La crisis venezolana

El 15 de junio, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó información sobre los riesgos que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones en Venezuela. Para información actualizada y medidas de seguridad para periodistas locales y extranjeros que cubren las protestas, ejemplos recientes de ataques y hostigamiento contra periodistas, y un listado de centros de atención médica en caso de emergencia, haga click aquí.

The new #Venezuela Country Safety Page from CPJ's Emergencies Response Team: https://t.co/mUzfwSSlJL

— CPJ Américas (@CPJAmericas) June 16, 2017

El 19 de junio a las 14 hs (hora de Washington, DC), la OEA llevará a cabo una reunión de cancilleres con el propósito de reanudar la discusión sobre la situación en Venezuela que se inició en una reunión anterior de cancilleres el 31 de mayo. La transmisión en vivo de la reunión estará disponible aquí.

Dada la relevancia del papel de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y el grado de exposición en que se encuentra, la comunidad regional debería reconocer que la fiscal general es una interlocutora válida, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por Caracas Chronicles. En ese sentido, los Estados miembros de la OEA reunidos en Cancún durante la próxima Asamblea General de la OEA deberían solicitarle a la fiscal general que presente un informe oficial a la OEA con información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios al gobierno que constituyen violaciones de derechos humanos, la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia, y la improcedencia del proyecto de Asamblea Constituyente promovido por el actual gobierno, sostiene el artículo. 

Qué debería pedirle la OEA a la fiscal @lortegadiaz en Cancún - por @JMVivancoHRW y @TamaraTaraciuk https://t.co/vxiIK9Vz0T pic.twitter.com/LNPocDpKv2

— HRW Venezuela (@HRW_Venezuela) June 19, 2017

El 12 de junio, 61 organizaciones de la sociedad civil venezolana publicaron un comunicado solicitándole a sus pares en la región que se pronuncien sobre los abusos del gobierno venezolano y sus intentos por socavar la democracia en el país. Las organizaciones firmantes sostienen que apoyan el diálogo pero instan a las organizaciones de la región que aboguen por una “negociación seria, con plazos, agenda y garantías, que sirva para construir una salida pacífica y democrática a la crisis, en el marco de la Constitución Bolivariana de 1999.” La propuesta del gobierno de Maduro de llamar a una Asamblea Constituyente constituye una “amenaza de la disolución de la República,” según las organizaciones. Piden que se publique un cronograma electoral y mecanismos que permitan adelantar los comicios presidenciales, la liberación de presos políticos y el fin de las inhabilitaciones políticas, el respeto a la Constitución y la Asamblea Nacional, el establecimiento de un canal humanitario para mitigar la escasez de medicinas y comida, y que se desarmen las “bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.”

El pronunciamiento completo se encuentra disponible aquí:

El 7 de junio, el influyente político chavista Diosdado Cabello dijo en su programa semanal de televisión que defensores de derechos humanos que viajaron a Ginebra para participar de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU eran parte de “ONGs tarifadas” que “quieren desprestigiar la Revolución ante la ONU.” Específicamente mencionó a algunos respetados defensores de derechos humanos, a quienes llamó “cabecillas” de la MUD, la organización que agrupa a partidos políticos de la oposición. Los acusó de participar en una “sesión paralela” para presentar “informes amañados” que critican la propuesta del Presidente Nicolás Maduro para adoptar una nueva Constitución y la represión contra manifestantes.

El 6 de junio, tres defensores de derechos humanos venezolanos participaron junto con Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU y Edison Lanza, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en un evento paralelo a las sesiones sobre la crisis venezolana. Después del evento, dos miembros de la Misión de Venezuela ante la ONU los amenazaron con recomendarle al gobierno venezolano que les quitaran sus pasaportes al regresar a Venezuela. En semanas recientes, el gobierno le ha confiscado su pasaporte a un líder opositor y a periodistas venezolanos cuando intentaban salir del país.

Aquí se encuentra disponible un pronunciamiento de ONGs venezolanas sobre este incidente:

Yoiner Peña, de 28 años, murió el 3 de junio en Barquisimeto, estado de Lara. Su madre, Yaneth Hernández, contó a Human Rights Watch que Peña sufría parálisis cerebral infantil. Aunque Peña podía escuchar, no hablaba y tenía el comportamiento de “un niño inocente”, dijo su madre.

