Los Deportados

Padre de tres niños deportado de EE. UU. después de 20 años

Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia.

Pero ese fue tan solo el comienzo de los problemas para Marco, un inmigrante indocumentado procedente de México. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997. “Mi familia intentó conseguirme un abogado especializado en inmigración, pero era en vano”, señaló. Detenido y vencido por la impotencia, decidió aceptar regresar a México sin que se le concediera la oportunidad de tener una audiencia ante un juez.

Desplegar

El puente entre Laredo, Estados Unidos, y Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch
© 2017 Human Rights Watch

Ahora, en una entrevista en Nuevo Laredo, México, Marco muestra orgulloso el protector de pantalla de su teléfono celular, que es un collage de fotografías con un mensaje en español que dice “las mujeres de mi vida”. Tiene fotos de su madre, sus hermanas, su hija y su esposa.

Marco tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos: dos varones, de 10 y 14 años, y una niña de 7 años, todos con apariencia de típicos niños estadounidenses. El mayor aspira a ser jugador profesional de fútbol americano y el segundo desea incorporarse al ejército como sus tíos y primos del lado materno. A la hija de Marco le gustaría dedicarse a la misma actividad que su madre: administrar departamentos. En la foto que mostró al investigador de Human Rights Watch, se lo ve abrazando a los tres niños, mientras el de 10 años hace una mueca graciosa.

Cuando mostró las imágenes de su familia, le temblaron levemente las manos y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”.

Al menos, agregó Marco, su esposa tiene un buen trabajo que le permite seguir manteniendo a la familia mientras él lidia con las dificultades que implica una deportación. Su esposa tampoco tiene documentación legal, aunque llegó a EE. UU. cuando tenía apenas pocos meses.

Las leyes inmigratorias que rigen actualmente en EE. UU., en general, no contemplan una vía para que una persona que tiene hijos estadounidenses y ha tenido residencia no autorizada durante un período prolongado y sin antecedentes penales pueda regularizar su situación.

Marco señaló que no había sido deportado anteriormente y que tampoco tenía condenas penales previas. “Es solo que el gobierno ahora es muy severo. Tarde o temprano, te van a detener por alguna una falta menor. Y entonces, la consecuencia es la deportación”.

Joven de Utah desesperado por regresar con su familia y reanudar su vida en Estados Unidos

Fue la devoción de un hijo la que dejó a Alfredo R. del otro lado de la frontera, separado de su familia y del país que había sido su hogar desde que era un bebé.

Alfredo, que ahora tiene 22 años, llegó a Estados Unidos desde México cuando era pequeño y creció en Provo, Utah. Pero cuando tenía 17 años, su padre se enfermó gravemente en México. La familia pensó que se trataba de un problema cardíaco, y Alfredo fue a cuidarlo. Para cuando su padre comenzó a mejorar, Alfredo había quedado atrapado. No había manera legal de que regresara a EE. UU.

Eso no ha sido un obstáculo para que lo intentara. En abril fue arrestado y deportado después de su quinto intento de cruzar la frontera y volver a su casa con su familia en Provo.

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Alfredo R. con su madre y sus hermanos en una fotografía reciente. © Privado

A pesar del aprecio que siente por su país de adopción, la vida de Alfredo en EE. UU. estuvo marcada por la lucha y la tragedia. En mayo de 2008, un camión con remolque chocó de costado al Pontiac Grand Am de su madre en el cañón de Provo; su hermana Jennifer, de 8 años, y su hermano Daniel, de 7 años, salieron despedidos y murieron en el accidente. Alfredo, que en ese momento tenía 13 años, solo sufrió lesiones leves. Su madre, que conducía, resultó gravemente herida y quedó emocionalmente devastada.

“Han pasado nueve años y aún se siente como si hubiera ocurrido ayer”, escribió recientemente en inglés en una publicación de Facebook dedicada a sus hermanos fallecidos. “Quisiera poder sostenerlos y abrazarlos con todo mi corazón. Daría mi vida por que estuvieran aquí”.

La madre de Alfredo, María, dijo en una entrevista que el accidente “lo afectó mucho” y que fue el comienzo de una adolescencia difícil. Pasó un año en un hogar para menores, recibiendo terapia para el duelo y el trauma.

“Tuve algunos problemas”, contó Alfredo a Human Rights Watch en Nuevo Laredo, México. “No iba a la escuela, y comenzaron a llevarme al tribunal de absentismo escolar”.

Finalmente, con el apoyo de su familia y terapeutas, la situación comenzó a mejorar para Alfredo. Jugó como defensa en el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria y prestó más atención en la escuela.

Si Alfredo hubiera logrado atravesar el desierto y cruzar el alambrado en alguno de los cinco intentos, habría vuelto directamente a Provo para terminar la escuela secundaria y ayudar a su madre y a sus hermanos.

Actualmente trabaja en el centro de llamadas de atención al cliente de Zipcar, en el centro de Guadalajara, México. Espera su oportunidad, pensando todo el tiempo cómo regresar y reanudar la única vida que conoce.

“Tenía toda mi vida allí. Ahora, si vuelvo a cruzar, probablemente vaya a la cárcel”.

Militar retirado del Ejército es deportado tras luchar contra la dependencia de drogas

Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio H. recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas. Trabajó duro toda su vida, nos dijo, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. Actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Sergio, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de drogas.

Su dependencia empeoró en 2012, según nos contó en Nuevo Laredo, y dos años más tarde, Sergio fue condenado por tenencia de cocaína con intento de distribución. Obtuvo libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años. “Estoy limpio ahora”, dijo. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”.

