(Dar es Salaam) – Más del 40 por ciento de los adolescentes de Tanzania quedan excluidos de una educación secundaria de calidad a pesar de la decisión positiva del gobierno de hacer gratuita la educación secundaria, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 109 páginas titulado “‘I Had a Dream to Finish School’: Barriers to Secondary Education in Tanzania” (“‘Yo soñaba con terminar la escuela’: obstáculos a la educación secundaria en Tanzania”) examina los obstáculos, algunos de ellos arraigados en políticas gubernamentales anticuadas, que impiden que más de 1,5 millones de adolescentes asistan a la escuela secundaria y causan altos índices de abandono escolar debido a la mala calidad de la educación. Los problemas incluyen la falta de escuelas secundarias en las zonas rurales, un examen que limita el acceso a la educación secundaria y una política gubernamental discriminatoria para expulsar a las niñas embarazadas o casadas.

“La eliminación de los pagos y gastos por matrícula para ingresar a la escuela secundaria en Tanzania ha significado un gran paso en el mejoramiento al acceso a la educación secundaria”, dijo Elin Martínez, investigadora de derechos del niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Pero el gobierno debe hacer más para abordar el hacinamiento de las aulas, la discriminación y el abuso que socavan la educación de muchos adolescentes”.

En 2016 Human Rights Watch entrevistó a más de 220 estudiantes de secundaria, adolescentes no escolarizados, padres, expertos en educación, activistas locales, socios para el desarrollo y funcionarios del gobierno nacional y local en ocho distritos de cuatro regiones de Tanzania. La investigación coincidió con el lanzamiento del plan de educación secundaria gratuita para los estudiantes del Nivel I al Nivel IV en todo el país.

La educación ha sido una prioridad nacional para sucesivos gobiernos tanzanos desde su independencia en 1961, con el 22 por ciento de su presupuesto 2016-2017 asignado a la educación. Sin embargo, Tanzania, un país de bajos ingresos, también cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del mundo; un 43 por ciento de su población tiene menos de 15 años.

Desde 2005, el gobierno ha tomado medidas importantes para mejorar el acceso a la educación secundaria, incluido el compromiso de construir escuelas secundarias en cada departamento administrativo. Sin embargo, Human Rights Watch encontró que, en algunas áreas remotas y rurales del país, los estudiantes tienen que viajar hasta 25 kilómetros para ir a la escuela, y muchos no tienen una escuela secundaria en su barrio. Algunos adolescentes no asistieron a la escuela debido a otros costos relacionados, como el transporte, los uniformes, los libros o el alojamiento en una residencia.

“La escuela empezó el 11 de enero, pero para mí todavía no, porque mis padres no pueden comprarme uniformes escolares, una mochila y los materiales”, dijo a Human Rights Watch una joven de 16 años en Dar es Salaam. “Me dijeron que esperara hasta que consiguieran el dinero (...) necesitamos 75.000 chelines tanzanos (US$34)”.

Muchos niños se ven excluidos porque reprobaron el examen obligatorio para terminar la escuela primaria. Debido a que los estudiantes no pueden repetir el examen, fallarlo una vez normalmente significa el final de sus días escolares. Desde 2012, los resultados del examen han afectado el acceso de aproximadamente 1,6 millones de niños a la educación secundaria. A la mayoría no se les permite repetir el Estándar 7, el último año de la escuela primaria. Una vez que han dejado la escuela, muchos adolescentes carecen de opciones realistas para completar la educación básica o seguir una formación profesional.

Según datos del Banco Mundial, menos de un tercio de las niñas que ingresan a la escuela secundaria inferior se gradúa. Las escuelas expulsan rutinariamente a las alumnas que están embarazadas por haber cometido “delitos contra la moralidad”. Las regulaciones gubernamentales también obligan a las niñas que se ven obligadas a casarse antes de cumplir 18 años a abandonar la escuela. Se estima que unas 8.000 chicas abandonan la escuela cada año debido al embarazo.

Human Rights Watch encontró que los funcionarios escolares realizaban pruebas de embarazo obligatorias regulares, una práctica abusiva y discriminatoria. En la mayoría de los casos, las niñas no pueden volver a matricularse después del nacimiento de sus hijos, o no pueden hacerlo debido a la falta de apoyo en la comunidad o acceso a servicios de primera infancia.

El gobierno debería prohibir las pruebas de embarazo en las escuelas, poner fin a la expulsión de las niñas casadas o embarazadas y publicar rápidamente una circular que instruya a las escuelas a permitir que las madres jóvenes continúen la educación secundaria, recomendó Human Rights Watch.

La educación secundaria de calidad también sigue siendo inaccesible para la mayoría de los adolescentes con discapacidades. A pesar del amplio plan de educación inclusiva del gobierno, a menudo las escuelas están insuficientemente equipadas o no cuentan con los recursos necesarios para acomodar a niños con diversos tipos de discapacidad. La mayoría de los profesores carecen de capacitación en educación inclusiva. El gobierno debería asegurarse de que los estudiantes con discapacidades cuenten con el apoyo adecuado para que puedan aprender en igualdad de condiciones con los estudiantes sin discapacidades.

La práctica generalizada de los castigos corporales que a menudo adopta formas brutales y humillantes en las escuelas de Tanzania también afecta la asistencia escolar, concluyó Human Rights Watch. El castigo corporal sigue siendo legal en Tanzania, pese a suponer una violación de sus obligaciones internacionales, y ocurre a tasas alarmantes, según el African Child Policy Forum. En las escuelas que visitó Human Rights Watch, los maestros usaban rutinariamente el castigo corporal, incluyendo palizas con las manos, palos de bambú o de madera y otros objetos.

Las estudiantes también están expuestas al acoso sexual generalizado y, en algunas escuelas, a los avances de profesores varones para persuadirlas o forzarlas a mantener relaciones sexuales. Los funcionarios rara vez reportan los abusos sexuales a la policía y muchas escuelas carecen de un mecanismo de denuncia confidencial. En 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) halló que aproximadamente una de cada diez niñas sufrió abuso sexual infantil a manos de un profesor.

El gobierno debería prohibir el castigo corporal en las escuelas y crear sistemas confidenciales de denuncia para que los estudiantes se sientan cómodos reportando los abusos. Los funcionarios gubernamentales deberían investigar adecuadamente las denuncias de abuso sexual por parte de los profesores y enjuiciar a los agresores.

“El gobierno se ha comprometido repetidamente a garantizar la educación secundaria para todos”, dijo Martínez. “Ahora el gobierno necesita abrir el camino para la educación secundaria poniendo fin a las políticas discriminatorias y abusivas y eliminando los obstáculos que todavía separan a muchos estudiantes de una educación de calidad”.