El 10 de abril, al bajar de un Metrobús cerca de un centro comercial camino a su casa, Peña se vio en medio de una manifestación contra el gobierno y recibió un disparo, según contó su madre. La bala lo hirió en la columna y el colon, afirmó. La información disponible sugiere que Peña podría haber sido agredido por un grupo armado partidario del gobierno, pero no hubo una determinación en este sentido. Un abogado de la organización de derechos humanos local Movimiento Vinotinto dijo a Human Rights Watch que un grupo armado partidario del gobierno irrumpió en la manifestación, a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, justo antes de que Peña y otro hombre, el manifestante Keiner Adrián Díaz Medina, fueran alcanzados por disparos. Díaz Medina recibió un disparo en el hombro y se encuentra fuera de peligro.

Peña fue llevado primero a un hospital donde le negaron atención por haber sido herido durante “guarimbas”, un término peyorativo usado por partidarios del gobierno para referirse a manifestaciones de la oposición, conforme contaron familiares al Movimiento Vinotinto. Poco después fue llevado a otro hospital, donde estuvo 54 días internado y los médicos hicieron todo lo posible para asistirlo, afirmó la madre de Peña a Human Rights Watch. Si bien no contamos con detalles completos sobre la causa de la muerte, según la madre de Peña los médicos le dijeron que habría podido sobrevivir si hubieran tenido los medicamentos que necesitaban para tratarlo, incluidos antibióticos básicos para curar una infección en la herida.

“No sé quién le disparó”, dijo su madre. “Lo único que pido es justicia”.

El 2 de junio, la BBC público este vídeo con fuertes imágenes sobre desnutrición infantil en Venezuela:

22 imágenes de las protestas del miércoles I https://t.co/tT9DbXcHcq pic.twitter.com/drekQjEMTg

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) June 1, 2017

El 10 de enero de 2017, Paulina Facchin, representante de la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Perú, fue entrevistada por un periodista peruano mientras formaba fila frente a la embajada venezolana en Lima. Facchin contó a Human Rights Watch que había recibido una notificación estándar emitida por las autoridades venezolanas en  Caracas, en la cual se indicaba que podía retirar su pasaporte, y por eso estaba en la fila para poder llevarse su documento. Durante la entrevista, Facchin habló con el periodista sobre temas de la actualidad política en Venezuela y expresó una opinión muy crítica sobre la situación en ese país, en la cual se refirió expresamente a los presos políticos, los altos índices de inflación, la inseguridad y la crisis humanitaria.

El 16 de enero, el embajador venezolano en Lima pidió a un fiscal que impulsara una investigación penal contra el periodista por “promov[er] e incita[r] un escenario hostil y de descrédito para la representación diplomática del Estado Venezolano”, y mencionó la entrevista a Facchin, que fue transmitida por televisión. En el documento, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, se acusaba a Facchin de ser responsable de “incitación al odio.” La fiscalía inició la investigación en febrero, pero posteriormente la cerró sin presentar cargos, según dijo Facchin a Human Rights Watch.

En febrero, el poderoso político chavista Diosdado Cabello declaró en su programa de televisión semanal que un patriota cooperante anónimo, llamado “Patriota Pisco”, le había proporcionado información sobre los movimientos del legislador opositor Freddy Guevara durante su visita a Lima ese mes. Guevara, que en diciembre de 2015 fue electo para integrar la Asamblea Nacional como representante de la MUD, había viajado a Lima para reunirse con miembros del Congreso peruano. Cabello afirmó que, durante la visita de Guevara a Lima, Facchin lo había llevado en su automóvil. Cabello mostró en televisión una fotografía del vehículo y el número de la placa, y dijo al público que Facchin vivía a dos cuadras del hotel donde supuestamente se había alojado Guevara. Una vez terminado el programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó en un comunicado de prensa que el seguimiento a Guevara durante su visita al país era “inaceptable en un sistema democrático que respeta el Estado de Derecho”.

Hasta mayo, Facchin no había podido obtener su pasaporte venezolano. Según le comentó Facchin a Human Rights Watch, el personal de la embajada le indicó que su pasaporte no estaba allí.

Este artículo de Time incluye fotografías de ocho fotógrafos venezolanos quienes también describen la historia detrás de cada imagen. Ilustran algunos de los aspectos más dramáticos de la crisis venezolana, incluyendo, por ejemplo, el uso indiscriminado de la fuerza por fuerzas de seguridad, filas atestadas de gente esperando para comprar productos básicos, personas comiendo de la basura, y muertes como consecuencia de enfermedades que habían sido erradicadas pero ya no pueden ser tratadas.