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Sergio H. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

El servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suele ser un camino para obtener la ciudadanía para aquellos que tienen tarjetas de residencia –esto es, visas de residencia permanente–, pero no resultó así para Sergio. Las tarjetas de residencia pueden ser revocadas por varios motivos, entre ellos la comisión de un delito relacionado con drogas. Por lo tanto, Sergio fue directamente de la prisión a un centro de detención inmigratorio cerca de Houston. Permaneció allí ocho meses, esperando las audiencias del tribunal de inmigración.

Debido a que la madre de Sergio nació en Estados Unidos, sus abogados estudiaron la posibilidad de que en realidad pudiera ser ciudadano estadounidense. Pero no llegaba a cumplir los criterios, ya que su madre se mudó a México con sus padres cuando era muy joven. Al haberse agotado sus opciones legales, Sergio fue subido a un vehículo lleno de personas deportadas y llevado al otro lado de la frontera, a Nuevo Laredo, México.

Un consenso cada vez más amplio en Estados Unidos sostiene que la rigidez de las leyes y políticas penales en materia de drogas —incluidas las condenas desproporcionadamente severas— está causando más perjuicios que beneficios. Para las familias inmigrantes, las consecuencias pueden ser especialmente devastadoras. Hemos documentado que Estados Unidos está deportando grandes cantidades de inmigrantes como Sergio —tanto residentes permanentes como indocumentados— por delitos relacionados con drogas, tanto de gravedad menor como cometidos hace mucho tiempo. Muchas personas tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios con Estados Unidos, y algunas —como Sergio— han servido en las Fuerzas Armadas.

Incluso mientras Sergio completaba los documentos en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, hablaba como si aún estuviera en Estados Unidos.

“Estaba dispuesto a dar la vida por este país”, nos dijo. “Aún lo estoy… es mi país”.

Titular de tarjeta de residencia deportado por delitos menores cometidos décadas antes

En diciembre pasado, cuando regresaba a casa luego de viajar a México, José Luis O., de 36 años, y su esposa —entonces novia— Estefania se pusieron en la fila para pasar los controles de inmigración en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston. Estefania es ciudadana estadounidense y entró sin inconvenientes. Pero José Luis quedó detenido y, cinco meses después, deportado a Nuevo Laredo, México.

En ese momento, no tenía idea de cuál era el motivo. Aunque nació en México, José Luis había estado viviendo en Houston desde los tres años, tenía una tarjeta de residencia (green card) vigente y pocos meses antes había viajado a México y regresado sin ningún problema. Lo que no sabía es que dos roces que tuvo con la ley cuando era joven habían quedado en su prontuario, y se convirtieron en bombas de tiempo, a la espera de que se diera la combinación justa de circunstancias para detonarse.

José Luis O. con su esposa y sus dos hijastras en una fotografía reciente. — José Luis O. fue deportado de Texas a Nuevo Laredo, México en 2017, y separado a la fuerza de su esposa y sus dos hijastras. Investigadores de Human Rights Watch hablaron con José Luis en Nuevo Laredo después de su deportación. José Luis compartió tres fotografías de si mismo con su familia tomadas antes de que él fuera deportado.

El prontuario de José Luis incluía una condena por robo con ingreso en morada a los 17 años, impuesta luego de llevarse algunas prendas de vestir de una casa; cuando un amigo fue detenido, José Luis se entregó voluntariamente. Más tarde, a los 26 años, la policía detuvo a José Luis mientras esperaba fuera del departamento de un amigo, y cumplió una pena de 15 días de cárcel por contravención menor a la propiedad. José Luis no fue deportado en ninguna de estas oportunidades.

Posteriormente, mantuvo un buen comportamiento, obtuvo un Certificado de equivalencia de educación secundaria (GED), tomó clases en una institución terciaria comunitaria, trabajó como vendedor de automóviles y conductor de Uber, y ayudó a criar a sus dos hijastros y dos hijos propios, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Su tarjeta de residencia (green card) le permitiría realizar viajes a México y regresar a EE. UU. fácilmente, hasta diciembre pasado.

Entonces se enteró de que las tarjetas de residencia —visas de residencia permanente— no tienen necesariamente carácter permanente, y pueden ser revocadas, incluso por delitos menores ocurridos mucho tiempo antes. José Luis pasó cinco meses en detención inmigratoria, e hizo todo lo posible por conservar su tarjeta de residencia y regresar con su familia en Houston, sin ningún éxito.

Cuando habla sobre sus hijastras Christina, de 9 años, y Violet, que el mes próximo cumplirá 4, se le ilumina la mirada y se ríe. “Violet me llama ‘cariño’”, dice mientras esboza una sonrisa durante una entrevista en Nuevo Laredo, “porque ella escucha que así es como me llama siempre su madre”. Extraña a todos sus hijos, incluidos dos nacidos de relaciones anteriores, un muchacho de 18 años y una niña de 7, que también viven en Houston.

Le preocupa el modo en que su ausencia los está afectando. Su hijo lo visitó una vez mientras estuvo detenido, pero empezó a llorar y tuvo que irse de la sala. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo se las arreglará su madre, que está sola desde que falleció el padrastro de José Luis. Aunque recibe beneficios de la seguridad social, José Luis siempre la ayudaba con todo lo que necesitaba. José Luis le explicó al juez de inmigración cuánto lo necesitaba su madre. “Evidentemente eso no importó”, comenta. José Luis podría haber reunido los requisitos para un beneficio discrecional, que le habría permitido al juez cancelar su deportación, pero por una escasa diferencia quedó fuera de la fecha de corte, que exigía que hubiera tenido la tarjeta de residencia siete años antes de la primera condena.

Cuando nos reunimos con José Luis, iba camino a Acapulco, donde se quedaría con su padre, a quien apenas conoce, y evaluaría qué opciones tiene para regresar con su familia en Houston.