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Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye visita de trabajo a Guatemala

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Guatemala del 1 al 3 de septiembre de 2016. La delegación visitó la ciudad capital y comunidades de los departamentos de Chimaltenango y Sololá.

La visita tuvo como objeto inicial la recopilación de información para la elaboración del primer informe temático de la CIDH sobre derechos humanos y pobreza en las Américas. Esta fue la quinta de una serie de visitas de la Comisión Interamericana a países de la región con el objeto mencionado. La Comisión Interamericana agradece al Estado de Guatemala por su apertura y por las plenas facilidades otorgadas en la realización de la visita, en particular a la Comision Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y a las distintas autoridades de Gobierno. Asimismo, agradece a la organización “Campaña Guatemala Sin Hambre” por su colaboración para la coordinación de las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, y a la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Guatemala por el valioso apoyo prestado para la coordinación de las actividades de la visita. Asimismo, cabe reconocer a las agencias de las Naciones Unidas que brindaron información y a las organizaciones REDSAG, Action Aid, Aconapamg, ISMUGUA, Vivamos Mejor, Tecnología para la Salud, Asociación de mujeres del caserío San Carlos, Aj Mayon, Asecsa y Movimiento Cuarto Mundo Guatemala que posibilitaron las visitas a las comunidades del interior y las reuniones con representantes de asentamientos urbanos precarios. Finalmente, la CIDH agradece la contribución financiera de la Unión Europea que posibilitó la realización de esta visita.

La visita fue realizada por el Comisionado Paulo Vannuchi, en su calidad de encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comisionado estuvo acompañado por dos especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

En ciudad de Guatemala, la delegación sostuvo reuniones con autoridades estatales en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. La delegación se reunió con la Vice-Ministra Alicia Virginia Castillo Sosa y el Presidente de la COPREDEH, Victor Hugo Godoy Morales, entre otras autoridades ministeriales, a fin de recabar información sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en Guatemala. Se contó con la participación de representantes de los Ministerios de Desarrollo Social; Educación; Salud Pública y Asistencia Social; Cultura y Deportes; Economía; Ambiente y Recursos Naturales; Finanzas; Trabajo y Previsión Social; y de Agricultura y Ganadería y Alimentación. También se realizaron reuniones con representantes de la Comisión Nacional de Diálogo, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Fondo para la Vivienda, de la Defensoría de la Mujer Indígena, de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), del Comité Nacional de Alfabetización, de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, y del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. La CIDH se reunió además con la Magistrada Delia Dávila Salazar y el Magistrado Mauricio Vasquez Pimentel, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

La CIDH también se reunió con funcionarios de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quienes brindaron información general y además destacaron, entre otros, las dificultades para aplicar políticas públicas adecuadas en vista que el último censo poblacional se realizó en 2002; y a que hay factores naturales de agravamiento de la situación, como la situación de toda la población que vive en el corredor seco, que se ven seriamente afectadas por la sequía. Indicaron que en la actualidad resulta necesario contar con programas innovadores de desarrollo, que no sean meramente asistencialistas.

La CIDH recibió del Estado información relativa a una serie de programas destinados a personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y pobreza extrema en Guatemala, y de la ejecución de una serie de iniciativas en políticas públicas que estarían siendo implementadas con la finalidad de reducir la pobreza con perspectiva de género. También se hizo mención de una serie de desafíos actuales en la situación de los DESC en el país y a las acciones que se están implementando a partir de la asunción del nuevo Gobierno en 2016. Se hizo referencia a que en la actualidad alrededor del 59% de la población se encuentra viviendo en la pobreza; que la población del país está afectada por una desnutrición crónica del 43.4%, con concentración en algunas áreas; que la dificultad de acceso a la salud para las poblaciones rurales genera una gran brecha en la población; y que hay una serie de retos en materia cultural y educativa, en especial por el acceso restringido a la universidad pública. En cuanto a las políticas públicas, en particular se mencionó el programa de alfabetización desarrollado por el Comité de Alfabetización; la implementación de refuerzos en el sistema de provisión de alimentación en los centros educativos; la entrega de canastas de alimentos a las familias en situación de pobreza extrema; y los programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social que tienen como objeto reducir sustancialmente la desnutrición crónica y la pobreza. Se indicó además que en 2014 se aprobó un Plan de Desarrollo por un plazo de 20 años para abordar las desigualdades que enfrentan las distintas poblaciones del país, que se encontraría en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se hizo referencia a las acciones para reforzar a los mecanismos de recaudación y procesos presupuestarios, así como al mecanismo implementado por la Comisión Nacional de Dialogo y el abordaje de políticas especiales para mujeres que viven en pobreza. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, informaron acerca de una serie de decisiones que generaron impactos en la situación de DESC, por ejemplo con la suspensión de emprendimientos extractivos hasta completar los procesos de consulta previa.

Asimismo, se realizó una reunión con representantes de la sociedad civil, academia, pastorales y organizaciones sindicales, tales como Campaña Guatemala sin Hambre, Colectivo Madre Selva, Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginales de Guatemala (Aconapamg), Pastoral de la Tierra de San Marcos, Fundación Guillermo Toriello, Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Asociacion Nuevo Día Chortí, Centro de Accion Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Sindicato de Trabajadoras Independientes de Trabajo Doméstico similares y por cuenta propia (SITRADOMSA), Central de Trabajadores del Campo (CTC), Plataforma Agraria, Heifer Guatemala, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), Colectivo de Estudios Rurales (CER IXIM), Comité Campesino del Antiplano (CCDA), Movimiento Cuarto Mundo Guatemala, Action Aid Internacional (Guatemala), Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Instituto para la Superación de la Miseria Urbana (ISMUGUA),  Asociacion para el Avance de la Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) y la Fundación Centro de Capacitación Sindical de Guatemala “Mario Lopez Larrave”.

