CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos de las personas trans en El Salvador
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
País: El Salvador
Tema(s): Defensores de los derechos humanos. Tipo de Documento: Comunicado de prensa
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El Salvador de Francela Méndez, mujer trans y defensora de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). De acuerdo con la información recibida, en lo que va del año fueron asesinadas al menos siete personas trans en El Salvador, en circunstancias aún no esclarecidas. La información disponible revela que existiría un alto nivel de impunidad en los crímenes contra personas trans en el país.
De acuerdo a información pública disponible, Francela Méndez era una activa defensora de los derechos de la comunidad transgénero en El Salvador. Integró la directiva del Colectivo Alejandría desde su fundación en 2010, el cual se dedica a la promoción de los derechos de las personas LGBTI. También estuvo involucrada en la implementación de un programa que combate el VIH, la tuberculosis y la malaria, y formaba parte de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. La información recibida indica que fue asesinada por personas desconocidas el 30 de mayo de 2015, cuando se encontraba en casa de una amiga, la cual también resultó muerta en el ataque.
La CIDH urge al Estado a investigar de oficio este asesinato de manera exhaustiva y con debida diligencia, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables. En particular, la CIDH insta al Estado de El Salvador a seguir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Francela Méndez está relacionado con su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, o si fue cometido en razón de su identidad de género. La Comisión saluda el mensaje del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, quien de acuerdo a versiones periodísticas, habría solicitado a la Fiscalía una investigación de este asesinato sin criterios discriminatorios, y habría manifestado que la impunidad en la que se encuentran muchos de los asesinatos de mujeres trans fomenta su repetición.
La CIDH toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger y promover los derechos de personas LGBTI en años recientes, tales como la firma del Decreto Ejecutivo No. 56/2010 para evitar la discriminación en la Administración Pública, la creación de la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social y de la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de la Población LGBTI dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Sin perjuicio de ello, la información con que cuenta la CIDH señala que la situación de violencia contra personas LGBTI en El Salvador se ha exacerbado en años recientes.
En el contexto de los países con altos niveles de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada, es particularmente importante que los Estados adopten un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de personas LGBTI y de defensores/as de derechos humanos de las personas LGBTI, quienes, según se informa, son particularmente vulnerables a la violencia por parte de grupos armados.
En este sentido, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar medidas adicionales para combatir la discriminación y violencia contra personas LGBTI. Es necesario adoptar una ley de identidad de género y otras medidas que permitan erradicar los prejuicios sociales existentes sobre la identidad de género y la orientación sexual. Asimismo, es indispensable avanzar en la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas, entre otras, que ofrezcan una protección efectiva a defensoras y defensores de derechos de personas LGBTI. La CIDH recomienda al Estado a producir registros oficiales sobre actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI.
Los ataques contra líderes y lideresas de organizaciones LGBTI generan un efecto de amedrentamiento en ellos y ellas y, en general, en personas LGBTI. Este miedo es exacerbado por la impunidad en que estos ataques suelen permanecer, lo cual resulta en su repetición. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo a quienes se dedican a temas relacionados a la discriminación por orientación sexual o por identidad o expresión de género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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