Venezuela is in free-fall. Local photographers chronicling their country's collapse share their tales. https://t.co/CT2BHcEpFE

— Andrew Katz (@katz) May 25, 2017

El 24 de mayo, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dio una conferencia de prensa en la cual sostuvo que desde comienzos de abril fallecieron 55 personas—52 civiles y 3 funcionarios—y resultaron heridas mil personas—771 civiles y 229 funcionarios. El Ministerio Público está llevando adelante 1.479 investigaciones por hechos de violencia, incluyendo 1.349 que involucran delitos contra las personas, ha imputado a 19 funcionarios por su responsabilidad en la violación de derechos humanos, y ha emitido 18 órdenes de aprehensión que aún deben ser ejecutadas, dijo la fiscal. Ortega sostuvo que Juan Pernalete—un manifestante que falleció el 26 de abril—murió como consecuencia del golpe de una bomba lacrimógena, contradiciendo la versión oficial de que había recibido un disparo de una pistola de perno. El Ministerio Público está también llevando adelante 16 investigaciones sobre la responsabilidad de grupos civiles armados que “buscan propiciar violencia” y ha recibido información sobre la presunta participación de militares en saqueos, dijo Ortega. Finalmente, hizo tres aclaraciones importantes: 1) Sobre los juicios militares a civiles, sostuvo que “las personas tienen derecho a ser juzgadas por jueces naturales”, 2) “Las manifestaciones pacíficas son un derecho y el Estado debe garantizarlo”, y 3) “Debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política.” Bastante claro.

Fiscal General @lortegadiaz: Las manifestaciones pacíficas son un derecho y el Estado debe garantizarlo

— Ministerio Público (@MPvenezolano) May 24, 2017

El 16 de mayo, The Associated Press publicó este artículo que explica el difícil trabajo llevado adelante por organizaciones no gubernamentales que intentan eludir las restricciones del gobierno venezolano para recibir ayuda humanitaria. Mientras el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias de la severa escasez de medicina e insumos médicos, y la canciller venezolana niega que exista una crisis humanitaria, algunos grupos como Acción Solidaria se han transformado en un “salvavidas para venezolanos que sufren todo tipo de enfermedades,” sostiene AP.

What matters is that it gets there, #backalley aid growing #VenezuelaCrisis #humanitarianaid @APjoshgoodman https://t.co/tQazhiJwx3

— Michael M. McCarthy (@MikeCaracasWire) May 17, 2017

El 18 de mayo, el periódico español ABC publicó un audio de una conversación grabada supuestamente entre un grupo de generales venezolanos sobre el uso de francotiradores militares en Venezuela. En el audio, se escucha la voz de un hombre, que ABC dice que es un general, diciendo: “Va a llegar el momento donde vamos a tener que emplearlo y quiero que estemos preparados para ese momento, porque el presidente no se va a quedar nada más en una ´fase verde´, señores, él ya firmó una banda de operaciones.” Luego, agregó: “pudiéramos estar al comienzo de una guerra subversiva urbana”, y sostuvo que: “La Fuerza Armada es la que va a tener que solucionar este peo [problema]. Entonces váyanse preparando con esos efectivos militares que pudieran hacer las veces de francotiradores.”

Aquí está la grabación:

El 19 de mayo, el Caracas Chronicles publicó este artículo por Francisco Toro, con un link a una versión más larga de la grabación, que incluye un análisis interesante de su contenido. Toro resalta que la grabación muestra que algunos de los generales están preocupados por las consecuencias de utilizar francotiradores, incluyendo la posibilidad de terminar presos. Como dice Toro, “no es que estos hombres de repente sientan culpa. Es que están asustados”. El hecho que estos hombres estén cuestionando estas tácticas porque se dan cuenta que dispararle a manifestantes tal vez no sea en su mejor interés demuestra que una amnistía que excluye violaciones de derechos humanos puede ser una buena estrategia para romper con la unidad de estas fuerzas, escribió Toro.

