Terremoto en Ecuador.
Un año después
El 16 de abril de 2016 la zona costera de Ecuador sufrió un
devastador terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Ricther.
Un año después, la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) hace un homenaje a la población damnificada.
Una emergencia humanitaria
El terremoto del 16 de abril de 2016 de 7,8 en la escala Richter ocurrido al noreste de Ecuador afectó directamente a las poblaciones de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. La intensidad del terremoto se sintió con mayor severidad en las provincias de Manabí y Esmeraldas. El desastre, considerado el sismo más destructivo en los últimos treinta años, causó la pérdida de 671 vidas, dejando además una afectación profunda en lo social, en la economía del país y su medio ambiente.
El terremoto ha sido calificado como la catástrofe humanitaria más grave que el país ha vivio en las últimas décadas.
Al conmemorarse el primer año del devastador terremoto que afectó principalmente a la costa del Ecuador, el Sistema de las Naciones Unidas rinde un sentido homenaje a las personas que perdieron sus vidas y a los cientos de miles de personas que fueron afectadas.
El Gobierno Nacional, la ciudadanía, las comunidades damnificadas y las organizaciones humanitarias y de desarrollo actuaron con mucha rapidez para salvar vidas y reducir al mínimo los impactos ocasionados por el sismo. Asimismo, es importante resaltar el valor y la fortaleza de los habitantes de las provincias afectadas, así como la solidaridad que la ciudadanía ecuatoriana ha demostrado a lo largo de este año para enfrentar juntos los desafíos de un país golpeado por tan grande tragedia.
De acuerdo a datos oficialesde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 80 000 personas fueron desplazadas debido a la pérdida o daño de sus casas y alrededor de 350 000 personas quedaron en necesidad de ayuda humanitaria.
Apenas un día después del terremoto, ACNUR desplegó varios equipos de terreno y distribuyó 60 carpas familiares previamente disponibles en el país.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, inmediatamente después del terremoto distribuyó carpas previamente ubicadas en el país. A su vez, y gracias a la cooperación internacional, durante las dos primeras semanas la Agencia fletó dos vuelos con más de 200 toneladas de artículos de primera necesidad a las comunidades más afectadas: carpas familiares, lonas plásticas, kits de cocina o lámparas solares, entre otros artículos...
Gracias a dos fletes realizados por ACNUR, uno de ellos con el apoyo de la Fundación UPS, 200 toneladas de asistencia humanitaria llegaron a la población damnificada.
Junto con el trabajo de las oficinas de ACNUR en Guayaquil y Esmeraldas, la Agencia de la ONU para los Refugiados desplegó dos equipos adicionales con personal humanitario para apoyar la respuesta de emergencia en las áreas de Pedernales y Manta/Portoviejo.
El ACNUR pudo identificar en este proceso 139 familias de refugiados afectadas, quienes fueron referidos a los mecanismos de asistencia desarrollados por el Estado ecuatoriano. En estrecha coordinación con el Ministerio Coordinador de Seguridad y los ministerios responsables de las diversas áreas de respuesta, la colaboración favoreció el acceso equitativo a la ayuda humanitaria de la población afectada, incluyendo a la población refugiada.
La población refugiada afectada por el terremoto, como esta familia en Manta, fue incluida en los mecanismos estatales de respuesta.
A través de volantes informativos, la población refugiada pudo conocer cómo acceder a los mecanismos estatales de respuesta humanitaria.
Como una respuesta a esta emergencia, se activó el Sector de Protección, un espacio de coordinación amplio y participativo, conformado en condiciones de igualdad por instituciones públicas, agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizacionesinternacionales no-gubernamentales, otras organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. Como parte de la respuesta global en situaciones de emergencia humanitaria, ACNUR lideró en una primera fase este espacio de coordinación interinstitucional.
La cooperación con las autoridades en las zonas afectadas fue esencial para articular la primera respuesta de emergencia. ACNUR/S. Arcos
ACNUR, durante 2016, trabajó estrechamente con el Estado ecuatoriano en sus diversos niveles, con la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, para coordinar las actividades relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención de la violencia sexual y de género y evitar que ninguna persona quedara excluida de la asistencia tras la emergencia.
Junto con su socio HIAS, ACNUR facilitó el acceso a apoyo psicosocial a la población afectada albergada en refugios y viviendo en zonas rurales. Además, la organización socia CISP trabajó para mejorar las iniciativas comunitarias con el fin de reducir el riesgo de tensiones entre la población
?Más de 3 000 miembros de las fuerzas armadas, 750 oficiales de policía y 300 funcionarios públicos fueron capacitados como parte de un ejercicio conjunto entre Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, MIES y ACNUR, ONU Mujeres y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA). Las actividades principales incluyeron: capacitación en temas de protección y protección en la gestión de campamentos; elaboración conjunta de un protocolo de traslado a los campamentos; establecimiento de mecanismos de comunicación para compartir información sobre casos específicos y coordinación y respuesta de emergencia.
? Como resultado de la cooperación de ACNUR y la Defensoría del Pueblo, se realizaron más de 70 brigadas de protección, y pudieron identificarse a 139 familias de población refugiada damnificada.
7.8 magnitud del terremoto con más de 3 000 réplicas.
671 víctimas mortales.
350 000 personas necesitaron ayuda humanitaria.
80 000 personas desplazadas por la pérdida o el daño en sus hogares.
200 toneladas de productos de ayuda humanitaria distribuidos por ACNUR.
5 000 personas apoyadas para la renovación de sus documentos.
Más de 40 instituciones públicas y privadas trabajando juntas
para favorecer una respuesta de protección equitativa
