CIDH condena asesinato de operadores de justicia en Honduras
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
País: Honduras
Tema(s): Personas con un alto perfil público / comunitario. Personas relacionadas con la administración de justicia. Tipo de Documento: Comunicado de prensa
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de dos fiscales y una defensora pública en Honduras. Asimismo expresa preocupación por continuas amenazas en contra de las y los operadores de justicia en el país. La Comisión insta a las autoridades a actuar con urgencia para identificar los motivos de estos crímenes y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
En octubre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato de la fiscal Marlene Banegas, ex coordinadora de fiscales de San Pedro Sula y coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y de la fiscal Olga Patricia Eufragio, quien se desempeñaba en la Fiscalía del Medio Ambiente. Este hecho habría ocurrido el 10 de octubre en San Pedro Sula mientras las fiscales se transportaban en un vehículo gris, sin blindaje, el cual presuntamente estaba asignado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. La fiscal Banegas, quien estaría amenazada de muerte, habría recibido 52 impactos de bala. De la información pública disponible presuntamente la fiscal Banegas habría contado con protección y le habría sido asignado un vehículo blindado que compartiría con el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Por otra parte, la CIDH recibió información sobre el ataque que habría sufrido el 23 de octubre la ex jueza de paz y actual defensora pública Iris Argueta en la ciudad de Catacamas, Olancho, quien habría sido abordada mientras se transportaba en su vehículo por sujetos en motocicletas que la habrían atacado con armas de fuego. Iris Argueta habría fallecido en el hospital tras ser intervenida quirúrgicamente a causa de los impactos de bala recibidos. Con estos sucesos se estarían registrando 86 asesinatos de profesionales del derecho desde el 2010 hasta la fecha.
Adicionalmente, según información pública disponible durante 2014 al menos 20 jueces recibieron amenazas de muerte a través de personas no identificadas, llamadas telefónicas, entre otras. Principalmente habrían sido amenazados los jueces de lo penal que llevan casos relacionados al crimen organizado. Según la información disponible, el Consejo de la Judicatura actualmente les está brindando protección. Al respecto, la CIDH recuerda que si los Estados no garantizan la seguridad de sus jueces y magistrados contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectado frustrando el desarrollo libre de la función judicial y el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
La CIDH toma nota de las declaraciones realizadas por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y por el Fiscal General de la República, condenando el asesinato de las fiscales y asegurando que los hechos no quedarán en la impunidad. En este sentido, la CIDH insta al Estado de Honduras a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si estos asesinatos fueron cometidos como represalia por la labor que desempeñan como operadores de justicia. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar una política efectiva de prevención y protección para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las y los operadores de justicia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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