En Colombia, las mujeres se encuentran entre los grupos de población más golpeados por el conflicto que vive el país. El Gobierno ha registrado a más de 1 millón seiscientas mil mujeres como desplazadas forzadamente. Muchas de ellas huyeron para evitar ser reclutadas por los grupos armados, o para evitar que sus hijos o hijas lo fueran. También escapan de riegos de violencia, explotación o abuso sexual, o de la posibilidad de ser “castigadas” por su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres. 

Las mujeres también asumen nuevas cargas después del desplazamiento forzado. Un estudio independiente de finales de 2008 encontró que el 43% de las familias desplazadas tiene jefatura femenina, y entre ellas, en 68 de cada 100 casos las mujeres desplazadas cabeza de familia no tienen pareja. Muchas veces el peligro para ellas persiste aún después del desplazamiento, pues los grupos armados están presentes en las zonas en que buscan protección. 

Ante amenazas tan complejas, ACNUR actúa en varias esferas: ayudando y fortaleciendo a las instituciones nacionales; fortaleciendo a las organizaciones de mujeres y organizaciones que trabajan temas de género; y, apoyando el trabajo de los órganos de control del Estado. 

El ACNUR ha asesorado a diversas entidades del Estado para el desarrollo de programas en beneficio de las mujeres desplazadas, ha acompañado a las autoridades nacionales, regionales y locales en la aplicación de medidas que den cuenta de las necesidades específicas de las mujeres –desde la asistencia de emergencia hasta la política de tierras, incluyendo una Directriz para Atención Integral a la Población Desplazada con Enfoque Diferencial de Género – y periódicamente realiza diagnósticos en diferentes regiones del país sobre los riesgos de violencia sexual y basada en género y acciones frente a ella. 

La agencia también ha promovido equipos multifuncionales y multisectoriales en los que diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales discuten con las mujeres desplazadas formas de mejorar su protección. Y, además de incorporar siempre el enfoque de género como un componente en sus proyectos, muchos de ellos están orientados a empoderar a las mujeres desplazadas, desde “gestoras de género” en el oriente del país, hasta capacitación específica para mujeres indígenas y trabajo en la redefinición de las masculinidades. 

En Colombia, el Gobierno ha registrado a más de 3,300.000 personas como desplazadas. De ellas, el 49% son mujeres y niñas. 

En la mayoría de los casos, las mujeres refugiadas enfrentan retos mayores relacionados con el hecho de ser un sector excluido dentro de otro. Las niñas y adolescentes mujeres con necesidad de protección internacional, por ejemplo, acceden menos a la educación que los niños y adolescentes varones. También se observa cómo el porcentaje de jefaturas de hogar femeninas es mayor en la población refugiada que en la población nacional. El acceso a fuentes de ingreso es otro de los problemas esenciales que tienen que enfrentar las mujeres refugiadas. Todas estas necesidades deben ser  atendidas desde un enfoque integral, que busque el bienestar no solamente de las mujeres sino también de quienes están a su alrededor. Por ello, los proyectos que se implementan desde las operaciones del ACNUR en el Ecuador están dirigidos tanto hacia la población refugiada como a la población ecuatoriana local. 

Uno de estos proyectos es el Registro Ampliado, una experiencia única en la región. El proyecto consiste en brigadas móviles que permiten a la población con necesidades de protección internacional adquirir su documento de refugiado en un solo día. La atención que brinda en cuanto a necesidades específicas para mujeres y sus familias hizo que en 2009 fuera reconocido por parte de la sede del ACNUR con el Premio al Mejor Logro de Equipo en el tema de Género. 

Ante la preocupante incidencia de la violencia basada en género sobre la mujer en la provincia de Sucumbíos, en la amazonía ecuatoriana, ACNUR ha desarrollado una estrategia de fortalecimiento de la aún débil red de protección. Mediante el apoyo a organizaciones locales, como la Federación de Mujeres de Sucumbíos, se trabaja en la frontera norte con las comunidades más alejadas y que acogen a un gran número de personas en necesidad de protección internacional. Así,  se ha construido una casa taller para mujeres en la comunidad fronteriza de La Ceiba, a orillas del río Putumayo. También, en el cordón fronterizo se realizarán durante este año capacitaciones en tema de género a un grupo de promotoras comunitarias. Además, en la ciudad de Nueva Loja, se ha mejorado la infraestructura del único albergue para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de Sucumbíos.

Hasta diciembre de 2009, 45.192 personas fueron reconocidas como refugiadas en el Ecuador. De ellas, aproximadamente la mitad son mujeres, niñas y adolescentes.

Hasta marzo de 2010, se han reconocido 3.805 refugiados más mediante el Registro Ampliado.

Dentro del marco del programa de reasentamiento solidario, los gobiernos de Argentina y Chile mostraron su voluntad de expandir el reasentamiento a mujeres refugiadas en situación de riesgo mediante un programa diseñado específicamente para esta población extremadamente vulnerable. En línea con las necesidades de la población en el primer país de acogida, a partir de 2008 se implementa este proyecto que garantiza a las mujeres refugiadas de un marco mejorado para su protección así como sus derechos humanos fundamentales de acuerdo a sus necesidades específicas que conduzcan a una efectiva integración en el país de reasentamiento. Además de proveer con las necesidades básicas por el transcurso de dos años, el programa también brinda ayuda terapéutica, asesoramiento legal, capacitación, y orientación laboral. 

La implementación del programa propició una mayor participación de las autoridades en temas de integración en ambos países. En Argentina, por ejemplo,  la municipalidad de Rosario garantizó acceso prioritario a todas las mujeres refugiadas en sus cursos de capacitación, mientras que en Chile, la mesa de trabajo sobre mujeres de riesgo y casos vulnerables está directamente involucrada en el proceso de integración. Ambos países confirmaron su intención de seguir implementando y ampliando este programa. Es indicativo que actualmente, el 43% de las personas a ser reasentadas en Chile, y el 27% en Argentina, son mujeres en situación de riesgo.