La delegación tomó nota de las manifestaciones de representantes de la sociedad civil referidas a las dificultades estructurales que impiden la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en Guatemala, y que sigue pendiente la creación de las condiciones necesarias para garantizar la igualdad real. Cabe destacar que se señaló, entre otros, preocupación por los altos índices de pobreza en el país, así como por la desnutrición infantil crónica, lo que resulta en que la talla de los niños y niñas que viven en la pobreza tanto en zonas rurales como urbanas no alcanzan los estándares internacionales de la OMS. Se hizo referencia además a las dificultades para acceder al empleo y a los altos índices de empleo informal, que se caracteriza por las remuneraciones que no alcanzan los salarios mínimos establecidos legalmente para acceder a la canasta básica de alimentos, con mayor impacto en el sector agrícola. Hubo asimismo mención al desabastecimiento de medicinas y personal médico en los centros de atención de la salud pública, al aumento de la migración, al crecimiento de los asentamientos urbanos precarios por la falta de acceso a la vivienda, al trabajo infantil y al aumento de la desigualdad social. Asimismo, se indicó la necesidad de erradicar la evasión impositiva, especialmente de los sectores sociales con mayores recursos económicos; y de combatir la corrupción. Los representantes aludieron también a la que la pobreza y la pobreza extrema tienen un impacto desproporcionado en la población indígena y rural, la que sería “la más excluida”. La información indica además que en las zonas rurales hay graves problemas de acceso al agua potable por sequias, desvíos de ríos y acaparamiento de agua por el sector empresarial, como así también a las situaciones de contaminación y acaparamiento de tierras por parte de empresas y megaproyectos. También se hizo mención a los efectos del uso de agroquímicos en las plantaciones de maíz, y a la criminalización del campesinado y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Además, se realizó una reunión con la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en la cual se contó además con la participación de funcionarios representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos, ONUSIDA, UNICEF, Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), y ONU MUJERES. En la referida reunión también participó un representante del Banco Mundial.

La CIDH agradece los insumos provistos por representantes del Estado y de la sociedad civil, y reitera su plena predisposición para establecer canales de diálogo constructivo entre todos los actores con miras a seguir avanzando hacia la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala.

Entre las actividades realizadas fuera de la capital, cabe destacar que la delegación se desplazó a la Comunidad del Caserío de San Carlos, en el Municipio de Tecpan, Departamento de Chimaltenango, donde recibió varios testimonios de residentes. Entre los desafíos que afectan a las personas que habitan dicha comunidad, la CIDH tomó conocimiento de que un promedio de 15 de los 60 niños se encuentran en situación de desnutrición crónica y que el 16% de la población estaría viviendo en situación de pobreza extrema. Se indicó que los trabajadores se encuentran en la informalidad, y que reciben una paga insuficiente; además, viven endeudados con la empresa proveedora de abono y semilla, en particular en el presente año en que no se ha podido vender la cosecha. Hicieron asimismo referencia a las dificultades en el acceso al derecho a la alimentación, a la salud por la carencia de medicamentos y atención médica, así como al derecho a la educación, dado que muy pocos niños logran concluir la educación primaria.

La delegación también se trasladó a la Comunidad Chajuab del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacan del Departamento de Sololá. De conformidad a la información recibida, dicha comunidad cuenta con 64 familias y un 44.7% del total de la población vive en extrema pobreza, dicha situación afecta en particular a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Se hizo de conocimiento que dicha comunidad ha sido reasentada, y que las deplorables condiciones climáticas obstaculizan la producción agrícola, que carecen de acceso al agua potable, que la infraestructura educativa es deficiente y que viven en condiciones muy precarias. En particular, la delegación fue informada de que no se provee alimentación a niños y niñas en la escuela de zona; que es muy difícil tener acceso al derecho a la alimentación, en particular a proteínas (“comer frijoles es un lujo”); que no hay suficientes maestros ni útiles escolares; que las cifras de analfabetismo son muy altas; y que el centro de asistencia en salud se ubica a más de 20 minutos de caminata. Indicaron que a la zona no llegan los programas sociales de Gobierno, y que el acceso a la comunidad es muy restringido por las deplorables condiciones de las carreteras.

Asimismo, la delegación se reunió con líderes y representantes de una serie de asentamientos precarios de la Ciudad de Guatemala y de Escuintla. En las reuniones se informó sobre la falta y la insuficiencia de drenajes cloacales con la consecuente provoca contaminación; la falta de acceso al mercado laboral; los desalojos violentos por la falta de legalización de los terrenos que ocupan; la falta de espacios de esparcimiento, que se han presentado obstáculos en la continuidad de los programas sociales; el gran déficit habitacional; que el mercado laboral discrimina a los trabajadores que provienen de asentamientos urbanos precarios (denominados “zonas rojas”); que el acceso a la educación media y universitaria es muy restringido; y que la violencia de las maras se ha recrudecido en los asentamientos. También indicaron que se evidencia la desnutrición infantil, que los centros de salud carecen de medicamentos, que las escuelas carecen de maestros suficientes y que en el presente año se habría descontinuado la entrega de alimentación en los centros educativos. Se indicó que la única universidad pública del país requiere de un examen de ingreso, que por la calidad de la educación recibida en estos asentamientos urbanos hace virtualmente imposible el acceso a sus habitantes. Por lo anterior, solicitaron políticas públicas con enfoque en derechos humanos para generar oportunidades y educación para la juventud y revertir de tal modo el círculo de la pobreza y la violencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 136/16

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