Consejo de Seguridad ONU discutiría mañana crisis en Venezuela. Maduro ya no puede evadir la presión internacional. https://t.co/pHDtpOc7v3

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 17, 2017

El 15 de mayo, decenas de vecinos participaron en manifestaciones contra el gobierno en Mañongo, una zona residencial en Valencia, en el estado Carabobo. La manifestación consistió en cerrar vías principales, como parte del “Plantón” nacional organizado para ese día. Alrededor de las 4 de la tarde, luego de que terminara la manifestación, un grupo de al menos 50 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas entraron por la fuerza en cuatro torres residenciales en la zona, sin ninguna orden judicial, argumentando que estaban buscando un francotirador, dijo un residente. Varios residentes dijeron a Human Rights Watch que agentes de seguridad violentaron la entrada a varios apartamentos y robaron bienes personales, incluyendo celulares, prendas y dinero en efectivo. Una residente vio a un agente apuntando con un arma a una mujer que estaba cargando a un niño en sus brazos; otros dijeron que vieron a agentes golpear a residentes y detener a varios residentes así como a dos personas que trabajaban en los edificios, sin mostrar ninguna orden judicial.

Así quedó la puerta de un apartamento al cual ingresaron:

Pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch 

Al 15 de mayo, el Foro Penal Venezolano ha recibido información sobre el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. En todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado información sobre los casos con familiares. Human Rights Watch ha entrevistado a varios abogados que representaron a detenidos. Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falcón, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de Táchira. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar de que no existe ningún récord público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo, la información provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos, incluyendo las siguientes:

• Que los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad.
• Que las audiencias se están realizando en tribunales u otras instalaciones militares, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.
• Que los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno.
• Que no se fija una hora para las audiencias con antelación, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares. Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron también que en los casos en que sí ingresan, generalmente sólo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal recién cuando están en la audiencia y no pueden tomar fotografías ni hacer copias de los expedientes.
• Que existen casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición” por supuestos actos de violencia durante protestas.

Información sobre casos aportada por abogados que estuvieron presentes en las audiencias

El 5 de mayo, 40 personas detenidas por separado cerca de una empresa alimentaria en Valencia, en el estado de Carabobo, que había sido saqueada el día anterior, fueron presentadas ante un juez militar en una sala que se improvisó en un cuartel militar. La audiencia empezó a las 7 p.m. y se extendió por 12 horas. Durante la audiencia, la mayoría de los detenidos mostraron contusiones en distintas partes del cuerpo que, según dijeron, habían sido provocadas por miembros de la Guardia Nacional que les propinaron golpes una barra de aluminio o un bate de béisbol. Algunos afirmaron que los agentes les cortaron el cabello durante la detención. Al menos 15 señalaron haber sido obligados a comer pasta cruda con excremento humano (los agentes les habrían aplicado en la nariz partículas del polvo que se usa para generar gas lacrimógeno, y obligarlos así a abrir la boca para ingerir). Sin haber individualizado la responsabilidad penal de cada uno, los 40 fueron imputados de rebelión. El juez militar confirmó los cargos contra todos, pero envió a 19 de los detenidos al penal de máxima seguridad “26 de Julio”, en el estado de Guárico, sin explicar el motivo de la distinción, según el abogado. Los otros fueron liberados condicionalmente bajo régimen de presentación.

El 6 de mayo, Carlos Sardi, quien colabora con organizaciones locales que trabajan con pacientes con cáncer y en la defensa de derechos LGBT, fue detenido mientras se manifestaba junto con su esposa en Valencia, estado de Carabobo. Sardi dijo que fue golpeado brutalmente y obligado a colocarse una capucha negra, mientras autoridades a quienes no podía ver le preguntaban por personas que supuestamente habían participado en las protestas. La fiscalía sostuvo que había mantenido contacto telefónico con otros manifestantes, y que llevaba cócteles Molotov, clavos y gasolina, aunque él afirma que estos elementos fueron colocados para incriminarlo. Sardi fue llevado ante un tribunal militar e imputado de rebelión, traición a la patria y vilipendio. Un juez militar dispuso que quedara en prisión preventiva en el penal “26 de Julio”, en el estado de Guárico.