También en Argentina, el significativo aumento de solicitudes de asilo de mujeres dominicanas registrado durante los últimos años llevó a que el ACNUR y la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) desarrollaran una serie de acciones destinadas a la prevención y detección de eventuales situaciones de trata, centradas sobre todo en brindar mayor información y detectar necesidades especiales de protección durante las entrevistas de elegibilidad.

En Argentina hay 3980 solicitantes de asilo y refugiados, de los cuales las mujeres representan el 32%.  En Chile el 43% de los 2601 solicitantes de asilo y refugiados son mujeres. 

En el transcurso de este año continuará la implementación en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, de un programa de apoyo terapéutico para familias refugiadas. El objetivo principal es promover su estabilidad emocional con un énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres a través de cursos de capacitación, grupos de apoyo y micro-créditos que favorezcan a la autosuficiencia e integración social.

En Bolivia hay 713 solicitantes de asilo y refugiados, de los cuales el 37%  son mujeres. 

En Brasil, las mujeres refugiadas participan activamente de los programas ofrecidos por el ACNUR, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Más del 30% de las mujeres reciben clases de portugués y cerca de la mitad de las personas refugiadas en el país que están  trabajando, son mujeres. De los refugiados que están involucrados en actividades de generación de ingresos, el 25% son mujeres, quienes también participan en los cursos de capacitación profesional. 

El Programa de Reasentamiento Solidario implementado por el Gobierno de Brasil da prioridad a las mujeres refugiadas en situación de riesgo, como victimas de violencia de género y jefas de hogar.

A finales de 2009, Brasil tenía registrados a 4.261 refugiados, siendo 3.843 reconocidos por los mecanismos tradicionales de elegibilidad y 418 reconocidos por el Programa de Reasentamiento Solidario. Del total, el 30% aproximadamente está constituido por mujeres. 

Ante las dificultades que enfrenta la población refugiada en México, y en concordancia con la política del ACNUR sobre la protección y soluciones de los refugiados en zonas urbanas, la organización Sin Fronteras, uno de los principales socios del ACNUR, ha establecido los "Grupos de crecimiento y desarrollo para las mujeres". Mediante este espacio se busca fortalecer a las mujeres refugiadas y migrantes en México a través del trabajo terapéutico de sus emociones, el conocimiento de sus derechos humanos y la adquisición de herramientas para lograr su autonomía y organización colectiva.  

Este 8 de marzo, el ACNUR quiere rendir también un homenaje a las autodenominadas "Mujeres Monarcas", un grupo de refugiadas y migrantes  que tomaron  dicho nombre de la mariposa "Monarca" que cada año emigra desde el norte de Estados Unidos y Canadá hasta México, país en donde ha encontrado un santuario para su hibernación. Año a año, este grupo continúa trabajando en iniciativas e intercambio de experiencias que promuevan la integración social y económica de refugiadas y migrantes en México, incluyendo su participación en el Grupo de Ahorro y Préstamo. 

A enero de 2010, la población de solicitantes de asilo y refugiados en México era de 1.331 personas, de las cuales el 36% son mujeres. 

Desde el año 2007 funciona en Costa Rica la Casa de Derechos de la Municipalidad, ubicada en el populoso cantón capitalino de Desamparados, en el que habitan una gran cantidad de migrantes, refugiados y de costarricenses en situación de vulnerabilidad. 

La Casa es un espacio inter-institucional en el que además del ACNUR participan otras agencias de Naciones Unidas, universidades, ONG locales y el gobierno local. 

La institución se especializa en la atención a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género, y sobre todo, a personas refugiadas y migrantes, otorgando asistencia legal y psico-social gratuita a un promedio de 900 personas al año. 

Además, la oficina del ACNUR en Costa Rica fomenta iniciativas para promover la autonomía económica de la mujer a través de un programa de microcrédito, en el que las mujeres representan un poco más de la mitad de las personas beneficiarias. 

En Costa Rica hay 12.000 personas refugiadas, aproximadamente la mitad de ellas son mujeres.   

Procurando promover el fortalecimiento de las redes de apoyo local -particularmente en el área urbana- y con la finalidad de mejorar el apoyo grupal y el desarrollo de estrategias de supervivencia que impulsan el auto-empoderamiento (sobre todo para las mujeres), la oficina del ACNUR en Panamá trabaja activamente el tema de la violencia basada en género junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y donantes. 

La oficina del ACNUR en Panamá y sus socios continúan con sus esfuerzos para mejorar las capacidades de liderazgo existentes en algunas mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia basada en género, con un énfasis en el trabajo comunitario; la ejecución de actividades de prevención, la atención y respuesta a VIH/sida, el desarrollo de herramientas vocacionales e interpersonales así como la cooperación bi-nacional entre la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, al igual que las contrapartes Costarricenses, en el marco general de un proyecto PAF, financiado por el Grupo ONUSIDA. Asimismo, se busca implementar técnicas no tradicionales de educación participativa, tales como cine foros, arte terapia y sesiones de terapia individual y colectiva.

En ocasión del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo un debate sobre la distinguida película panameña “Chance”, el que contará con la presencia de su director, Abner Senaim, y con exposiciones sobre la desigualdad económica y el trabajo doméstico en el contexto de Panamá.

En Panamá hay 1060 refugiados reconocidos, un acumulado de 709 solicitantes de refugio y 863 personas bajo Estatuto Humanitario Provisional de Protección (esta cifra incluye a hijos y conyugues panameños). Un 43% de la población total es femenina.