Aproximadamente 200 millones de personas de descendencia africana viven en las Américas, de estos, cerca de 10 millones viven en Colombia, principalmente en las costas del Pacífico y del Caribe.
Según la Ley Nº 70 de 1993, el Gobierno colombiano debe garantizar la protección de los territorios ancestrales de los descendientes de africanos, invertir en su desarrollo económico y proteger su identidad cultural y derechos civiles; sin embargo, persiste un desequilibrio entre la legislación vigente y su aplicación efectiva.
Como señaló la Experta Independiente de la ONU sobre Cuestiones de Minorías en su visita a Colombia en febrero de 2010, “las comunidades Afrocolombianas se enfrentan a retos emergentes. Entre ellos, la violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos humanos”.
El ACNUR, en sus Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Colombia de mayo de 2010, destaca que los afrocolombianos y los pueblos indígenas están expuestos a violaciones de los derechos humanos, como asesinatos individuales y masivos, tortura, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamiento forzado, a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados y disputas por el control del territorio en zonas consideradas estratégicas.