El 9 de mayo, 16 personas que habían sido detenidas en distintas circunstancias en Villa de Rosario fueron llevadas juntas ante un tribunal militar en Maracaibo, estado de Zulia. Entre los detenidos había un hombre que dijo que estaba regresando a pie a su casa desde el trabajo y fue detenido por la Guardia Nacional, y dos hermanos que dijeron que estaban trabajando en el techo de su casa y fueron detenidos sin una orden judicial. Otros dos fueron supuestamente llevados desde el hospital —uno de ellos dijo que había sufrido un accidente doméstico y el otro dijo que era un simpatizante del gobierno que recibió un golpe al ser alcanzado por una botella durante una protesta— hasta una dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que declararan quiénes los habían herido, y luego quedaron detenidos. Ocho de los 16 detenidos afirmaron haber sido golpeados por miembros de la Guardia Nacional al momento de la aprehensión, y que los agentes les arrojaron un polvo blanco en el rostro que les provocó fuerte ardor y los hizo llorar, un efecto que dijeron era similar al provocado por los gases lacrimógenos. Los abogados que pudieron entrar a la audiencia —que tuvo lugar dentro de un establecimiento militar— fueron revisados por oficiales, y no se les permitió llevar dentro de la sala sus teléfonos celulares ni otros artículos personales. No había oficiales femeninas para requisar a las abogadas mujeres. El 11 de mayo, el fiscal imputó a los 16 detenidos por rebelión y ultraje al centinela, sin especificar qué había hecho cada uno de ellos. El juez confirmó los cargos contra todos los detenidos, pero dispuso que siete de ellos permanecieran en prisión preventiva en la cárcel de Santa Ana, un establecimiento para personas procesadas en la justicia militar, sin explicar la distinción, según la abogada. El resto fue liberado condicionalmente bajo régimen de presentación.

Sergio Contreras, un activista del partido opositor Voluntad Popular que es abogado y enseñaba en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que el 10 de mayo fue golpeado y detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras se manifestaba en Caracas. Contreras dijo que estaba hablando con un megáfono a un grupo de estudiantes. Fue presentado ante un tribunal militar el 12 de mayo e imputado de rebelión, traición a la patria y sustracción de efectos militares (sobre la base de un arma de fuego que se le habría colocado para incriminarlo). El juez dispuso que quedara en prisión preventiva y lo envió a la prisión militar de Ramo Verde.

El 11 de mayo, Lisbeth Añez, una activista que visitaba a presos políticos mientras estaban detenidos, fue arrestada en el aeropuerto de Caracas cuando estaba por embarcar en un vuelo a Miami. Fue llevada a una prisión militar en Caracas el 12 de mayo, e imputada de rebelión y traición a la patria sobre la base de pruebas que incluían supuestos mensajes de WhatsApp que los abogados dijeron que no estaban descriptos en los documentos judiciales, libros, cartas y reconocimientos a su trabajo social. Estas pruebas, según sostuvo el tribunal, demostraban que estaba promoviendo actos violentos, a la luz de la “notoriedad” del carácter violento de las protestas en Venezuela, según informaron los abogados. Se ordenó su detención en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

Estándares internacionales de derechos humanos

Tanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

#15Mayo 11:45am Desde Abril2017 275 civiles han sido sometidos a la justicia militar. 159 han quedado presos #Venezuela pic.twitter.com/dPrS3yNXDc

— Alfredo Romero (@alfredoromero) May 15, 2017

El 11 de mayo, la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos publicó una carta que sostiene que hoy en día en Venezuela no hay medicinas opioides disponibles para aliviar el dolor moderado a severo, y que los profesionales de la salud no tienen “forma de aliviar el sufrimiento de tantos pacientes que luchan por la vida o cercanos a la muerte”. La carta llama a las autoridades venezolanas a asegurar que exista disponibilidad de medicinas para controlar el dolor para cumplir con su obligación de respetar el derecho a la salud. La carta completa está disponible aquí:

Este artículo del International Crisis Group incluye un resumen de la crisis en Venezuela y explica dos medidas problemáticas adoptada por el gobierno venezolano recientemente: La propuesta del Presidente Maduro de crear una Asamblea Constituyente y su decisión de retirarse de la OEA. Sostiene que “en conjunto, estas dos decisiones constituyen un punto de inflexión en Venezuela, y el abandono del régimen ‘revolucionario’ en Caracas de la democracia representativa”. El ICG describe una serie de propuestas para poder salir de la crisis a través de una salida negociada (en vez de un diálogo interminable) que incluyen una amnistía para algunas autoridades—excluyendo aquellos responsables de narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos—y un gobierno interino de unidad nacional, que incluya a algunos representantes del gobierno actual, para que pueda organizar elecciones.

