Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS)

Los países del Norte de Centroamérica están experimentando inestabilidad socio económica, así como altos niveles de violencia que resultan en un gran movimiento de personas que, por diversas causas, son desplazadas internas, refugiadas, migrantes y retornadas en toda la región. En años recientes, la región ha presenciado un dramático incremento en el número de personas que huyen de la violencia para buscar protección internacional en países vecinos.

Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y los Estados Unidos se han visto afectados, ya sea como países de origen, de tránsito, de destino o de retorno, o en algunos casos, por una combinación de varios de estos. A pesar de que se han iniciado los esfuerzos para abordar las causas del desplazamiento, todos los indicios sugieren que el desplazamiento forzado desde los países del NCA y dentro de ellos probablemente continúe.

Incluso antes de la Cumbre de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, llevada a cabo por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2016, los Estados en la región habían reconocido la necesidad de un enfoque regional integral para la compleja situación del desplazamiento forzado en el NCA que aborde de forma simultánea las necesidades de los países de origen, de tránsito y de destino.

En el Plan de Acción de Brasil de 2014 y la Declaración de Acción de San José de 2016, los Estados se comprometieron a abordar las varias dimensiones de la situación, incluyendo la prevención y las causas principales del desplazamiento, el fortalecimiento de la protección dentro de los países de origen y el mejoramiento de la protección internacional para los solicitantes de asilo y refugiados que huyen de estos países. Hacerlo requerirá una combinación de intervenciones humanitarias, de seguridad humana para el desarrollo, de macroeconomía y apoyo.

Aplicación estratégica del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados

En línea con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes y su Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés), los Estados en la región están liderando el desarrollo de una aplicación regional del CRRF, conocido como Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS). Construyendo sobre la base de los mecanismos de solidaridad y responsabilidades compartidas de la región, el MIRPS apoya a los Estados en la implementación de sus compromisos, al tiempo que identifica y aborda los vacíos remanentes a través de respuestas integradas que involucran un amplio rango de partes interesadas, y moviliza recursos adicionales para la implementación.

En apoyo a los Gobiernos, ACNUR está trabajando para comprometer a una serie de actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras internacionales, las Naciones Unidas, el sector privado y personas de interés en todas las fases del MIRPS, en actividades que van desde consultas nacionales y balance de logros actualizados, hasta la evaluación de las necesidades no satisfechas, priorización e implementación.

Este marco regional y su proceso preparatorio son liderados por los Estados. ACNUR apoyará el proceso, en conjunto con la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (UNDG-LAC).

Los principales elementos del MIRPS serán acordados por los Estados participantes en una mesa de Alto Nivel en Honduras, en octubre de 2017.

Camino a Seguir

En la antesala de la mesa redonda de Alto Nivel, los Estados organizan consultas nacionales para abordar el progreso logrado en los compromisos existentes (Plan de Acción de Brasil, Declaración de Acción de San José, Cumbre de Líderes sobre los Refugiados), identificando los vacíos, y desarrollando las prioridades nacionales para el MIRPS. Estas consultas incluyen las principales instituciones nacionales de interés, así como los Equipos de País de las Naciones Unidas (liderados por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas), la academia, las oficinas de Ombudsman, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad de donantes, y las poblaciones afectadas.

El objetivo de estas consultas es desarrollar planes operativos, desarrollados de forma nacional, que: (1) reflejen los esfuerzos actualizados por parte de los Estados interesados para abordar la situación; (2) identifiquen acciones prioritarias para asegurar la implementación de los compromisos remanentes, así como los vacíos y los nuevos desafíos. Tales necesidades se cuantificarán por completo con los correspondientes recursos financieros, técnicos, y humanos debidamente identificados.

Las consultas regionales también se llevarán a cabo con una amplia gama de partes interesadas, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (UNDG-LAC), el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y el Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (SEDAC). Estas consultas incluirán a instituciones financieras regionales e internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de asegurar una mejor complementariedad en los enfoques humanitarios y de desarrollo para aumentar la resiliencia de las personas desplazadas a la fuerza y las comunidades de acogida.

