(Nueva Delhi) – Las mujeres y niñas con discapacidad en India son forzadas a ingresar en hospitales e instituciones psiquiátricas, donde afrontan condiciones insalubres, se arriesgan a ser víctimas de violencia física y sexual y reciben tratamiento involuntario, incluyendo terapia de electroshock, señaló hoy Human Rights Watch.  En palabras de una mujer, son “tratadas peor que animales”.

En un nuevo informe publicado hoy, Human Rights Watch descubrió que las mujeres que son ingresadas por la fuerza en instituciones gubernamentales y hospitales psiquiátricos sufren graves abusos, e hizo un llamamiento al gobierno para que tome medidas inmediatas para pasar de la atención institucional forzada a los servicios comunitarios voluntarios y el apoyo a las personas con discapacidades.

“Las mujeres y niñas con discapacidad son abandonadas en instituciones por sus familias o la policía, en parte porque el gobierno está fallando y no está proporcionando el apoyo y los servicios adecuados”, dijo Kriti Sharma, investigadora de Human Rights Watch. “Una vez que están encerradas, sus vidas a menudo están plagadas de aislamiento, miedo y abusos, sin ninguna esperanza de poder escapar”.

El gobierno indio debería ordenar inmediatamente inspecciones y supervisiones periódicas de todas las instalaciones residenciales –tanto las privadas como las administradas por el gobierno— para mujeres y niñas con discapacidades psicosociales o intelectuales, señaló Human Rights Watch. India también debería tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual puedan tomar decisiones sobre su vida y recibir tratamiento sobre la base del consentimiento informado.

El informe de 106 páginas, “‘Treated Worse than Animals’: Abuses against Women and Girls with Psychosocial or Intellectual Disabilities in Institutions in India” (“‘Somos tratadas peor que animales’: Los abusos contra las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual en psiquiátricos de India”), documenta el ingreso involuntario y la detención arbitraria en hospitales psiquiátricos e instituciones de atención residencial en todo el país, donde mujeres y niñas con discapacidades psicosociales o intelectuales sufren condiciones insalubres, incluyendo el hacinamiento y la falta de higiene, un acceso inadecuado a la asistencia sanitaria general, tratamientos forzados –incluyendo la terapia electroconvulsiva—  y la violencia física, verbal y sexual. En un caso, una mujer con discapacidades tanto psicosociales como físicas fue agredida sexualmente por un miembro del personal de sexo masculino en un hospital psiquiátrico de Calcuta. El informe también examina las múltiples barreras que impiden que las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual denuncien los abusos y puedan acceder a la justicia.

El gobierno de India debería implementar reformas legales urgentes, incluyendo la enmienda de dos proyectos de ley actualmente en el Parlamento, para hacer frente a estos abusos y proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial, recomendó Human Rights Watch.

El informe analiza la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en seis ciudades de India. La investigación se llevó a cabo entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 en Nueva Delhi, Calcuta, Mumbai, Pune, Bangalore y Mysore, y está basada en más de 200 entrevistas a mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, proveedores de servicios, funcionarios del gobierno y la policía. Human Rights Watch visitó 24 hospitales psiquiátricos y hospitales generales con unidades psiquiátricas, centros de rehabilitación y centros de atención residencial.

No hay registros oficiales claros de los gobiernos ni estimaciones de la prevalencia de la discapacidad psicosocial e intelectual en India. El censo de 2011 calcula que solo el 2,21 por ciento de la población india tiene una discapacidad, incluyendo 1,5 millones de personas (un 0,1 por ciento de la población) con discapacidades intelectuales y apenas 722.826 (0,05 por ciento de la población) con discapacidades psicosociales (tales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar). Estas cifras son notablemente inferiores a las estimaciones internacionales de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que calculan que el 15 por ciento de la población mundial tiene una discapacidad. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de India afirma que un porcentaje mucho más alto de la población india sufre discapacidades psicosociales: entre un 6 y 7 por ciento (de 74,2 a 86,5 millones de personas) sufre “trastornos mentales” y entre 1 y 2 por ciento (de 12,4 a 24,7 millones), “trastornos mentales graves”.

El gobierno de India lanzó en 1982 el Programa Nacional de Salud Mental para ofrecer servicios comunitarios, pero su alcance es limitado y su implementación tiene grandes fallas ya que carece de mecanismos de supervisión. El Programa de Salud Mental de Distrito sólo está presente en 123 de los 650 distritos de India y afronta una serie de limitaciones, como la falta de accesibilidad y la escasez de mano de obra, la falta de integración con los servicios de atención primaria de salud y la falta de capacitación estandarizada.