#Venezuela National Assembly should prepare amnesty law to reassure regime moderates & avoid transition witch-hunts

— Crisis Group (@CrisisGroup) May 12, 2017

Desde que arrancó la última ola de protestas masivas a comienzos de abril, The Interpreter del periódico The New York Times publicó dos artículos muy buenos que vale la pena leer. Un primer artículo, publicado el 1 de abril, describe cómo el populismo se tornó autoritario en Venezuela, partiendo con la descripción del copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Presidente Hugo Chávez en 2004. Otro artículo, publicado el 6 de mayo, analiza las fracturas existentes y potenciales dentro de las élites políticas y militares, incluyendo las recientes declaraciones críticas del gobierno emitidas por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

In Venezuela’s Chaos, Elites Play a High-Stakes Game for Survival https://t.co/Hok5PwgMrt

— Max Fisher (@Max_Fisher) May 6, 2017

El 9 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado deplorando “las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela, en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país”. La CIDH expresó preocupación por la cantidad de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones, y resaltó que cientos de las casi 2,000 personas que fueron detenidas permanecen privadas de libertad. La comisión sostuvo que recibió información sobre denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos, y sobre el uso de la justicia penal militar para juzgar a civiles. La CIDH condenó “cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones” y deploró profundamente la decisión sin precedentes del Presidente Maduro de denunciar la Carta de la OEA.

Venezuela: Condenamos aumento de muertes, heridos y detenciones masivas https://t.co/NDEtGtEjnl

— CIDH (@CIDH) May 9, 2017

El 4 de mayo, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavídes Torres declaró que se llevaría a cabo un operativo especial, dispuesto por el Presidente Nicolás Maduro, para procesar en la justicia militar a civiles que habían sido detenidos dos días antes durante protestas en el estado de Carabobo. El operativo forma parte del “Plan Zamora”, una iniciativa para abordar “ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país”. (Más información sobre el Plan Zamora, con enlaces a fuentes oficiales, se encuentra disponible en esta reseña preparada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas).

Benavídes Torres sostuvo que 43 personas habían estado “vinculadas en delitos graves contra el orden público como saqueos, rebelión, asalto y ataque al centinela”. El Gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que pertenece al partido político del Presidente Maduro, declaró en un tweet que “más de 70 vándalos” habían sido detenidos y puestos a disposición de la justicia militar, y que las autoridades estaban “en busca de actores intelectuales y colaboradores”.

El 5 de mayo, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Luis Reverol tuiteó que “tribunales militares se encargarán de continuar todas las investigaciones que sean necesarias a estos TERRORISTAS contratados por la derecha” (mayúsculas en el original).

Estas medidas se tomaron días después de que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz formulara críticas públicas a políticas del gobierno de Maduro y solicitara a la justicia que liberara a 38 personas detenidas por la Guardia Nacional en Nueva Esparta, al sostener que el informe policial no especificaba los motivos de la detención.

Diversas organizaciones venezolanas de derechos humanos han confirmado que decenas de civiles han sido juzgados en tribunales militares. En un caso, al menos 19 personas fueron procesadas días atrás por “rebelión” y “desacato.” El tribunal rechazó el argumento planteado por la defensa de que no tenía competencia para juzgar a civiles. Durante la audiencia, estuvieron presentes militares armados dentro de la sala.

Tanto el derecho venezolano como internacional establecen que los civiles no deben ser procesados por tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. También en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

Para acceder al mensaje del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre el uso de la justicia militar contra civiles, haga click aquí.

¡En Carabobo! Plan Zamora ha capturado a más de 70 terroristas de la derecha https://t.co/hg0bLHQEwi #6Mayo pic.twitter.com/n2BQzx8plx

— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) May 7, 2017

Una buena manera de entender lo que está sucediendo en Venezuela es verlo con sus propios ojos. El Financial Times publicó este artículo y vídeo con una excelente descripción de la crisis, incluyendo testimonios de personas que apoyan al gobierno, personas que han dejado de hacerlo, e información sobre grupos armados de civiles partidarios del gobierno llamados “colectivos”. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un detallado y conmovedor artículo y video, disponible aquí, que explica la crisis de comida y la dificultad que enfrentan los venezolanos para alimentar a sus familias. Para acceder al informe y vídeo producido por Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria, incluyendo testimonios sobre la escasez de comida y medicinas, haga click aquí. 

Please read this story, and look at the pictures to understand Venezuela's collapse. I cried editing this. https://t.co/Lu4jk2In2K via @WSJ

— David Luhnow (@davidluhnow) May 5, 2017

Entre el 1° de abril y el 4 de mayo, 35 personas fallecieron en el contexto de manifestaciones—18 en Caracas, seis en Carabobo, cinco en Lara, dos en Mérida, dos en Miranda, una en Barinas y una en Táchira, según el Ministerio Público. Un total de 717 personas fueron heridas en las manifestaciones a nivel nacional, incluyendo 329 casos en los cuales los hechos están relacionados con violaciones de derechos fundamentales, dijo el Ministerio Público.

