Situación Colombia
Colombia continua enfrentando las consecuencias de 50 años de conflicto armado interno y violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersonal y disputas por el control del territorio. Como resultado la población civil se enfrenta al reclutamiento forzado de niños, control de comunidades, amenazas y asesinatos selectivos al igual que violencia sexual y basada en género (SGBV). La inseguridad, sobre todo, continúa siendo una realidad dentro del territorio colombiano y la situación empeora a lo largo de las zonas fronterizas, lo que ha obligado a cerca de 327.000 colombianos hasta ahora, a huir cruzando las fronteras, en busca de protección internacional en países vecinos como Ecuador.
Tendencias de Desplazamiento:
Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente 5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana y las comunidades indígenas. De estas declaraciones, 99.150 personas han sido víctimas de desplazamiento en 2012. Entre el año 2007 y el 2013 ha aumentado la concentración de la tasa de expulsión en el país. Mientras que en el 2007 el 25% de las tasas de expulsión se concentraba en 17 municipios, en el 2013 sólo 10 municipios (Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte, Riosucio, López de Micay y Puerto Asís) concentraron el 50%. Los 3 departamentos con la concentración más alta de eventos de desplazamientos masivos (más de 50 personas) durante el 2013 son Nariño, Antioquia y Chocó (Costa Pacífica). Sólo entre enero y noviembre de 2013, el ACNUR registró un total de noventa eventos de desplazamiento masivo, afectando a cerca de 6.881 familias. La mayoría de los desplazados internos, son desplazados de zonas rurales a centros urbanos, aunque los desplazamientos intra-urbanos también están en aumento ya que el 51% los desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de Colombia.
Abordando el desplazamiento:
El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación de recursos financieros. La implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las nuevas instituciones gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones para garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad para comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos post-desmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo 3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado interno. Al 30 de abril de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió un total de 36.908 solicitudes de admisión para el registro de las tierras despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553 hectáreas.
