El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para las personas en necesidad de protección en América Latina, especialmente en las zonas urbanas. En la mayoría de los países de la región, las personas necesitadas de protección, ya sean refugiados, desplazados internos o solicitantes de asilo, no pueden acceder a los programas públicos de vivienda por no contar con una residencia permanente o no poder ofrecer suficientes garantías para el pago de préstamos. Por lo tanto, un porcentaje importante de la población necesitada de protección en las zonas urbanas convive con la población local en barrios marginales, en condiciones de pobreza.
El objetivo fundamental del componente de soluciones duraderas del Plan de Acción de México, especialmente a través de los programas de “ciudades solidarias” es promover la autosuficiencia y el acceso a servicios básicos de la población refugiada en las zonas urbanas.
El acceso a vivienda sigue representando un gran desafío para la mayoría de las personas refugiadas y en necesidad de protección. A raíz de esto, el ACNUR y sus socios han desarrollado programas de asistencia e integración por medio de alianzas con autoridades nacionales, municipios y sociedad civil que se han solidarizado con la causa de los refugiados y los desplazados internos, facilitando su acceso a los servicios públicos nacionales. Inclusive en algunos han ido más allá, proporcionando mecanismos integrales de atención específicos para la población refugiada.
En Ecuador, el acceso a bienes y servicios de la población refugiada que generalmente se ubica en zonas marginales es limitado. En muchos casos no cuentan con electricidad, agua, alcantarillado y mecanismos de eliminación de residuos. ACNUR, apoya algunas iniciativas como es el caso de Pampanal en Esmeraldas en donde desde el 2008, se inició un proyecto para implementar un sistema provisional para dotar de agua a esta comunidad donde conviven ecuatorianos y refugiados colombianos. Se instaló un total de 280 sistemas familiares de recolección de agua lluvia.
En Chile, el acceso a viviendas sigue siendo uno de los retos en la integración local de los refugiados. Para aminorar la situación, tanto refugiados como otros ciudadanos, tienen acceso a programas de viviendas populares. Este programa tiene varios niveles dependiendo de la situación económica de la persona. La mayoría de los refugiados acceden al nivel que requiere solamente una inversión de 300 y 400 dólares americanos. Luego, el estado asume el resto del costo de la casa. El rol de varias instituciones no gubermentales y municipios, es ayudar a los beneficiarios en encontrar casas.
En Brasil, los estados y municipios han asumido un rol muy central en la integración de los refugiados. En el área de viviendas, Rió Grande de Norte tiene un programa llamado “Mia casa, mia vida”. Este programa es impulsado por el gobierno principalmente con un apoyo de los municipios y entidades privadas. En Rió Grande de Norte, los municipios han dado facilidades para que algunas familias refugiadas tengan acceso a estas viviendas. También promueven el concepto de vecindarios con ingresos mixtos para la facilitar la sostenibilidad del programa.
En Costa Rica, el ministerio de vivienda y el Banco Hipotecario de la vivienda incluyen refugiados como beneficiarios de préstamos para comprar sus propias casas. La oficina del país también tiene un convenio con la fundación Costa Rica-Canadá para otorga hipotecarios a la población refugiada.