En un país donde la discriminación basada en el género es un fenómeno generalizado, especialmente las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual se enfrentan a múltiples niveles de discriminación –a causa de su discapacidad y sexo—, por lo que destacan como uno de los grupos más marginados y vulnerables al abuso y la violencia. A menudo rechazadas por sus familias que no pueden hacerse cargo de ellas, muchas terminan institucionalizadas. El proceso para institucionalizar a las mujeres y los hombres en India es el mismo. Pero las mujeres y niñas con discapacidad afrontan desafíos únicos que los hombres no tienen, incluyendo la violencia sexual y la denegación de acceso a la salud reproductiva.

“Sin el apoyo comunitario adecuado y una falta de conciencia, las personas con discapacidad social son ridiculizadas, temidas y estigmatizadas en India”, señaló Sharma.

Familias, tutores legales y comités de bienestar del niño pueden ingresar a mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual en centros psiquiátricos sin su consentimiento. Si son encontradas vagando por las calles, también pueden ser recogidas por la policía y admitidas en estas instituciones mediante órdenes judiciales. Si ningún miembro de su familia viene a recogerlas, a menudo pueden permanecer allí durante décadas. Ninguna de las mujeres y niñas entrevistadas por Human Rights Watch que estuvieron ingresadas en estos hospitales o siguen allí actualmente fueron admitidas con su consentimiento. Entre los 128 casos de maltrato institucional que Human Rights Watch documentó, ninguna de las mujeres o niñas pudo acceder exitosamente a mecanismos de reparación por haber sido institucionalizadas en contra de su voluntad o por haber sufrido abusos dentro de la institución. La mayoría de las mujeres y niñas entrevistadas ni siquiera estaban al tanto de la existencia de mecanismos de reparación.

“El encierro a largo plazo de las mujeres y niñas con discapacidad simplemente no es la respuesta”, advirtió Sharma. “Incluso en los casos más graves, hay maneras de averiguar qué tipo de servicios quieren”.

En algunas de las instalaciones que visitó Human Rights Watch, el hacinamiento y la falta de higiene eran una preocupación grave. Por ejemplo, hasta noviembre de 2014, cerca de 900 personas vivían en Asha Kiran, una institución gubernamental para personas intelectualmente discapacitadas en Delhi, lo que supera casi tres veces la capacidad del hospital. En el Hospital Psiquiátrico de Pune, el superintendente, el doctor Vilas Bhailume, dijo a Human Rights Watch: “Sólo tenemos 100 aseos para más de 1.850 pacientes, de los cuales solo funcionan 25, los demás siguen bloqueados. La defecación al aire libre es lo más usual”.

Human Rights Watch documentó los casos de 20 mujeres y 11 niñas que recibieron o son actualmente tratadas con terapia electroconvulsiva (TEC) sin su consentimiento en 4 hospitales psiquiátricos. Vidya [nombre ficticio], una mujer de 45 años de edad con una discapacidad psicosocial, fue ingresada por su marido y sometida a TEC durante meses. “La TEC era como un túnel de la muerte”, dijo a Human Rights Watch. “Tenía dolor de cabeza durante días (…) Cuando me redujeron la medicación, empecé a hacer preguntas. Hasta entonces, era como un vegetal. No fue sino hasta muchos meses después que me enteré de que me estaban dando TEC”.

India ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2007. Bajo el tratado, los gobiernos deben respetar y proteger el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su derecho a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás. Queda prohibida la institucionalización forzada. Sin embargo, las leyes de India permiten que los tribunales designen tutores para tomar decisiones en nombre de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, sin su consentimiento libre e informado, y el país perpetúa un sistema de salud donde las personas con esas discapacidades son segregadas en instituciones en vez de proporcionarles acceso a asistencia y servicios comunitarios.

En un intento por adaptar su legislación nacional a la CDPD, en 2013, el gobierno introdujo dos proyectos de ley en el Parlamento, el proyecto de ley de Salud Mental y el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no otorgan plenamente a las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual el derecho a la capacidad jurídica ni el derecho a la vida independiente, tal como requiere el tratado.

El gobierno central de India debería exigir inmediatamente una evaluación y tomar medidas para poner fin a las prácticas abusivas y condiciones inhumanas en los hospitales psiquiátricos e instituciones de atención residencial estatales o gestionadas por organizaciones no gubernamentales, mediante la organización de una supervisión efectiva de este tipo de instalaciones, dijo Human Rights Watch. Además, India debería emprender sin dilaciones una amplia reforma legal para abolir la tutela y reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, mientras desarrolla un plan integral con plazos concretos para crear alternativas a la atención residencial a largo plazo. Las pocas iniciativas para vivir de manera independiente y de apoyo local disponibles en India están dirigidas por organizaciones no gubernamentales, tales como Anjali: Mental Health Rights Organization (Calcuta), The Banyan (Chennai), Bapu Trust for Research on Mind and Discourse  (Pune) e Iswar Sankalpa (Calcuta).

“India tiene la oportunidad de dejar atrás un sistema de aislamiento y abuso y en su lugar construir un sistema de apoyo e independencia”, dijo Sharma. “Las vidas de millones de mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual están en juego”.