El 4 de mayo, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que provee asistencia legal a los detenidos a nivel nacional, informó que 1,708 personas fueron arrestadas durante las protestas desde el 4 de abril, y que 596 de ellas permanecen detenidas.

Ministerio Público registra 35 fallecidos y 717 heridos tras manifestaciones entre abril y mayo https://t.co/ijndJuXtNs #4May

— Ministerio Público (@MPvenezolano) May 4, 2017

El 4 de mayo, The Economist publicó un artículo interesante sobre el papel importante que estan jugando los militares venezolanos en la crisis actual. El artículo está disponible aquí:

No butter, but lots of guns: The armed forces will decide the fate of Venezuela’s regime https://t.co/Yu89V7YKD4 via @TheEconomist

— Michael Reid (@michaelreid52) May 4, 2017

Al menos 200 personas resultaron heridas durante incidentes en una manifestación en Caracas contra el gobierno de Maduro que ocurrió el 3 de mayo en Caracas, según Reuters. Miles marcharon pacíficamente hasta que fueron interceptados por fuerzas de seguridad. La cantidad de muertos durante incidentes en Venezuela aumentó a 34, según Reuters.

Barbarie en Venezuela. Países de la OEA y alto comisionado de Naciones Unidas deben exigir cese inmediato de represión. https://t.co/XcAnwTYEGK

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 3, 2017

El 1 de mayo, el Presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno organizará elecciones para realizar una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución. Sin embargo, lo que debería estar haciendo ahora -- sin más demoras -- es respetar los derechos consagrados en la constitución existente, que fue adoptada por su predecesor Hugo Chávez y contiene garantías básicas que el gobierno está violando. La solución a la crisis venezolana requiere fijar una fecha para las elecciones regionales, que debieron realizarse el año pasado, liberar a los presos políticos, restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y aceptar asistencia internacional humanitaria para satisfacer las necesidades más básicas. La propuesta de Maduro de escribir una nueva constitución no debería usarse para distraer la atención de su abierta violación de los derechos consagrados en la constitución existente.

- José Miguel Vivanco

Reforma constitucional de Maduro no debe distraer de violación sistemática de constitución actual. Pronunciamiento: https://t.co/1E5GbgY7Ai pic.twitter.com/x1w4BAuD96

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 2, 2017

El 26 de abril, dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos rechazaron la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, así como la detención, los ataques, y la estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren manifestaciones en Venezuela.

Al menos 12 periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos, algunos por horas y otros por días, según el comunicado. El periodista Braulio Jatar, quien fue detenido después de que su medio de comunicación independiente reportara sobre una protesta contra el Presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2016, sigue detenido.

Venezuela: Al menos doce periodistas han sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos: https://t.co/NVNKdFZ8yU

— RELE (@RELE_CIDH) April 26, 2017

Al menos tres plataformas de contenidos en línea que ofrecen información de interés público y noticias en Venezuela fueron bloqueadas por prestadores de servicio de internet privados, aparentemente después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dijeron los expertos de la ONU y la CIDH. Y al menos tres medios de comunicación internacionales de noticias han sufrido interrupciones o se ordenó la suspensión de su señal.

Para información actualizada sobre ataques contra periodistas y la prensa, visite la página web de la ONG venezolana Espacio Público.

No corría el aire en el pabellón hacinado, pero María contemplaba plácidamente a Sasha, su beba recién nacida. María estaba lejos de su familia y sus amigos, pero había llegado a una tierra de relativa abundancia donde, por lo menos, no faltan pañales ni aceite.

Cubriendo Venezuela para Human Rights Watch (HRW) durante los últimos ocho años, he visto al país sumirse en una espiral de represión y carencias. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han empleado un uso excesivo de la fuerza y lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente contra manifestantes opositores, y el Tribunal Supremo de Justicia en la práctica cerró la Asamblea Nacional (aunque luego revirtió parte de sus sentencias, respondiendo a un "exhorto" del presidente). Quedan pocas dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por La Nación.

El artículo fue publicado también en español en La Prensa Gráfica (El Salvador), La Nación (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), El Nacional (Venezuela), en O Globo (Brasil) en portugués y en el Miami Herald en inglés. 

