuarto año, también está ayudando a generar confianza con los pueblos indígenas, muchos de los cuales, como el trabajador agrícola Norberto Andrade, han pasado sus vidas al margen. Antes de recibir sus documentos de identidad costarricenses, el joven de 27 años dice que se sentía "como un perro callejero".

"Ahora tengo los documentos, me siento libre. Tengo documentos para mostrar en el trabajo."

"Había que esconderse, en caso de que la policía hiciera preguntas", dice, mientras charla en una choza con techo de lata en una finca de café donde trabaja, a pocos kilómetros de la frontera panameña. "Pero ahora tengo los documentos, me siento libre. Tengo documentos para mostrar en el trabajo".

Él tiene esperanzas para sus dos hijas, de uno y tres años, que tienen certificados de nacimiento. "Nacieron aquí y ahora tienen un futuro aquí. Pueden ir a la escuela, obtener una educación y progresar en la vida, convertirse en personas importantes".

Su padre, Don Martin Andrade, también está satisfecho con las oportunidades que se les han abierto a sus hijos y nietos desde que recibieron sus documentos de identidad.

"Nos han dado un voto . . . estamos en el registro electoral", dice, y agrega que planea votar en las próximas elecciones.

Hay al menos 10 millones de personas en todo el mundo que no tienen nacionalidad y, en consecuencia, enfrentan toda una vida de obstáculos y desilusiones. Salazar cree que el enfoque cooperativo adoptado en las tierras fronterizas costarricenses-panameñas podría aplicarse en otros países.

"Todo lo que cuesta es una moto y un poco de combustible", dice. "El espíritu del proyecto podría aplicarse en cualquier lugar. Estamos hablando de un problema de identificación, de riesgo de apatridia. Hay formas de abordar este problema de forma sistemática".

Por Daniela Muñoz y Tim Gaynor