Áreas de apoyo

El Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) busca movilizar un enfoque integral para abordar las necesidades identificadas durante las consultas nacionales y regionales, incluyendo acuerdos innovadores de responsabilidades compartidas. El apoyo se enfocará en las siguientes áreas, entre otras:

Brindar apoyo financiero y técnico a los Estados afectados para:

• Construir sistemas nacionales de asilo viables y eficientes;
• Establecer mecanismos de recepción adecuados en los países de tránsito;
• Mejorar las condiciones en países de origen para retornos seguros y dignos;
• Abordar las causas estructurales de la violencia y el desplazamiento forzado;
• Expandir las soluciones de un tercer país para las personas del NCA en necesidad de protección, por ejemplo a través de un incremento de los programas de procesamiento en el país, y una expansión de los Acuerdos de Traslado por motivos de Protección (PTA, por sus siglas en inglés), que ofrece protección y soluciones para las personas en riesgo. Se pueden ofrecer oportunidades adicionales a través de la reunificación familiar extendida, particularmente para los menores no acompañados, así como vías para una migración segura y ordenada.
• Comprometer alianzas para hacer que la respuesta regional para los refugiados en el NCA sea más holística y efectiva.
• Apoyar los mecanismos regionales de solidaridad y responsabilidades compartidas en la región.

Marcos existentes

La Declaración y el Plan de Acción de Brasil – En diciembre de 2014, los Gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia para conmemorar el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, y adoptaron la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, acordando mantener los más altos estándares de protección a nivel internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y terminar con la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región.

Declaración de Acción de San José – Los Estados en la región reconocieron la necesidad de acciones integrales para mejorar la protección y la respuesta a las necesidades más urgentes de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas, migrantes y retornadas en el NCA e hicieron una serie de compromisos para lograrlo. La Declaración, que se basa en los compromisos hechos en el Plan de Acción de Brasil, destaca que la región está dispuesta a enfrentar los desafíos actuales, a través de la cooperación y el mejoramiento de las responsabilidades compartidas. Más allá, un amplio rango de actores de organizaciones internacionales e instituciones financieras, sociedad civil, sector privado y la academia están comprometidos de forma activa.

Principales logros

El MIRPS se ha desarrollado a través de consultas dirigidas por el gobierno con todas las partes interesadas, incluyendo personas de interés, equipos de país de la ONU, sociedad civil, sector privado y la academia adquiriendo un enfoque que involucra a toda la sociedad. Las redes y organizaciones regionales complementan los planes de acción nacionales y establecen mecanismos regionales y mundiales de responsabilidad compartida con el fin de dar una dimensión regional al MIRPS.

• Como un resultado directo del MIRPS, México ha adoptado medidas para garantizar el acceso a la capacitación, a programas de empleo y servicios financieros para los refugiados. Guatemala ha avanzado aún más en su compromiso de proporcionar acceso a servicios de apoyo laboral para las personas refugiadas. En Costa Rica las personas refugiadas que viven en circunstancias vulnerables disfrutarán de acceso a programas de bienestar dirigidos por el gobierno y Honduras comenzó un proyecto para mapear terrenos potencialmente disputados en futuras áreas de retorno estableciendo las bases para un enfoque de soluciones más participativo.
• Se ha desarrollado un portafolio de 30 proyectos prioritarios que se adaptan con la operacionalización a más largo plazo de los planes nacionales de tres años en programas y proyectos conjuntos, involucrando a socios del desarrollo y a otras partes interesadas claves. Esta inversión inicial tiene como objetivo reforzar y promover las alianzas subyacentes que constituyen la base del MIRPS.
• La secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) está estableciendo un mecanismo de seguimiento para la implementación del MIRPS y para facilitar la coordinación y el intercambio de las buenas prácticas.
• Los Estados Unidos, Canadá, Australia y Uruguay garantizaron su cooperación a través de la ampliación de sus cuotas de país al Mecanismo de Protección en Tránsito (PTA, por sus siglas en inglés). Argentina y Brasil también han expresado su compromiso para participar en programa del PTA en 2018.