Con frecuencia, las autoridades venezolanas han prohibido visitas a Leopoldo López—el líder opositor que fue arbitrariamente detenido y condenado a casi 14 años de prisión—por su familia o abogados. La sanción más reciente, según su esposa, lleva un mes de vigencia. En vez de cuestionar la sanción, el Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo que había realizado una “mediación” ante las autoridades y que la familia podría verlo luego de cumplir con la “sanción.” Esto se suma a la lista de abusos sobre los cuales Saab no se ha pronunciado, y ha llevado a que más de 100 organizaciones no gubernamentales venezolanas le pidieran que renuncie.

Como un burócrata más, @TarekWiliamSaab actúa como si sanciones contra @leopoldolopez fueran justas y legales. ¿Defensor del Pueblo? pic.twitter.com/kaZzJm8Cri

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 24, 2017

Hoy, la oposición venezolana organizó el “Gran Plantón Nacional,” una manifestación que consiste en cerrar las calles principales en distintas ciudades. Para información actualizada sobre lo que está ocurriendo en diferentes lugares del país, visiten la página web de NTN24.

Al interior de Venezuela madrugaron para "plantarse" al Gobierno de Maduro #24Abr
https://t.co/GHURVWssY7

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 24, 2017

En la noche del 20 de abril, ocurrieron incidentes de saqueos en El Valle, una urbanización popular en Caracas, según el Caracas Chronicles. Miembros de las fuerzas de seguridad fueron enviadas para enfrentar a los responsables de los saqueos, junto con civiles armados con vínculos al gobierno, según reportes. En las redes sociales se reprodujeron videos y audios con sonidos de disparos, así como información que indica que el Hospital Materno Infantil debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio. Residentes locales montaron una serie de pequeñas barricadas para intentar impedir que pasaran las fuerzas de seguridad y los grupos armados, reportó el Caracas Chronicles.

El 21 de abril, el Ministerio público informó que estaba investigando la muerte de 11 personas, incluyendo un joven de 17 años, y heridas a otras seis personas en El Valle durante el 20 y 21 de abril. Algunas víctimas habían sido electrocutadas y otras por heridas causadas por armas de fuego. El Ministerio Público también estaba investigando la muerte de otra persona que murió en un “hecho similar” en Petare, otra urbanización humilde en Caracas. 

Mueren 12 personas en jornada de protestas y saqueos en #Venezuela | Por @EyanirA https://t.co/e4MM3Gbw2F pic.twitter.com/JCy1nWfkQv

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) April 21, 2017

La oposición venezolana convocó hoy a lo que han denominado la “madre de todas las marchas”, que movilizó a miles de personas a las calles en reclamo de elecciones, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y de que se permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país. 

La participación fue masiva. Sin embargo, nunca nos enteraríamos si fuera por la información difundida por fuentes oficiales venezolanas, incluidos el vicepresidente, Telesur y VTV, que informan únicamente sobre mítines a favor del gobierno en los cuales participaron bastantes personas y se ven a algunos que cantan y bailan “en defensa de la paz”.

Sin embargo, hoy no hay en Venezuela demasiados motivos para cantar y bailar. Dejemos de lado, por un instante, la crisis política, económica, de derechos humanos y humanitaria que llevó a miles de personas a las calles en señal de protesta. Hoy las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y gases lacrimógenos contra manifestantes, y decenas de personas fueron detenidas.  Periodistas que daban cobertura a las protestas fueron hostigados, tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por partidarios del gobierno, y un canal de televisión por cable que cubrió las protestas fue sacado del aire. Al menos una persona perdió la vida: un joven de 17 años que no estaba participando en las manifestaciones murió luego de recibir un disparo en la cabeza.

Lo que sucedió era totalmente previsible. Las protestas de hoy se dieron en el marco de tensiones explosivas, y en un país en el cual las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones de opositores, a veces en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno. Antes de la manifestación de hoy, el Presidente Nicolás Maduro —invocando su slogan de “defender la paz”— acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias afines al gobierno y les proporcionaría fusiles, y organizó manifestaciones paralelas en apoyo al gobierno para contrarrestar la protesta de la oposición.

Anticipándose a las manifestaciones de hoy, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. Lo que está sucediendo hoy debería ser otra prueba más de lo importante que es que haya una firme presión internacional para que se reestablezcan los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y de que el costo y el riesgo de no ejercer tal presión son cada vez más altos.

Listo para reprimir protestas de la oposición, Maduro sitia Caracas con militares y le da armas a los pocos simpatizantes que le quedan. pic.twitter.com/aLcCrNt0YP

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 19, 2017

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro, José Miguel Vivanco señala en Univisión.

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.

Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias generalizadas de abusos, señalaron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy. Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.