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Aunque la extracción y explotación de recursos naturales tiene larga data y ha acompañado la historia del continente americano, en años más recientes se ha dado un notable aumento de las actividades extractivas en la región, asociado a un ciclo de altos precios de materias primas y la fuerte demanda internacional. La significativa ampliación de las actividades extractivas en el actual escenario regional, viene dada tanto en términos de su proliferación en todo el continente, como de su diversificación a nuevos rubros. Lo anterior ha hecho que estas actividades ocupen hoy en día un lugar central en las estrategias de desarrollo de varios países de la región.
Diversas cifras dan cuenta de que la llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento significativo de las extracciones mineras y petroleras en el continente y, más específicamente, en América Latina y el Caribe. Igualmente, ha aumentado significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales, y suman enormes volúmenes de producción. Por ejemplo, se encuentran monocultivos de soya que cubren grandes superficies, sobre todo en países del Cono Sur; así como cultivos de caña de azúcar o palma africana para biocombustibles en países como Guatemala o Colombia. Al mismo tiempo, se implementan grandes proyectos de infraestructura, como carreteras, canales, represas, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, puertos, complejos turísticos o similares. Teniendo este panorama en cuenta, con la expresión “plan o proyecto extractivo o de desarrollo”, la Comisión desea referirse a cualquier actividad que pueda afectar las tierras, territorio y recursos naturales de un pueblo indígena o tribal, o comunidad afrodescendiente, en especial cualquier propuesta relacionada con la exploración o extracción de recursos naturales.
Los Estados de la región juegan roles muy diversos frente a estos planes o proyectos, que varían según el tipo de actividad, los intereses y prioridades estatales, y la política definida en cada rubro por determinado país. La CIDH observa, por ejemplo, que la explotación de recursos naturales puede realizarse ya sea directamente por parte del propio Estado a través de empresas públicas o administradas por éste; en forma mixta, mediante capital público-privado; en forma privada, en virtud al otorgamiento de una concesión o permiso por parte del Estado; o bien, puede tratarse de una extracción ilegal que carece de autorización estatal, como la minería informal por ejemplo. Así, en materia de hidrocarburos, en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela hay una presencia estatal significativa, que incluye la activa participación de empresas estatales en la explotación. En otros países como Brasil, Colombia y Perú la extracción y explotación se da bajo inversiones privadas o mixtas y en ocasiones, a través de acuerdos con empresas extranjeras o transnacionales. En el ámbito minero, aunque prevalece la autorización a empresas privadas para la explotación, en países como Chile o Surinam se encuentran también empresas estatales operando en este rubro. |
Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 47/15